Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

Pensando justamente en esa correlación de fuerzas a partir de la alternancia democrática, durante los primeros años del presente siglo, con un gobierno legítimamente electo, los movimientos sociopolíticos evidenciaron, con sus demandas y protestas y mostrando las tensiones entre diversas formas de subjetividad política (subalternidad/antagonismo/autonomía), que el régimen no estaba en condiciones de modificar su lógica de articulación con la sociedad civil. Cuando se suponía que el diálogo y el consenso —como forma de articulación entre posiciones políticas divergentes— marcarían una nueva etapa en la democratización del país, las modificaciones de las pautas formales e informales de participación e inclusión fueron mínimas y, en muchos casos, simplemente heredadas íntegramente por el viejo régimen.

En 2006 se develó por completo que en México la relación Estado-sociedad civil continuaba bajo la lógica de la dominación y la fractura, o la escisión permanente. La represión y violación de derechos humanos y garantías individuales en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca [9]fueron la muestra y el preámbulo más dramático de lo que sucedería en julio (Modonesi et al., 2010).

La alternancia democrática fue, entonces, un proceso condicionado por la organicidad entre la clase dominante y la clase política dirigente, y aunque no fue menor que el priismo abandonara la administración del Estado, no se puede afirmar que el régimen político haya avanzado hacia condiciones que permitieran sostener que se había consumado la alternancia democrática. [10]En efecto, se trató de un arreglo partidista cuya historia era un poco más lejana y que implicaba la necesidad de llevar adelante, con las salvaguardas que prodiga la legitimidad democrática, el proyecto neoliberal del cual el priismo fue el primer y principal promotor desde la década de 1980, tal como lo señala Córdoba:

El razonamiento que los instigó a modificar su estrategia de política, si ya estaban conscientes de que en el futuro próximo no podrían seguir gobernando solos, fue de seguro buscar y encontrar con quién aliarse y proceder en consecuencia. Era obvio: el PAN todavía seguía siendo el tradicional partido de oposición (oposición “responsable”, se definía a sí mismo) con vocación democrática. Había que comenzar a convencer a la dirigencia panista de que no pasaría de ser eso, una mera oposición, si no se abría a una alianza histórica con el PRI, vale decir, con los grupos neoliberales que dominaban el gobierno (Córdoba, 2009: 94).

Así pues, cuando se alcanzó la alternancia partidista en la Presidencia de la República, el contenido ideológico y político y, desde luego, el proyecto económico puesto en marcha casi diez años antes, estaba asegurado. La hegemonía del priismo, si por ello se entiende exclusivamente su conducción del aparato estatal, había llegado a su fin cuando, justamente, “la revolución hecha gobierno” se enterró con el neoliberalismo. Eso suponía que el contenido nacional-revolucionario o nacional-popular que caracterizó al régimen político mexicano durante décadas se transmutara en una versión local del neoliberalismo, que ya por entonces era dominante en el mundo y en Latinoamérica.

En ese “cambio de ropaje” radica una de las mayores especificidades del viraje neoliberal en México y de la forma que asumió la estructura estatal desde entonces, y es que con ello se desmontó la matriz societal de la cual emergió una gran cantidad de formas de organización política y social (sindicatos, corporaciones patronales, partidos) que fueron sostén permanente del régimen.

Visto de esta manera, es posible decir que las modificaciones sufridas en la estructura política partidista fueron un nuevo pacto entre élites, una suerte de revolución pasiva o transformismo democratista que no trastocó intereses fundamentales y que se limitó a refuncionalizar, hasta donde fue necesario, viejas prácticas de incorporación subalternizada de sectores populares; en lo general, el gobierno surgido en el año 2000 no capitalizó el margen de legitimidad otorgado por el primer proceso electoral incontestado. En lo subsiguiente, esa legitimidad se transformó en crisis de la institucionalidad, llevando hasta el límite las formas de dominación y exclusión del Estado.

