Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

En este escenario, las elecciones presidenciales de 2006 expresaron una amplia demanda del electorado por la inclusión social en un contexto de crecimiento económico. El candidato aprista, Alan García Pérez, ganó la Presidencia de la República apelando a generar un “cambio responsable” en el país. Con este adjetivo de “responsable”, García buscó diferenciarse de su contendiente, Ollanta Humala, quien desde este discurso representaba el caos y la violencia. [25]Así, el segundo gobierno aprista fue elegido con la expectativa de un amplio sector de la población de que lograse conjugar estabilidad y cambio (Grompone, 2006). El gobierno de García (2006-2011) resignificó esas expectativas planteando como horizonte político la posibilidad de lograr un país desarrollado y con justicia social, a partir del fortalecimiento de la articulación hegemónica, debilitada durante el gobierno de Alejandro Toledo.

En sus primeros meses en el poder, el gobierno reintegró en la articulación hegemónica (en la que se mantenía el empresariado y la tecnocracia pro mercado) a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente a las que participaron en la lucha contrasubversiva durante los años de la violencia política. Esta reintegración fue significada por el gobierno como una reivindicación histórica frente al accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. [26]

El perfil asumido por el gobierno conllevó algunas tensiones internas en el PAP —que históricamente reivindicó una identidad de centroizquierda—, las cuales no se profundizaron debido al liderazgo indiscutible de García. En cuanto a la población que lo veía con desconfianza, el nuevo presidente desplegó un mensaje de optimismo frente al futuro del país, mismo que tenía como eje central la idea de que “el Perú avanza”. [27]

Luego de un primer año en el que el gobierno disipó las dudas acerca de la dirección de su gobierno, éste redefinió la frontera política entre un nosotros-amigo representado por el pueblo peruano demócrata y racional, capaz de reconocer el camino trazado hacia el desarrollo y la justicia social, y un ellos-enemigo: el “antisistema”, el que constantemente complota y atenta contra los intereses de la patria. Esta frontera política partió del supuesto de que el país ya se encontraba encauzado hacia el progreso y que era necesario profundizar algunas reformas para acortar el camino hacia la prosperidad. El horizonte político que planteó el gobierno se basó en un nosotros-amigo lleno de virtudes (trabajador, progresista, exitoso) frente al otro-enemigo, contaminado ideológicamente y estatista. La figura paradigmática del nosotros fue el empresario, no sólo el gran empresario, sino también el pequeño empresario, pues ambos generan inversión y riqueza.

La fuerza de la frontera política replanteada por el segundo gobierno aprista estuvo en la clara identificación del enemigo, al que caracterizó como un sujeto enfermo, que sufría el “síndrome del perro del hortelano”, metáfora que García retomó del personaje de la historia de Lope de Vega, del que se decía que “no come ni deja comer”. En el discurso de García, el “perro del hortelano” es aquel agente incapaz de hacer rentables los recursos con los que cuenta y que a su vez entrampa la iniciativa de aquellos que sí tienen los medios (capital, crédito, etc.) para hacerlo. Son básicamente los que se opusieron a la inversión privada y a las reformas que quiso impulsar el gobierno.

A su vez, el gobierno buscó reactivar el carácter popular del neoliberalismo configurado con el gobierno de Fujimori y debilitado con el de Toledo. Para ello ejecutó nuevos programas sociales, amplió la cobertura de algunos ya existentes y difundió constantemente los logros obtenidos en el campo social, como la reducción de la pobreza, el acceso al crédito, al agua potable, a la salud, etc., de poblaciones históricamente marginadas. [28]Además, desde los medios de comunicación y cierta literatura, se difundieron con mayor intensidad experiencias exitosas de “individuos emergentes”, es decir, de personas que habían superado la pobreza con base en su esfuerzo, sacrificio y emprendimiento. Así, se reforzó entre ciertos sectores sociales la creencia de que el país transitaba por el camino correcto hacia el progreso, además de convencer y adherir a más indecisos. La potencia de esta mensaje estuvo en su juego “en pared” con una serie de “hechos” que complementaron su impacto. [29]Se quiso mostrar un Perú exitoso sin los peruanos del hortelano (García, 2011).

Sin embargo, durante el gobierno aprista, los conflictos socioambientales evidenciaron con mayor fuerza los límites del neoliberalismo, pues aumentaron considerablemente. [30]Estos conflictos sociales evidenciaron los límites del discurso desde dos aspectos: lo indígena-campesino como subordinado-excluido en el discurso neoliberal y el Estado como administrador precario del orden social. En lo que respecta al primero, lo indígena-campesino como identidad, aparece en algunos casos subordinado dentro de la propia lógica del discurso neoliberal, pues éste ha apelado a una representación en la que lo indígena queda en un segundo lugar ante la demanda de individuos que compitan en el mercado global. A la identidad indígena-campesina le quedaría elegir entre asumir el “reto de modernizarse” o aceptar ser un objeto de exhibición del circuito turístico nacional.

En otros casos, el discurso neoliberal excluye de su simbolización a la identidad indígena-campesina, convirtiéndola en una especie de residuo de la historia del Perú que imagina. Así, en vez de dotar de significado a las diferencias culturales de la población nacional, el neoliberalismo a la peruana las desestimó, identificando básicamente a inversionistas y consumidores. Esto ha limitado el alcance interpelador del discurso neoliberal, sobre todo entre la población indígena del país (la andina y la amazónica). En lo que corresponde al segundo aspecto, los conflictos socioambientales también son síntoma de las debilidades del Estado peruano en dos formas: en cuanto a su presencia en el territorio nacional y en su escasa capacidad para canalizar las demandas sociales. Por un lado, la promoción y ejecución de nuevas inversiones mineras y petroleras se produjeron en territorios donde el Estado ha tenido una presencia y accionar bastante limitados. Así, estos territorios se insertaron de alguna forma al mercado, sin una mayor inclusión de su población en la comunidad política, lo cual demandaba un Estado que les asegurase la posibilidad del ejercicio de derechos. Por el otro, el Estado también fue incapaz de canalizar las demandas de poblaciones afectadas por las actividades extractivas, desbordándose la conflictividad social. La precariedad del Estado, principalmente a nivel local y regional, hace que las diferentes demandas de las poblaciones afectadas no encontraran cauces institucionales efectivos. La distancia entre el Estado y la población afectada por los proyectos extractivos —en términos simbólicos y administrativos— habría abonado a la reproducción de un discurso oficial que criminalizó la protesta social. [31]Ahora bien, el Estado y sus limitaciones, así como lo indígena-campesino ya señalado, son problemas históricos del Perú republicano que el discurso neoliberal no ha saldado del todo.

Las reformas en el sistema político: entre idas y venidas

Las reformas políticas que orientaron la estructuración del neoliberalismo en Perú se impulsaron durante el primer gobierno de Fujimori. Una fecha clave fue el 5 de abril de 1992, pues ese día el presidente anunció la ejecución de diversas medidas de emergencia, como el cierre del Congreso, la reorganización del Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Además, se anunció la redacción de una nueva constitución política. Según Fujimori, lo que se buscaba era la construcción de una “democracia legítima y eficiente”. [32]