Luis Daniel Vázquez Valencia - Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos

Captura del Estado

macrocriminalidad,

y derechos humanos

Luis Daniel Vázquez Valencia

Índice

Prólogo. Rematerializar la democracia: captura de Estado y redes de poder en América Latina (un proyecto de la Fundación Heinrich Böll)

Introducción

1. ¿De qué hablamos cuando decimos Estado y poderes fácticos?

2. Cuándo estamos frente a una red de dos o más poderes fácticos y qué es una red de macrocriminalidad

3. Disputas de soberanía estatal por red(es)de macrocriminalidad

4. Coahuila en su contexto

5. Redes de macrocriminalidad relacionadas con las violaciones a los derechos humanos

6. Redes de macrocriminalidad relacionadas con la actividad minera

7. La red de macrocriminalidad en Coahuila

8. ¿Se puede descapturar al Estado?

Conclusiones. De la captura estatal a la disputa por la soberanía

Fuentes de consulta

Anexo 1. Fuentes analizadas para hacer la red

Anexo 2. Fuentes utilizadas para la construcción de la red

Notas

Créditos

Prólogo. Rematerializar la democracia: captura de Estado y redes de poder en América Latina (un proyecto de la Fundación Heinrich Böll)

Dawid Danilo Bartelt[*],[**]

Que élites políticas y económicas utilizan al Estado como un vehículo para favorecer sus intereses particulares no es ninguna novedad ni en el mundo ni en América Latina. Se podría decir que esta modalidad ya estaba en el fondo de la fundación de los Estados en esta región, cuando grupos criollos en las colonias americanas, detentadores del poder político y económico al lado de los españoles, después de la independencia insistieron en dividir los vicerreinados, definiendo los límites de lo que llamarían “naciones” de acuerdo con los límites de su dominio e influencia. El idealismo de un Simón Bolívar nunca tuvo oportunidad contra esta realpolitik que inauguraba, por decirlo así, la privatización de los Estados en la América Latina independiente.

Sin embargo, la posterior evolución de un Estado de bienestar y de derecho, si bien más en otras regiones del mundo, en Latinoamérica también ha cambiado las metas normativas. Esto, garantizar el bienestar y los derechos (humanos) de todas y todos los ciudadanos bajo su responsabilidad, es la norma bajo la cual nos hemos acostumbrado a concebir, percibir y evaluar al Estado. Mientras los países de la región estaban sumergidos en dictaduras militares y conflictos armados internos hasta finales del siglo pasado, con violaciones de derechos hu­manos gravísimas, el empeño político y social de las fuerzas democráticas se dirigía a terminar estos regímenes y conflictos. La instalación de la democracia (representativa) aparecía como solución, o al menos como camino prometedor para superar los legados del autoritarismo e instalar un régimen de bienestar y un Estado de derecho. Consecuentemente, la discusión y la actuación políticas se concentraron en la creación o reforma de instituciones políticas y jurídicas como garantes de la democratización y su persistencia.

Apenas después de esta primera fase de redemocratización se hizo más evidente que, por ejemplo, institucionalizar la separación de poderes no garantiza ni el bienestar ni la democracia. Pueden servir a dictaduras, como ha sucedido, manteniendo su imagen formal. Pueden ser capturadas, simular una actuación democrática y pervertir legalmente su finalidad. Hoy por hoy sabemos que es posible tener una institucionalidad moderna, típica de las democracias liberales representativas, manteniendo en función el patrimonialismo clientelista sin distinción entre lo público y lo privado, tan típico de la región latinoamericana. Esta continuidad patrimonial conlleva el recrudecimiento de la desigualdad, de la corrupción. Se borra no solo la distinción entre lo público y lo privado, sino también entre lo legal y lo ilegal. Esto, a la vez, explica en parte el incremento de la violencia en distintos países.

Bajo la normatividad del Estado que debe garantizar bienestar, derechos y seguridad de las personas muchos latinoamericanos tienen la percepción de que “nada cambia” o incluso que “las cosas están peor que antes”. Partes crecientes de poblaciones en América, pero también en otros continentes, perciben que el derecho de votar periódicamente en una determinada selección de representantes no implica la funcionalidad de las instituciones estatales ni la implementación de las promesas materiales de la democracia.

A pesar de vivir momentos históricos claramente diferenciados, así como procesos y coyunturas muy contrastantes, la región latinoamericana no logra consolidar las potencialidades claves de las democracias ni separar efectivamente los poderes; no crea instituciones fuertes; ni implementa una verdadera participación ciudadana, tampoco garantiza una pluralidad informativa que dé acceso al periodismo independiente. Impresiona la incapacidad y falta de voluntad de crear un sistema de tributación progresiva y justa; no consiguen bajar sustancialmente la enorme desigualdad social, factor de peso para tantos problemas graves, entre ellos los niveles altísimos de violencia en todas sus formas. No ha garantizado a grupos considerables —y en muchos países a la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas— los derechos a la seguridad, a tener una vida digna, a la salud, a la vivienda y a tantos otros. En la primera década del siglo xxi, incluso diversos gobiernos latinoamericanos considerados populares y progresistas han fracasado en esta tarea. Por tanto, grandes partes de las poblaciones se sienten traicionadas, han perdido la confianza en una democracia insustancial, convertida en un mero esqueleto institucional, lo que abre las puertas para ofertas autoritarias y populistas.

Esto es un poco del contexto dentro del cual nace la idea para el estudio que presentamos aquí. De hecho, se realiza en una perspectiva en tres niveles. En primer plano, es consecuencia de una propuesta que la Oficina Ciudad de México-México y El Caribe de la Fundación Heinrich Böll hizo al autor Luis Daniel Vázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. En segundo plano, es consecuencia de un proyecto y proceso colectivo entre las oficinas de la Fundación Heinrich Böll en América Latina y el Departamento de América Latina de nuestra sede en Berlín. Y, en una perspectiva más amplia, es consecuencia de la orientación política y normativa del trabajo de la Fundación en general.

La Fundación Heinrich Böll es una fundación política verde alemana, vinculada ideológicamente al Partido Verde en Alemania y financiado por el gobierno federal alemán. Verde para nosotros significa mucho más que proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Ser verde significa aspirar a la igualdad (de oportunidades y ante la ley), a la equidad (económica, social y de género) y a la seguridad; contribuir con la plena realización de los derechos humanos. Por eso, para la Fundación Heinrich Böll la democracia, en el sentido pleno descrito arriba —y sabiendo de los múltiples problemas del concepto—, sigue teniendo valor orientador y normativo. Es nuestra convicción que, en la práctica, la consecuencia de sus fallas no puede ser abandonar la idea de democracia ni como concepto ni como forma concreta de gobierno y organización del Estado, y hay que rescatar sus ideales y restituir su materialidad concreta. Consideramos la democracia tanto un orden liberal y político como una utopía y una promesa que va más allá. Contrario a lo que pensábamos muchos de nosotros al final del siglo xx y principios del nuevo milenio, la necesidad de defenderla, (re)conquistando el apoyo para ella, es más grande hoy que hace veinte años.