Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

En primer lugar porque no está encabezada ni dirigida por algún actor específico —partidos políticos, sindicatos o una clase social—, por lo que no adquiere la fuerza de una movilización organizada de manera clara. El reclamo por la defensa de los derechos humanos se expresa más bien por medio de conflictos en momentos y situaciones concretas en los que el uso desmedido del poder o la presencia de la violencia vulnera la integridad de las personas. Son movilizaciones que se definen a partir de relaciones específicas que combinan actores locales, nacionales e internacionales, en las que confluyen dinámicas económicas, políticas y culturales, pero, más importante aún, en las que los actores tratan de reconstituir un sentido de dignidad humana que, se considera, ha sido vulnerado.

En segundo lugar, en la medida en que un número significativo de conflictos se expresa en términos de un sentimiento de injusticia que apela a la narrativa de los derechos humanos, es difícil definir la pluralidad de conflictos violentos que pueden emerger a futuro. Resulta difícil, por tanto, definir de antemano un marco acabado de actuación institucional, sobre todo porque el actual mapa de conflictos, en el que se apela a la violación de los derechos humanos, proyecta tanto la construcción de una forma particular de ciudadanía, como un proceso —siguiendo la idea de Joas (2013)— de consolidación de la creencia en la sacralidad y divinidad universal de la persona. En este sentido, se está en una dinámica que expresa la construcción de la irreductibilidad de la persona en forma de valores, instituciones, normas y leyes.

Así, los derechos humanos en el contexto de las experiencias de conflicto que se describen en el presente libro dibujan la presencia de esta profunda transformación cultural, un cambio en el que la persona se convierte en un objeto sagrado en diferentes grados y niveles. Autores clásicos como Durkheim ya habían considerado que la expansión de los derechos humanos permitía garantizar que las personas se convirtieran en objetos sagrados, en los que cada hombre se constituía, a su vez, en un creyente y Dios: una entidad sagrada que merece respeto porque proyecta la moralidad del conjunto social. Si los actos de violencia y violación de derechos capturan cada vez más la atención de la opinión pública en las sociedades modernas es porque se ha instalado, no sin dificultad y problemas, dicha sacralidad: porque nos preocupa y mueve el hecho de que se coloque a los individuos como objetos o medios y no como referentes sagrados. Para ello se moviliza una creciente valoración lingüística y narrativa de la persona como algo que no puede ser profanado por ninguna fuente de poder, sea esta legítima o no.

Es cierto que en la sociedad contemporánea la sacralización de la persona compite contra otras formas de sacralización que la minan: la nación, el orden, la seguridad y el Estado, las cuales, con sus discursos y narrativas, socavan la idea de la persona como entidad inviolable. En esa medida, los procesos de sacralización de la persona siempre están en riesgo: a su alrededor los amenazan otras narrativas y órdenes institucionalizados que tratan de ponerse por encima de ellos y cuestionar los derechos humanos como sistema unificado de prácticas y creencias relativas a la necesidad de mantener la integridad de la persona. A lo largo de Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil se puede observar cómo los grupos sociales desafían —algunas veces de forma más exitosa que otras— la violencia y la violación de los derechos humanos de esos otros discursos y prácticas que consideran más importante el Estado, la seguridad o el control de un territorio.

El libro arroja pistas importantes para entender cómo se desarrolla la defensa de los derechos humanos frente a acciones violentas que vulneran la dignidad y la integridad humana. La forma en que los derechos humanos se transforman, entonces, en referentes de construcción de relaciones sociales e institucionales, dando pie a que se constituyan como un mecanismo viable para resarcir los efectos de la violencia y, en muchos casos, para evitar los conflictos violentos. De manera particular, si observamos que el actual sentimiento y contexto de inseguridad parece reproducir y generar nuevas dinámicas de violación a los derechos humanos, en las que participan tanto el Estado como los actores paraestatales y los grupos criminales, y en las que las fronteras que distinguen a unos y otros parecen haberse desvanecido y conformado, en algunos puntos, conjuntos superpuestos. En este escenario, las víctimas de la violencia encuentran en los derechos humanos un mecanismo que garantiza su reconocimiento en cuanto sujetos.

Pero los derechos humanos se convierten no solo en una pieza clave para enfrentar la violencia, sino que comienzan a funcionar como un mecanismo que permite mediar la tensión entre los intereses particulares y la necesidad de garantizar la cohesión social en la democracia. En efecto, el funcionamiento de esta última puede entenderse como el difícil equilibrio entre, de un lado, la diversidad de intereses que se deben articular de manera racional y, de otro lado, la necesidad de garantizar la unidad de la vida social, la cual se expresa por lo regular en una expectativa de solidaridad (Rosanvallon, 1998). En general, se espera que ambas dinámicas se mantengan en sincronía con el fin de que los ciudadanos se reconozcan como personas en su individualidad, pero también como parte de un grupo.

Este equilibrio, como sugiere Dubet (2014), en la actualidad se encuentra en peligro por la sospecha y el retiro de una gran parte de la sociedad de la política, en la que la sociedad no se reconoce y no quiere participar. Por su parte, los partidos políticos, al alejarse de la sociedad, pierden el respaldo de un grupo estable de “ciudadanos-electores” comprometidos con sus programas, si es que estos últimos aún existen. Las élites políticas y económicas perciben que sus bases de apoyo son débiles y su actividad se limita a administrar y gestionar la “cosa pública” sin la intención de realizar cambios políticos radicales, aunque su discurso indique todo lo contrario. Se instala así la idea de que existe un “sistema” sin rostro que mueve los hilos de nuestras vidas.

El riesgo es que con este escenario la democracia se convierte cada vez más en una máquina de exclusión social en la que sus ciudadanos se sienten vulnerados en sus derechos por el Estado y otros actores no estatales. Esto genera la movilización de sectores en defensa de eso que consideran es el reducto sustancial que no se puede negociar: sus derechos humanos. Cuando se pone en juego la defensa de sus derechos humanos en situaciones particulares, lo que se puede observar no es solo la capacidad de los ciudadanos por expresar un derecho, sino competencias, habilidades y narrativas que condensan la necesidad de ser reconocidos en cuanto sujetos —en una palabra, entidades sagradas—; apelan a ser comprendidos como parte de la democracia: su voz reclama que merecen ser considerados como miembros iguales de la sociedad y no solo como electores en cada ciclo electoral.

Esto permite darle cuerpo a la idea de igualdad entre ciudadanos, pero, más importante aún: la exigencia de los ciudadanos al poder de que deben ser tratados de forma digna e íntegra, anclando las demandas en el sentimiento y reconocimiento de su pertenencia igualitaria y no solo en una mera justificación elaborada de manera racional. La relación entre la violencia y los derechos humanos es así una forma de contestación frente a los imperativos del control político, sin atender un marco específico de definiciones políticas o ideológicas.

La relación entre la violencia y los derechos humanos muestra cómo se está modelando la forma en que se definen la ciudadanía y la democracia en la región latinoamericana. Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil es sin duda una contribución académica relevante para comprender la relación entre la violencia y los derechos humanos en América Latina a través de sus actores. Los coordinadores del libro reunieron una serie de trabajos que permiten una mirada de dicha relación desde distintos ámbitos y niveles de análisis. Si bien el texto enfoca su mirada en Colombia, México y Perú, lo cierto es que los distintos capítulos que conforman la obra ponen en juego marcos de análisis, categorías y metodologías que permitirían desplegar, con fines comparativos, análisis similares en otros países de la región latinoamericana.