Luis Daniel Vázquez Valencia - Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos

Como mencionamos líneas arriba, ya existe un conjunto de investi­gaciones en torno a lo sucedido en Coahuila, a la par que hay muchas todavía en construcción. Se creó un grupo de análisis y reflexión entre todas las personas que construyeron y construyen esas investigaciones. Con ellos elaboramos dos espacios de análisis de la red de macrocriminalidad de Coahuila a fin de conocer sus impresiones. Agradecemos a todas las personas que participaron en este proceso y enriquecieron la conformación de la red a partir de las investigaciones que ellos y ellas realizaron: poder, Ariel Dulitzky, Mariana Gutiérrez, Jacobo Dayán, Blanca Martínez, Michael Chamberlin, Cristina Hardaga, Jorge Lule, Jorge Verástegui y Cristina Auerbach cuyos comentarios ayudaron a fortalecer el trabajo. Finalmente, debo destacar que el libro recibió dos excelentes dictámenes de pares ciegos que ayudaron a mejorar mucho el texto, a complementar varias secciones y reflexiones, así como a unificar ciertos criterios.

A todos los que ayudaron a que el trabajo fuera más completo, gracias. Los yerros y malas interpretaciones son todas responsabilidad del autor.

1. ¿De qué hablamos cuando decimos Estado y poderes fácticos?

Las redes de macrocriminalidad están conformadas por tres estructuras: gobierno, empresas y crimen organizado. El principal problema en México es que esas redes capturan al Estado y, por ende, gobiernan amplias regiones del país. Por eso decidimos comenzar el trabajo definiendo cómo se ha estudiado y qué vamos a entender por Estado y por poderes fácticos (empresas y crimen organizado). No haremos un análisis profundo e integral sobre las teorías del Estado y de los poderes fácticos. Simplemente recuperaremos a algunos de los autores principales y construiremos una definición operativa para el análisis de las redes de macrocriminalidad, la captura estatal y la disputa por la soberanía.

¿Qué es el Estado?

Las distintas formas que cobra el Estado

Desde la ciencia política se suele diferenciar entre Estado, régimen y gobierno. En el lenguaje menos especializado, se utiliza el concepto Estado para referirse a las tres cosas. El gobierno está conformado por el conjunto de personas que ocupan posiciones donde se toman las decisiones políticas vinculantes. Es importante diferenciar al gobierno de la burocracia (Cotta, 1995). El gobierno toma decisiones, la burocracia las ejecuta[1] (Panebianco, 1996). El gobierno está compuesto por todos los lugares en donde se toman decisiones: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por entes autónomos. De esta forma, las bancadas en las cámaras de diputados y senadores, los ministros de una corte suprema, el presidente, su gabinete, los subsecretarios y, probablemente, incluso los directores generales, los presidentes, consejeros o comisionados de los órganos autónomos, todos ellos constituyen al gobierno.

El régimen es el conjunto de instituciones formales e informales por medio de las cuales se accede y se ejerce al poder político formal (Levi, 1991; O’Donnell, 2015). Puede haber un régimen democrático, monárquico o dictatorial. Y dentro del régimen democrático puede haber uno que sea parlamentario, presidencial o semipresidencial. Aquí también se encuentran todas las discusiones sobre los sistemas electorales.[2]

Finalmente, el Estado es el conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales de carácter macro que constituyen las reglas de distribución económica, reconocimiento político e inclusión social de un determinado territorio. Esta es la mirada más abstracta para reflexionar en torno al Estado. Ejemplos de este tipo de discusión los encontramos en la disputa entre Wright Mills (1956) y Robert Dahl (1961) sobre la estructura del poder político en Estados Unidos o en la disputa entre Nicos Poulantzas (1968) y Ralph Miliband (1969) sobre la conformación del Estado en la sociedad capitalista.

