Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

[5]Expresión tomada de Gerardo Ávalos (2002).

[6]Una década atrás, en 1990, surgió el Instituto Federal Electoral (IFE), como órgano constitucional autónomo para la organización y verificación de los procesos electorales; pocos años después, paralelamente a la reforma política constitucional de 1996-1997, empezaron a darse los primeros ejercicios de alternancia, cuando el PAN y el PRD ganaron elecciones municipales y estatales y se reconfiguró la composición de las cámaras. Proponemos un recorrido a través de ese proceso, no a partir de las normas o leyes elaboradas, sino desde la óptica de los actores y dinámicas partidistas y sociales, en la correlación de fuerzas entre sociedad política y sociedad civil, que han dado forma a la coyuntura de la alternancia en México.

[7]Habría que estudiar, con mayor detenimiento, la composición de fuerzas, no sólo institucionales sino sociales y populares, que hicieron posible que fuera la alternativa del PAN la que finalmente se impusiera al resto de los partidos.

[8]Evidentemente, el caso más significativo de movilización sociopolítica es el EZLN, que durante estos años se ha mantenido como un referente de lucha capaz de interpelar directamente al Estado en el momento de la alternancia, impulsando el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución federal, y promoviendo el cumplimiento cabal de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Así, al intento frustrado del EZLN luego de la Marcha del Color de la Tierra, siguió la resistencia en San Salvador Atenco en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional; la iniciativa de campesinos nucleados en el movimiento “El Campo No Aguanta Más” para impedir la liberalización de productos de consumo básico; la conformación de los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, dirigidas a consolidar la autonomía zapatista en la zona rebelde de Chiapas en 2003. Un par de años después, con cierta solvencia organizativa en los Caracoles, el EZLN presentó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, documento que daba un nuevo giro en la radicalidad del movimiento, llamando a una ruptura autonomista frente al Estado mexicano, con el proyecto de alcanzar una organización masiva de sectores populares, ubicados “abajo y a la izquierda” que fueran capaces de establecer una nueva correlación de fuerzas frente a las instituciones políticas del Estado.

[9]Los días 3 y 4 de mayo de 2006, la policía del Estado de México y la Policía Federal Preventiva (PFP) desalojaron a vendedores de flores y campesinos de un mercado público. En su intervención, dichas policías cometieron actos de represión y violación de derechos humanos de los pobladores de la localidad de San Salvador Atenco y de ciudadanos, simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que habían acudido al lugar. Al mismo tiempo, en la ciudad de Oaxaca tuvo lugar uno de los conflictos más agudos que se recuerden en la región y que sin duda cimbró los pilares del orden priista local con repercusiones igualmente significativas a nivel federal. En esos meses (mayo a diciembre) emergió la “comuna oaxaqueña”, el “gobierno de la plebe”, que supo hacer de la comunicabilidad una de sus mayores armas (véase, en este mismo volumen, Guillermo Pereyra, “El conflicto popular de Oaxaca en 2006. Revuelta, excepción y comunidad”).

[10]Es necesario, de cualquier manera, tener al menos un panorama general de ciertos cambios acaecidos en ese proceso, que por cierto no se inscriben sólo en lo ocurrido en julio de 2000, sino que se ubicarían en un proceso medianamente más largo ya que dinamizaron la vida política del país. Así, por ejemplo, el paulatino cambio de partidos en los gobiernos municipales y estatales, que se tradujo también en el creciente pluralismo en el Poder Legislativo Federal —que modificó por completo el sentido a la figura del presidencialismo mexicano— y que en conjunto fortalecieron el sistema electoral y las reglas de participación. No es menor, tampoco, que de la mano de todo ello, o quizá como motor de estos cambios institucionales, había detrás una cierta cultura política ciudadana que exigía mayores espacios y formas de participación política.

[11]Cabe recordar que, como sostenía Althusser (2003), la ideología no es una cuestión meramente ideal, sino que se materializa en diversas instituciones. A partir de esta premisa, consideramos las políticas públicas como mecanismos de construcción hegemónica.

[12]Utilizamos el sentido althusseriano de la interpelación, que supone la “transformación” de individuos en sujetos de una determinada ideología, en nuestro caso, la neoliberal.

[13]En 1990, la inflación llegó en el Perú a 7649% (INEI), el desempleo y el subempleo afectó al 70% de la población económicamente activa (Degregori, 2000) y el número de muertes y desaparecidos por la violencia política ascendía a 16 639 personas (Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación).

[14]Fujimori irrumpió en el escenario electoral sin mayor trayectoria política, por ello diversos analistas lo identificaron como un “outsider”. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Fujimori, en la segunda vuelta, derrotara a Mario Vargas Llosa, quien al inicio de la campaña era ampliamente favorito. El primero obtuvo el 56.5% del total de votos frente al 33.9% que obtuvo el escritor (sobre las elecciones de 1990, véase Degregori y Grompone, 1991, y Daeschner, 1993).

[15]El discurso reformista militar se expresó vía el autodenominado “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, encabezado en su primera fase por el general Velasco Alvarado (1968-1975). Este gobierno fue uno de los principales intentos por consolidar un orden nacional-popular en Perú. Sobre los cambios que posteriormente se produjeron en la concepción de las Fuerzas Armadas sobre el “problema nacional”, véanse Toche (2008) y Rospigliosi (1994: 215-236).

[16]En el discurso así se designaba a los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985), del Partido Acción Popular, y Alan García (1985-1990), del Partido Aprista Peruano (PAP), quienes desde diferentes estrategias buscaron enfrentar principalmente los problemas económicos del país y la subversión.

[17]Esta manera de organizar simbólica e imaginariamente el campo político está nítidamente expresado en el documental elaborado por el gobierno de Fujimori, titulado “Tres años que cambiaron la historia”, que se puede consultar en .

[18]Esta forma de simbolizar lo social se fortaleció a partir del arresto, en 1992, de los principales líderes de SL y del MRTA, así como por la estabilización de la economía lograda hacia 1993.

[19]Un dato importante acerca del carácter popular que logró el discurso neoliberal de Fujimori fue el amplio respaldo que entre la población tuvo el llamado “autogolpe” del 5 de abril de 1992 (al que nos referiremos más adelante). Además, como pocas veces ha sucedido en Perú, la votación obtenida por Fujimori en las elecciones de 1995 cruzó diversas diferencias (étnico, regional y de clase), reivindicadas históricamente por distintos discursos políticos en el país.

[20]En elecciones poco transparentes, Fujimori ganó nuevamente la Presidencia de la República en el año 2000. Sin embargo, meses después, renunció vía fax desde Japón.

[21]Para una aproximación a estos cambios de finales de los años noventa en el Perú, véase Portocarrero (2001).

[22]Toledo derrotó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2001 a Alan García, candidato del PAP. Cabe mencionar que durante la campaña electoral ambos candidatos compartieron un relativo consenso en relación a la necesidad de mantener las reformas económicas aplicadas por Fujimori.

[23]La cúpula militar fue vinculada judicialmente a diversos actos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de Fujimori, así como a la violación de derechos humanos durante los años de la violencia política. Sobre las Fuerzas Armadas y la transición democrática en Perú, véase Mora (2001).