Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

Durante el inicio del segundo gobierno de Fujimori se difundió entre el empresariado la esperanza de que Perú se convirtiera en el nuevo tigre de Sudamérica, viviéndose una euforia neoliberal (Degregori, 2000). Sin embargo, estas expectativas no se condijeron con políticas efectivas, pues el gobierno no tomó ninguna decisión para impulsar el desarrollo económico de mediano y largo plazo. De esta manera, la economía peruana entró en recesión desde 1996.

Ya en el gobierno de Toledo, el empresariado y la tecnocracia neoliberal siguieron cerca del Estado, sin variar en su principal demanda: la profundización de las reformas promercado. Tanto desde sus organizaciones gremiales, como desde sus vinculaciones directas con distintos sectores del sistema político, la influencia del empresariado fue ostensiblemente mayor que la de cualquier otro sujeto (Ballón, 2006). Estos agentes y el gobierno reconocieron la importancia de retomar el proceso de privatización de empresas públicas y avanzar en la inserción de Perú en la economía global.

Frente al proceso de privatización, el gobierno de Toledo pronto evidenció sus limitaciones. En junio de 2002, es decir, a casi once meses de haber iniciado el nuevo gobierno, se generó un agudo conflicto social en la región sureña de Arequipa, a raíz del intento de privatización de las empresas eléctricas regionales. El saldo fue dos estudiantes muertos, más de doscientos heridos y la declaración por treinta días de estado de emergencia en la región. Finalmente, la privatización de dichas empresas fue cancelada y el proceso en su conjunto se detuvo.

Respecto de la inserción de Perú en la economía global, el gobierno de Toledo inició las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El gobierno presentó esta medida como trascendental para el desarrollo nacional, ya que —según su parecer— consolidaría la recuperación económica del país. A pesar del rechazo a la negociación que manifestaron importantes sindicatos obreros y campesinos, la mayor parte de la opinión pública apoyó la medida impulsada por el gobierno. [43]

Con el ascenso de García al poder, la posibilidad de fortalecer la articulación hegemónica se vio complicada. Esto debido a que el líder del PAP despertaba serios temores tanto entre el empresariado y la tecnocracia, como entre amplios sectores de la población por los resultados de su primer gobierno. Sin embargo, pronto el gobierno de García dio señales de “tranquilidad” a los agentes empresariales y tecnocráticos al nombrar en puestos claves del Estado a profesionales de su entera confianza y definir ciertas políticas que reafirmaban el libre mercado.

El neoliberalismo durante el segundo gobierno de García se manifestó también en los términos en los que se ratificó el TLC firmado entre Perú y Estados Unidos. El nuevo gobierno impulsó la aprobación del TLC y su entrada en vigor con prontitud. El Congreso de Estados Unidos aprobó el tratado en diciembre de 2007, luego de una serie de visitas de representantes del gobierno peruano a los legisladores norteamericanos, entre los cuales estuvo el propio presidente de la República. Esto evidenció una continuidad en la política de comercio exterior en relación con los gobiernos de Fujimori y Toledo.

El gobierno defendió también la importancia de la estabilidad jurídica para los inversionistas, bajo el argumento de no desacelerar el crecimiento económico que gozaba el país. [44]Por ello renunció a su propuesta electoral de revisar los contratos firmados con las empresas privadas, especialmente con las mineras y aplicar un impuesto a las sobreganancias. En lugar de ello, el gobierno llegó a un acuerdo con las principales empresas mineras nacionales y extranjeras para que éstas destinaran un aporte voluntario y temporal en las zonas donde operaban, el cual fue gastado por la propia empresa en coordinación con la población local. Además, el gobierno promovió una mayor inversión privada en zonas del país que —según su criterio— no habían gozado de este beneficio, como la Amazonía. [45]

A partir de analizar los cambios en las identidades políticas, relacionadas con las reformas políticas y económicas, podemos sostener que el neoliberalismo en Perú convirtió al Estado en promotor del libre mercado, extendiéndose y asentándose este último como centro para la organización de las relaciones sociales, las cuales se vieron cada vez más orientadas por valores como la iniciativa individual, la competencia y el consumo. Esto se produjo a partir de la crisis del proyecto nacional-popular a finales de los ochenta, el cual intentó organizar a la sociedad peruana desde mediados del siglo XX.

Algunas reflexiones finales en clave comparativa

Para finalizar este capítulo proponemos, a partir de nuestros casos estudiados, unas reflexiones finales en torno a los límites y aperturas del discurso neoliberal, tratando de destacar las posibles convergencias y diferencias entre ambos casos. Seguidamente planteamos algunas preguntas para la discusión, las cuales consideramos relevantes para pensar la teoría de la hegemonía en la actualidad latinoamericana.

Límites y aperturas del neoliberalismo

En ambos casos de estudio, el neoliberalismo reorganizó las relaciones entre lo social, lo político y lo económico, las cuales respondían previamente a una lógica nacional-popular. En México, esta reorganización supuso un proceso de “mutación epocal” precario e inestable que fue logrado a partir de la naturalización de la crisis como mecanismo de contención y de coacción, de fragmentación y de actualización de viejas estrategias de filiación prebendal en la relación entre el Estado y la sociedad civil. En Perú, esta reorganización logró un importante apoyo popular en su primera etapa, pues se presentó como una respuesta efectiva a la aguda crisis sociopolítica y económica que sufrió el país a fines de los años ochenta.

Los límites y aperturas del neoliberalismo pueden ser rastreados a partir de las características de la articulación hegemónica. En México, la constitución de los principales elementos identitarios del orden neoliberal se basaron en la organicidad entre clase política y sectores empresariales (principalmente industriales y financieros). En Perú, ésta se dio principalmente entre una élite política (individuos antes que partidos), el empresariado (mayoritariamente exportador y financiero) y las Fuerzas Armadas. Comparativamente, la articulación hegemónica en México tuvo una menor capacidad interpelatoria entre la población, toda vez que los partidos políticos desempeñaron un papel fundamental en la constitución del orden neoliberal, éstos han sufrido una progresiva pérdida de legitimidad. Por el contrario, en Perú, la articulación hegemónica tuvo una mayor capacidad interpelatoria basada en la “antipolítica”, que consideramos le imprimió cierta popularidad al nuevo orden. Además, la frontera política que definió al neoliberalismo en Perú tuvo una fuerte referencia al orden como expresión de la pacificación nacional, en lo cual las Fuerzas Armadas han resultado fundamentales. Por otra parte, en ambos casos el empresariado ha sido un agente central, siendo la expresión de una serie de valores éticos exaltados por el neoliberalismo.

En términos del sistema político, los límites y aperturas del neoliberalismo se expresan en su capacidad para canalizar una serie de demandas populares. En México, el avance más destacado se dio con la alternancia partidista del año 2000, el cual fue un proceso ambiguo. Por un lado, el paulatino cambio de partidos en los gobiernos municipales y estatales, así como el creciente pluralismo en el Poder Legislativo federal fortalecieron el sistema electoral y las reglas de participación. La alternancia insinuó también una cierta cultura política ciudadana que exigía mayores espacios y formas de participación política.