La siempre inestable relación entre Estado y sociedad civil, entendida en un sentido gramsciano como la articulación hegemónica, está cada vez más vacía de formas y dinámicas consensuadas de manera política, justamente por la inexorable crisis de representatividad y legitimidad del aparato político gobernante.

Neoliberalismo y hegemonía precaria en Perú (1990-2011)

Los cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en Perú desde 1990 han sido estudiados desde diferentes enfoques teóricos y, por ende, desde objetos de estudio diferentes. Los enfoques socioeconómicos han hecho hincapié en el análisis del cambio de modelo económico y su impacto en la estructura social (Arellano, Althaus, Torres). Desde la sociología se ha analizado la influencia de poderes fácticos en el Estado (Durand, Dammert, Gonzales de Olarte, Lynch). Desde la ciencia política se ha priorizado el estudio de los cambios institucionales de la democracia peruana (Tanaka). Si bien consideramos que cada uno de estos análisis contribuye en el estudio del fenómeno neoliberal en Perú, la ausencia de un análisis que vincule lo sociopolítico, lo económico y lo cultural limita el reconocimiento de sus alcances y límites. Para tal objetivo apelamos a la problemática de la hegemonía, analizando los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-1995 y 1995-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011). Nos interesa destacar las decisiones que definieron la acción del Estado a largo plazo y otras que respondieron a intentos por fortalecer o profundizar el discurso neoliberal. [11]

Estrategias de interpelación: la redefinición de las identidades políticas [12]

Tomemos como punto de partida las elecciones generales de 1990. Desde el inicio de su campaña en las elecciones de 1990, Alberto Fujimori buscó interpelar a los sectores sociales más golpeados por la aguda crisis económica, política y social que sufría Perú desde finales de los ochenta. [13]Los sindicatos de obreros, campesinos y empleados, así como los partidos políticos —que en el proyecto nacional-popular habían servido como instancias de relación entre la sociedad y el Estado—, manifestaban una profunda crisis de convocatoria y articulación de demandas. Por ello, fueron los “informales”, los llamados “cholos emergentes”, los marginales, los no organizados, a quienes Fujimori buscó representar. Así, mientras en dichas elecciones Vargas Llosa fue identificado como el candidato de los ricos y blancos, Fujimori logró ser identificado con los sectores populares y alejado de la “clase política tradicional”, la cual era vista con rechazo por la población.

Ganadas las elecciones, y a falta de una organización política sólida, Fujimori consolidó su poder a partir de una serie de articulaciones con diferentes agentes, entre los que destacaron el empresariado y las Fuerzas Armadas. [14]Estas últimas reemplazaron su discurso reformista de décadas pasadas por un discurso centrado en la seguridad nacional, frente al avance de los grupos subversivos Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). [15]

El primer gobierno de Fujimori desplegó un discurso cuyo nodo discursivo central era la “emergencia y reconstrucción nacional”, el cual dio forma al neoliberalismo a la peruana. Según el gobierno, la crisis nacional —manifestada en la hiperinflación, el aumento de la pobreza y la violencia generalizada—, había sido causada por la aplicación, desde décadas antes, de medidas económicas y políticas erróneas que se basaban en el estatismo. Los responsables de la crisis —según este discurso— eran los partidos políticos tradicionales, que al gobernar de forma ineficiente y de acuerdo a sus intereses, habían generado en Perú una partidocracia. [16]Por tanto, la situación del país demandaba que se le declarara en estado de emergencia, con lo cual se hacía necesaria la ejecución inmediata de una serie de reformas económicas y políticas. Así se lograría la “reconstrucción nacional”, sobre la base no de intereses particulares, sino de criterios técnicos. El carácter contingente de las decisiones políticas fue continuamente presentado por el gobierno de Fujimori como necesario, pues se alegaba la no existencia de otra mejor alternativa para lograr la reconstrucción nacional.