Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile - 1925-1958)

© LOM EdicionesPrimera edición, 2014 ISBN impresa: 9789560004956 ISBN digital: 9789560013767 RPI: 239.065 A cargo de esta colección: Julio Pinto Fotografía de portada: Jesús Andrés Suárez González Edición y maquetación LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2688 52 73 | Fax: (56-2) 2696 63 88 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

La investigación que hizo posible este libro se realizó en la Universidad Alberto Hurtado, continuando una línea de trabajo que habíamos iniciado en 1997, cuando estudiamos la vía de reconciliación política en Chile desde 1810 hasta 2002. Investigamos también la historia, ética y política de la verdad y las políticas de reparación, especialmente después de 1990. El Poder Judicial era un actor central, aunque apenas visible en la historia nacional. Nos propusimos estudiar su actuación en los conflictos políticos posteriores a la dictación de la Constitución de 1925. Este libro es el primer tomo de esta investigación.

Agradecemos en primer lugar a la Fundación Ford, que apoyó nuestros estudios para la producción de este libro. A Martín Abregú, a Felipe Agüero y a quienes fueron nuestros interlocutores iniciales y decisivos, Alexander Wilde y Augusto Varas, quien además leyó cuidadosamente algunos capítulos de este tomo.

La decisión de investigar los procesos judiciales tuvo algunas dificultades casi insuperables ante la imposibilidad de encontrar los expedientes de muchos de los casos seleccionados. La falta de un archivo judicial en forma obstaculizó la investigación. También la inexistencia en el Archivo Nacional de algunos procesos de la década de 1930 que figuraban como existentes en sus registros. Agradecemos las orientaciones y consejos invaluables de Carlos Cerda, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y de Carlos Künsemüller, ministro de la Corte Suprema, para lograr algunos resultados, y al general (r ) Alfredo Ewing, quien nos ayudó en la búsqueda de algunos antecedentes sobre casos de la justicia militar del período.

Reconocemos la generosa colaboración de algunos colegas de la Universidad Alberto Hurtado. Entre ellos, de Pedro Milos, actual vicerrector académico, quien nos prestó valiosos documentos de sus archivos personales.

Algunos colegas de la Facultad de Derecho merecen un reconocimiento especial, entre ellos René Cortínez s.j., quien nos permitió acceder a documentos del archivo de la Compañía de Jesús; Luis Emilio Rojas, quien respondió generosamente nuestras preguntas a lo largo del estudio; así como Gonzalo García, Hugo Rojas y Miriam Henríquez, quienes leyeron algunos capítulos y nos hicieron indicaciones muy relevantes.

Agradecemos las importantes y valiosas observaciones que realizaron historiadores e investigadores chilenos y norteamericanos sobre los distintos capítulos, especialmente Nicolás Acevedo, Fabián Almonacid, Robert Barros, Eduardo Cavieres, Jorge Correa, Mario Garcés, Cristián Gazmuri, Boris Hau, Iván Jaksic, Thomas Klubock, Jody Pavilack, Rafael Sagredo, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Elizabeth Sáenz, Ángela Vergara y Martita Wörner. Otros investigadores y colegas contribuyeron con fructíferas comunicaciones sobre algunos de los temas del libro, entre ellos Nelson Caucoto, Javier Couso, Julio Faúndez, Marcos Fernández, Roberto Garretón, Juan Guzmán, Carlos Huneeus, Carlos Eugenio Mackenney, Jorge Mera, Daniel Palma, Julio Pinto y Héctor Salazar. Agradecemos a Patricia Ortiz Grijalva su colaboración en los inicios del estudio. También a los estudiantes de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Patricio Órdenes y Andrés Delgado.

Finalmente cabe señalar nuestro reconocimiento a Gonzalo Arroyo s.j,. quien falleciera antes de la publicación de este libro, por sus valiosos comentarios sobre algunos manuscritos iniciales.

El Poder Judicial ha sido casi invisible en la historia política de Chile. Este libro es el primer tomo de una investigación que tiene el propósito de hacer más visible la actuación histórica y el rol del Poder Judicial en momentos de conflictos políticos desde 1925 hasta el presente.

De acuerdo con la Constitución de 1925, el Poder Judicial tenía a su cargo la protección de las garantías constitucionales. A la vez, era la expresión del poder punitivo del Estado ante la infracción de las leyes, especialmente al encontrarse en peligro el orden público y la seguridad interior del Estado. En ocasiones, las tensiones entre estas dos funciones centrales de la judicatura ha producido una relación antagónica entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. En tiempos de polarización social y política se originaron en el Poder Judicial disidencias y ambigüedades doctrinarias de gran importancia, sobre todo respecto de la protección de las garantías constitucionales, la justicia y los derechos humanos, frente a iniciativas legislativas y del Ejecutivo que intensificaban las medidas legales de represión política.

Las reivindicaciones sociales y económicas posteriores a 1925 estaban asociadas de manera creciente a demandas de cambio del sistema político o al menos de reformas sustanciales. Esas demandas eran entendidas por los gobiernos como amenazas a la gobernabilidad y a la estabilidad política. De acuerdo con esta interpretación, los gobiernos recurrían a los estados de excepción constitucional y a las leyes de seguridad interior del Estado, como el decreto ley 50 de 1932, la ley 6.026 de Seguridad Interior del Estado de 1937, la ley 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia de 1948, e inclusive, el decreto ley 425 sobre Abusos de la Publicidad de 20 de marzo de 1925.

Desde la promulgación del decreto ley 50 en 1932 hasta 1937 se considerarían «enemigos de la República» a «toda persona que propague o fomente, de palabra o por escrito, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política del Estado, ya sea atacando sus instituciones fundamentales o tratando de derribar el Gobierno constituido [...]». El decreto ley 50 ser ía reformado sustancialmente por la ley 6.026 de 1937, la ley 8.987 de 1948, el decreto Supremo 5.839 de 1948, la ley 12.927 de 1958 y por varios decretos leyes de la Junta Militar en 1975 («Fija texto actualizado de la ley 12.927 sobre seguridad del Estado, 3 julio, 1975») 1. Sería tarea esencial de los tribunales procesar las violaciones de esta legislación, que pretendía defender el Estado contra los delitos que amenazaran la seguridad interior.

En este libro, no pretendemos analizar el funcionamiento cotidiano de los tribunales civiles y del crimen. Tampoco intentamos hacer una historia detallada de la evolución doctrinaria y de la jurisprudencia relativa a las garantías constitucionales. Nos hemos propuesto identificar el rol político de la judicatura a través del análisis de casos, algunos de los cuales aparecen como hitos conflictivos en la historia del país. Obviamente, hay una relación crítica entre las doctrinas jurídicas formuladas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema respecto de las garantías constitucionales, la separación constitucional de poderes, la validez (o no) de los decretos leyes promulgados por gobiernos de facto, entre otros temas, y el desenlace de los casos investigados. En este sentido es inevitable considerar estas doctrinas, y su formulación, como parte del rol político del Poder Judicial.