Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

El llamado “autogolpe” permitió al gobierno de Fujimori ejecutar con mayor velocidad la política económica pro mercado y las medidas antisubversivas. Esto ya que el Ejecutivo concentró mayor poder, las medidas contaron con el apoyo abrumador de la población y la oposición no tuvo el poder suficiente para resistir las medidas del gobierno.

Meses después del “autogolpe”, Fujimori anunció la instalación de un Congreso Constituyente Democrático (CCD), el cual, además de redactar la nueva constitución política, asumió las funciones legislativas y de fiscalización. La nueva Constitución fue aprobada vía referendo a finales de 1993. Entre otras, la nueva Carta Magna restringió la actividad empresarial del Estado y no reconoció a los partidos políticos como instituciones centrales del sistema político. [33]

El gobierno buscó fortalecer su presencia en el país mediante una acción directa en diversas localidades. Para ello paralizó el proceso de regionalización iniciado por el gobierno anterior y acaparó la ejecución de diversos proyectos de infraestructura. Así, desde 1993, el gasto social comenzó a elevarse, férreamente centralizado en el Ministerio de la Presidencia, cuyas principales fuentes económicas eran las donaciones extranjeras y los recursos de las privatizaciones. [34]De esta forma, el presidente Fujimori apareció como el gran y único reconstructor del país, pues una escuela y una posta médica en Perú en 1995 hacían renacer la esperanza en diversos sectores de la sociedad de que lo peor había pasado (Degregori, 2000). Además, el fortalecimiento del Ministerio de la Presidencia estuvo acompañado de programas sociales que permitieron al gobierno construir una amplia red de cooptación y clientelismo. [35]

Por otra parte, el neoliberalismo durante el gobierno de Fujimori buscó generar entre la población una desconfianza total frente a toda organización de masas, pues ésta siempre respondería a intereses particulares, no a los de la nación. Esta estrategia de interpelación no sólo se dirigió contra los partidos políticos, sino también contra las centrales sindicales (Vega-Centeno, 1994). La organización de masas, un valor central en el discurso nacional-popular, pasó a ser, en el discurso neoliberal, una actividad que había que mirar con recelo.

Antes que una sociedad organizada y politizada, el discurso neoliberal de Fujimori exaltó el esfuerzo individual y el emprendimiento económico. La ciudadanía pasó de manifestarse a través de movimientos sociales con agendas propias y capaces de influir en la política nacional, a una más vaga opinión pública que sólo tenía una suerte de poder de veto, insuficiente e intermitente. La batalla ideológica del gobierno de Fujimori resultó eficaz para crear un clima de rechazo a la política en general (Degregori, 2000).

Caído Fujimori, el gobierno de Toledo cargó sobre sí la responsabilidad de llevar a cabo una serie de reformas en diferentes sectores del Estado y las Fuerzas Armadas, con el fin de acabar con la “herencia fujimontesinista”. Los partidos políticos dejaron de ser identificados desde el Estado como enemigos del progreso del país, para pasar a ser reconocidos como agentes indispensables para la consolidación de la democracia peruana, a pesar de evidenciar precariedad tanto en su organización interna, como en sus relaciones con la sociedad. El nuevo gobierno propuso también una reforma integral de la Constitución Política aprobada durante el gobierno de Fujimori, propuesta que después fue abandonada.

La inclusión de la consolidación de la democracia como nodo discursivo del neoliberalismo durante el gobierno de Toledo se expresó principalmente en el proceso de descentralización del Estado, que suponía la creación de gobiernos regionales y la creación-fortalecimiento de diferentes mecanismos de participación ciudadana. Al resignificarse en el discurso neoliberal, la participación se asumió como instrumento técnico para un diseño más eficiente de las políticas públicas, antes que como mecanismo de socialización del poder político. Además, se crearon y fortalecieron espacios de concertación de políticas de largo plazo, con la participación de representantes del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. En la mayoría de los casos, estos mecanismos y espacios tuvieron una limitada influencia en las políticas públicas, mostrando los límites que el propio discurso neoliberal impone a la acción política, ya que toda propuesta que suponía una mayor intervención del Estado en la sociedad o las regulaciones al mercado se descartaron. [36]

En el gobierno de Alan García, la reforma del Estado se concentró en su dimensión administrativa, tomando como ejemplo las empresas privadas. Se promovió la simplificación de trámites, la reducción de organismos públicos, la formación de cuadros gerenciales, entre otras acciones, con miras a lograr una mayor eficiencia en la consecución de los objetivos sociales del gobierno y agilizar la inversión privada. Estas medidas se expresaron en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada por el gobierno (Chirinos, 2010). El segundo gobierno aprista también propuso una reforma integral de la Constitución Política, la cual no se realizó.

Para enfrentar el progresivo aumento de los conflictos sociales registrado a partir de 2007, el gobierno de García promulgó en diferentes momentos de su quinquenio una serie de decretos referidos a la seguridad nacional, que incluyeron el aumento de las penas para quienes eran arrestados durante las protestas, así como medidas que defendían a la policía y a las Fuerzas Armadas frente al uso de la fuerza. Se señalaron también penas para las autoridades públicas que participaran en manifestaciones de protesta. [37]Además, el gobierno buscó una mayor regulación del accionar de organizaciones no gubernamentales que trabajaban con poblaciones involucradas en conflictos sociales o afectadas durante los años de violencia política. [38]Se agudizó así una acción represiva desde el sistema político frente a quienes cuestionaban directa o indirectamente el orden neoliberal.

Las reformas económicas: libre mercado e inserción en la economía global

Al igual que en el caso de las reformas políticas, fue durante el primer gobierno de Fujimori cuando se ejecutaron las reformas económicas que orientaron la posterior estructuración del neoliberalismo en Perú. Como ya fue señalado arriba, Fujimori consolidó su poder a partir de una serie de articulaciones con diferentes agentes, entre los que destacaron la tecnocracia nacional e internacional promercado y el empresariado, principalmente financiero y exportador. Los tecnócratas vincularon a Fujimori con las agencias internacionales que financiaron o apoyaron técnicamente la ejecución de diversas reformas que llevó a cabo el gobierno. [39]El empresariado, por su parte, que ya había sido interpelado por el discurso neoliberal de Vargas Llosa, se vinculó con Fujimori a partir de que éste asumiera fervientemente el llamado “Consenso de Washington”. Las demandas de estos sujetos fueron articulados alrededor de los nodos discursivos de emergencia y reconstrucción nacional, acción que no estuvo exenta de tensiones, pues las demandas del colectivo no siempre coincidieron con las demandas particulares. [40]

Con el apoyo de organizaciones financieras internacionales y de diferentes países, el gobierno de Fujimori aplicó una serie de “políticas de choque”. Estas reformas buscaron reducir la hiperinflación y aumentar el tesoro público, a través de la liberalización del mercado de divisas y del comercio exterior, la revisión de las tarifas de los servicios públicos y el alza de precios de alimentos de primera necesidad, los cuales se habían mantenido controlados por los anteriores gobiernos. [41]Seguidamente, el gobierno profundizó la reforma estructural y la liberalización económica. En particular se esforzó por cumplir con la política de equilibrio presupuestal y avanzó aceleradamente en la eliminación del monopolio de las empresas públicas, la promoción de la privatización, la reforma de la estabilidad laboral, la introducción de la propiedad privada de la tierra —modificando la propiedad comunal establecida por el gobierno militar de Velasco— y el impulso de la inversión extranjera. [42]