Leandro Gamallo - Procesos políticos de América Latina

El discurso neoliberal, sustentado en los nodos de la emergencia y la reconstrucción nacional, presentó a Fujimori como hacedor de toda paz y todo bien, en oposición a un pasado de violencia, caos y muerte (Vega-Centeno, 1994). [17]El gobierno tuvo la habilidad de definir una clara frontera política, en la que el nosotros-amigo era Fujimori y el pueblo peruano que, deseoso del progreso nacional, se enfrentaba al otro-enemigo, es decir, los partidos políticos tradicionales y los grupos subversivos. Se definió así un campo político polarizado antagónicamente, según el cual la partidocracia y la subversión no permiten la plena realización o sutura de la reconstrucción nacional.

La definición de esta frontera política imprimió al neoliberalismo, en su versión peruana, una referencia al orden como expresión de la pacificación nacional, en contraposición al caos generado por los grupos subversivos y los partidos políticos. [18]De esta manera, el gobierno buscó constantemente interpelar a sus seguidores para reforzar la creencia común de haber superado la situación de emergencia y estar en el camino de la reconstrucción nacional, ganar el apoyo de los indecisos y señalar claramente al enemigo.

Al inicio del segundo quinquenio (1995-2000), el gobierno ya había logrado redefinir el campo político y posicionar a Fujimori como el líder político indiscutible del país. En cinco años, el gobierno dotó al neoliberalismo de un carácter popular, en el que la articulación del gobierno con las Fuerzas Armadas, el empresariado y la tecnocracia nacional e internacional era estratégicamente complementada con el respaldo de amplios sectores sociales. [19]

En el decurso del segundo gobierno, la demanda por la pacificación del país perdió progresivamente centralidad entre la población. Luego de la derrota de los grupos subversivos y la estabilización de la economía durante el primer mandato, las demandas por empleo adquirieron mayor relevancia. Éstas no fueron canalizadas efectivamente por el gobierno, que parecía más preocupado por asegurar la doble reelección de Fujimori, generándose fuertes conflictos internos en la articulación hegemónica. El progresivo descontento de importantes sectores sociales, los rasgos autoritarios que se acentuaron en el gobierno y los destapes de actos de corrupción que involucraron al principal asesor presidencial, propiciaron una cierta articulación de diferentes agentes, los cuales bregaron posteriormente por la generación de una transición democrática.

La agudización de estos antagonismos, además de presiones internacionales, imposibilitó que el tercer gobierno de Fujimori fuera posible. [20]Sin embargo, algo fundamental ya había ocurrido: en diez años, el discurso neoliberal logró redefinir la dimensión y el papel del Estado, además de ampliar la acción del libre mercado en la sociedad. Esto estuvo acompañado de cambios importantes en el sentido común referido a lo político en importantes sectores de la población. [21]

Luego de un gobierno de transición que duró poco menos de un año, asumió la presidencia Alejandro Toledo (2001-2006), quien había encabezado diversas acciones en contra de la re-reelección de Fujimori. [22]Reafirmando el neoliberalismo a través de la política económica y el papel estatal, Toledo intentó redefinir la frontera política alrededor de los nodos democracia/dictadura. Desde esta redefinición discursiva, la dictadura estuvo representada por el fujimontesinismo, nodo discursivo que relacionaba los abusos del gobierno de Fujimori con la red de corrupción tejida por Vladimiro Montesinos, asesor presidencial de Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante su gobierno. Así, el gobierno de Toledo planteó un discurso en el cual, para lograr la consolidación democrática —o, en otras palabras, el cierre o sutura democrática—, en Perú se debían eliminar los rezagos del fujimontesinismo.

Una decisión del gobierno de Toledo, que sin duda afectó a la articulación hegemónica, fue la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Este órgano fue creado durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) y continuó sus labores durante el gobierno de Toledo. Entre sus principales objetivos sobresalían los de “analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad” y “contribuir a que la administración de justicia, cuando corresponda, pueda esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las organizaciones terroristas, como por los agentes del Estado” (CVR). Sus conclusiones se presentaron en agosto de 2003, las cuales fueron rechazadas por diferentes agentes políticos y sectores de las Fuerzas Armadas que formaban parte de la articulación hegemónica, ya que se les imputaron responsabilidades.

La capacidad articulatoria de esta nueva frontera política planteada por Toledo fue bastante limitada. Con unas Fuerzas Armadas debilitadas y distanciadas de la articulación hegemónica tras el gobierno fujimorista, el gobierno de Toledo sólo pudo sumar a dicha articulación —y muy periféricamente— al grupo de intelectuales y profesionales que habían sido protagonistas durante la llamada etapa de la transición democrática. [23]

Además, al igual que Fujimori, Toledo llegó al poder con una débil organización partidaria, pero, a diferencia de aquél, fue incapaz de ganar un amplio respaldo popular durante casi todo su mandato. Esto devino en un problema central para el gobierno de Toledo, pues se debilitó progresivamente el elemento popular del discurso neoliberal, ya que los mecanismos de cooptación y clientela del anterior gobierno se desmantelaron, sin ser reemplazados por otras estrategias que hubiesen acercado al gobierno a las poblaciones menos favorecidas. Así, diversas protestas y conflictos sociales dispersos en todo el país, manifestaron un creciente descontento social. [24]

El gobierno de Toledo fue incapaz de interpelar a amplios sectores de la población con su discurso basado en la consolidación de la democracia, terminando por apelar al crecimiento y la estabilidad económica para ganar cierto apoyo popular. Con estos nodos discursivos, Toledo buscó demostrar que Perú estaba en el camino correcto hacia el desarrollo y que era cuestión de tiempo para que todos los peruanos advirtieran los beneficios del modelo económico. Este mensaje resonó básicamente entre los ya “conversos”, es decir, la población que disfrutaba de los beneficios producidos por las reformas —la llamada por cierta bibliografía “nueva clase media”—, pero con escasos resultados entre los indecisos. Además, la frontera política democracia/dictadura planteada por el gobierno resultó débil para señalar al enemigo político, pues a fin de cuentas el fujimorismo tenía representantes en el sistema político. A pesar de que otros sujetos sociales y políticos cuestionaron abiertamente el carácter neoliberal del gobierno, éste no los enfrentó políticamente, lo cual hubiera ayudado a fortalecer la identidad de la articulación hegemónica, que, por el contrario empezó a debilitarse.

El debilitamiento de la articulación hegemónica se compensó con la dispersión de los “críticos al neoliberalismo”. La limitada capacidad articulatoria de los discursos políticos alternativos permitió la permanencia de un neoliberalismo que había mermado el carácter popular (impreso por Fujimori). Así, durante el gobierno de Toledo, el neoliberalismo mantuvo su hegemonía —ciertamente debilitada— ante la fragilidad de los proyectos políticos alternativos. Esto se convirtió en una de las principales fortalezas del neoliberalismo: la debilidad de sus contendedores en la organización de lo social. Sin embargo, al final del gobierno de Toledo, la reforma de mercado —uno de los principales elementos del discurso neoliberal— parecía por sí misma incapaz de generar tanto una eficaz redistribución de la riqueza como un apoyo extendido entre la población (Grompone, 2006).