Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

Más aún: si partimos de una definición de la política como conflicto, entonces la violencia es —en mayor o menor grado— constitutiva de la política misma, y junto con ella todos los procesos de organización política, incluyendo la conformación estatal. En esta línea no se puede dejar de mencionar que la definición más extendida sobre el Estado, la weberiana, lo asimila al monopolio de la violencia legítima. Por su parte, Charles Tilly, en Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, observaba que el preludio nacional en la conformación del Estado es, en realidad, un mito perpetrado por la educación centralizada, los códigos legales, los ejércitos unificados, las iglesias oficiales y la supresión de las lenguas minoritarias. La explicación de la conformación estatal no está en las naciones, sino en la manera como se articularon el poder y el capital para formar esas naciones. Sin que el objetivo aquí sea profundizar demasiado en la conformación estatal, lo que sí se quiere señalar es que el aspecto central en su definición es precisamente contar con un poder coercitivo. En otras palabras, el rasgo característico del Estado es la violencia, pero legítima.

Una lectura posible de los derechos humanos contemporáneos es justamente esta, la creación de instituciones para minimizar la fragilidad humana (Turner, 1993). En esta línea podemos pensar el florecimiento de las instituciones de derechos humanos (Ugla, 2004) y la adscripción a los tratados internacionales en la región (véase el capítulo 3 de Castagnola y Valderrama), en la que los estados de alguna manera aparecen como solución ante dicha fragilidad.

El problema se suscita cuando el uso de la violencia por parte del Estado abandona el terreno de lo legítimo y quiebra todas las reglas establecidas para la garantizar su legitimidad.

En América Latina la violencia estatal ha cobrado sus peores formas por medio de dictaduras que —con sus diferencias y particularidades— en distintos momentos azolaron la mayoría de los países que la integran. En estas formas de estructuración autoritaria del régimen es en las que la violencia se hace más evidente, pero no solo en este tipo de organización existe violencia. Tanto la proliferación de las democracias en la región como los procesos de descentralización y racionalización de los estados han modificado las formas predominantes de la violencia ejercida por el Estado. Sobre ello pone el acento Brad Evans (2007) en The State of Violence, por medio del análisis y la confrontación de dos textos: Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America, de Koonings y Kruijt (2005), y When State Kill: Latin America, the u. s., and Technologies of Terror, de Menjívar y Rodríguez (2004), y observa que si bien los gobiernos dictatoriales terminaron, esto no trajo consigo una disminución de la violencia, aunque sí una modificación de esta. Los problemas con que se asocia hoy la violencia no tienen que ver solo con el uso ilegítimo de la fuerza sino con su incapacidad para usarla: estados fallidos, vacíos de gobernabilidad, déficits democráticos, actividades extrajudiciales, pobreza y exclusión social. Si bien es cierto que estas otras formas de violencia siempre han coexistido con la violencia estatal, la balanza se ha movido debido al empequeñecimiento del Estado realizado por la implantación de la lógica neoliberal que llevó aparejado un mayor espacio de acción y de visibilización a estas otras formas de violencia provenientes de otros actores no estatales. El capítulo de Sandra Hincapié en esta obra es un aporte central a esta reflexión.

Así, el rol del Estado como problema y solución en términos del ejercicio de la violencia y las violaciones de los derechos humanos —de acuerdo con los trabajos que forman parte del volumen— está atravesado por la simultaneidad de procesos como el debilitamiento del monopolio de la violencia por parte del Estado; la descentralización de la violencia; el reconocimiento de múltiples mecanismos de uso de la fuerza como violencia (o de la existencia de múltiples violencias); la identificación de formas directas y estructurales de violencia, y las formas abiertas y encubiertas de violencia. En seguida veremos estos procesos en detalle.

Este punto se refiere a que además del Estado existe una multiplicidad de actores no estatales generadores de violencia, que se disputan con este el control territorial, aunque el Estado sigue siendo un actor relevante tanto en la producción como en la contención de la violencia.

La descentralización de la violencia, como la violencia provocada por los actores del mercado, se traduce en un proceso de marginación de las personas. Otro ejemplo son las distintas expresiones de bandas del crimen organizado, en fin, hacer un conteo con pretensiones exhaustivas pareciera simplemente imposible. En buena medida la imposibilidad se debe a que muchas de estas expresiones de violencia forman parte precisamente de la “cotidianidad”, como veremos en el siguiente punto. Por la aparición de nuevos actores y la descentralización de la violencia, esta afecta todos los espacios sociales. La violencia ya no es solo un problema de subversión ideológica, sino de desestabilización de la vida cotidiana de toda la estructura social (Evans, 2007, p. 351).

Herrera (2007) observa que cuando se desagregan las posibilidades fácticas de la violencia se pueden encontrar sus manifestaciones de forma física, psicológica y simbólica, y que estos tipos de violencia se representan de manera tangible en amenazas; violaciones; lesiones; homicidio y feminicidio; robos a cualquier tipo de propiedad; uso excesivo de la fuerza física por parte de las autoridades; maltrato infantil; amedrentamiento y violencia de género. Así, se puede observar la violencia en fenómenos como la violencia política mediante procesos de exclusión de la toma de decisiones vinculantes que nos afectan; violencia económica a través de los procesos de marginalización; violencia social por medio de procesos de discriminación estructural; violencia psicológica y de género, entre otras. Más aún, sin duda estas distintas formas de ejercicio de la violencia no se dan por separado, sino que, por el contrario, de manera segura donde aparece alguna, estará entrecruzada con otras formas de violencia, de exclusión, de marginalización. Un punto que no puede soslayarse es que algunas de estas reconocen al Estado como principal perpetrador, y otras a los particulares.

En esta línea, Pereyra (2011) enfatiza en un tipo de violencia en particular que es relevante para pensar México y Colombia: la criminal. Él plantea que esta violencia (que si bien no es nueva como estrategia de presión sí lo es su uso exacerbado con el objetivo de tener un impacto mediático) puede entenderse como una forma de supervivencia de nuevos grupos criminales, un aparato para aplicar una serie de venganzas, un medio de diversificación de negocios ilícitos que aumenta la desintegración social y la inseguridad, un instrumento de conquista de nuevos territorios y defensa de plazas en peligro, un mecanismo para implementar un equilibrio momentáneo, y un factor de inestabilidad que genera tensiones en lugares donde antes no las había, teniendo como consecuencia periodos de matanzas que pueden durar meses.

Esta distinción fue propuesta hace más de 40 años en los trabajos interesados en el estudio de la violencia o, mejor dicho, de la paz (Galtung, 1969 y 1985). En estos se distingue entre aquellos que definen la paz como ausencia de violencia y los que la asocian con la satisfacción de necesidades. De ahí que se puedan identificar diferentes tipos de violencia y, por ende, diferentes nociones de paz. Al menos se ubican dos tipos claros de violencia: la estructural —vinculada con la insatisfacción de necesidades, que en general es lenta y sutil— y la directa, aquella que observamos en conflictos armados o en procesos de represión en general.