Para este trabajo, el concepto de Estado hace referencia al gobierno, a todas las organizaciones, personas, instituciones y cargos que toman decisiones políticas vinculantes. Esta decisión conlleva consecuencias, se trata de una mirada menos estructural, pero que permite observar acciones específicas de actores concretos, lo que ayuda a analizar los nodos estatales que integran una red. Además, nos permite acercarnos al Estado de forma fragmentada, para poder abarcar el análisis de los cientos o incluso miles de actores que lo integran, con las distintas interacciones que lo conforman. Por último, permite aclarar que el Estado (a nivel de gobierno) ni actúa al unísono ni está libre de incongruencias. Se pueden encontrar actores que tengan relaciones de cooperación, pero también otros que tengan relaciones de indiferencia y, en el peor de los casos, de conflicto. En este último caso, se pueden dar actos de sabotaje, actores estatales que formulan una política, por ejemplo, que propicia violaciones a derechos humanos, y otros actores también estatales que buscan contrarrestar dicha política por estar encargados de la defensa de esos derechos.

Discusiones en torno al Estado

En la medida que el objetivo de esta sección no es la reflexión en torno a la construcción de un orden social y políticamente justo, sino uno más cercano a la relación realmente existente entre el Estado y las personas, elegimos un análisis del Estado desde el estudio de la dominación política y de su ejercicio. Esta tendencia tiene su origen en el derecho público alemán del siglo xix, cuyo interés principal fue la constitución del orden político y las formas de ejercer la dominación para mantenerlo y se observa con claridad en el desarrollo de la investigación acerca de la dominación hecha por Max Weber (2004). Desde esta perspectiva, la acción política es dominación y el orden político se mantiene a través de este ejercicio y no de la voluntad de los ciudadanos.

La imagen prototípica del Estado es la de un centro desde el que se ejerce la dominación política mediante diversas estrategias: el uso de la fuerza, el derecho, las políticas públicas, la construcción de identidad, entre otras. En esta clave de reflexión, se evalúa al Estado según su capacidad para ejercer la dominación. Un claro ejemplo de esta forma de análisis es la noción de Estado fallido. Un Estado con este adjetivo es aquel que no puede ejercer de manera adecuada su función de dominación.

Aquí un primer punto interesante para problematizar. Dijimos líneas arriba que el Estado está fragmentado, integrado por múltiples actores con relaciones de cooperación, indiferencia y conflicto. Pero, al mismo tiempo, hay una pretensión de que el Estado pueda ejercer —con éxito— la dominación. La dificultad está en lograr ese objetivo pese a la fragmentación. En otras palabras, cómo, pese a la fragmentación, se pueden consolidar determinadas órdenes y formas de poder estatal (Agudo, 2014, p. 23). Es importante pensar esto para el caso de México, ya que aquí lo que parece consolidarse es un Estado regionalmente gobernado por redes de macrocriminalidad en un marco de lo que he denominado democracia a la mexicana —este concepto se desarrolla en el capítulo 8— (Vázquez, 2016, 2018a y 2018b), integrada por cinco procesos: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad; que ahora se ve complejizada por un alto nivel de violencia y violaciones graves a derechos humanos a partir de asesinatos, desapariciones, y desplazamientos forzados. El punto que me interesa resaltar es que, de la misma forma que el Estado es fragmentario, los procesos y lógicas de la dominación también pueden ser fragmentadas y diferenciadas a lo largo del territorio nacional pese a tener algunos marcos más generales, como la democracia a la mexicana.

El Estado ha sido un objeto de estudio central en las ciencias sociales y el derecho, la formación del Estado, los procesos de formación de la ciudadanía, la distribución de recursos, los modelos de desarrollo, entre otros son algunos de los temas que estuvieron en la agenda. De hecho, también podríamos incluir en este debate el cuestionamiento de esta forma centralizada de ejercicio de la autoridad en oposición a formas de organización que valorizan la coordinación espontánea (no inducida) como el mercado o el autogobierno (Holloway, 1992; Santos, 1998).