Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

A partir del 2010 se activó un nuevo ciclo de dinámicas contenciosas contenidas y transgresivas que actualizaron viejas demandas por apertura de accesos enarbolando reivindicaciones que articulan nuevos repertorios de contienda. En un nuevo contexto económico, tanto en México como en Colombia se han movilizado comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y organizaciones sociales, en defensa de los derechos humanos y en contra de la transformación económica que se está llevando a cabo en sus territorios como consecuencia de las reformas neoconservadoras implementadas en las últimas décadas, en especial aquellas que han permitido la titulación de amplios territorios nacionales para procesos de explotación intensiva de los recursos naturales sin consulta previa a las comunidades que habitan allí.

Estas transformaciones de los territorios, en especial en Colombia, no han sido producto del acomodamiento espontáneo de las sociedades a las nuevas formas de articulación económica, sino, por el contrario, son el resultado de un proceso violento de adecuación del territorio y sus pobladores a las nuevas exigencias del capital, así como la contención violenta de las exigencias colectivas por la efectiva realización de derechos. Con menor intensidad que en Colombia, en México se tejió la retícula que permitió la eliminación de las resistencias, o por lo menos su reducción y marginación, mientras las prácticas políticas heredadas del orden posrevolucionario fueron incorporadas por todos los partidos nacionales acoplados con las reformas en materia electoral. El crecimiento del crimen organizado contribuyó a criminalizar la protesta, la movilización social y la organización subalterna que no se acogiera a las formas de regulación estatal. Con el discurso justificativo de “la lucha contra las drogas”, campesinos, indígenas, y organizaciones populares fueron perseguidos y estigmatizados. De manera paradójica, a pesar de los inmensos recursos dedicados a la organización de la coerción, las organizaciones criminales han extendido sus mercados ofreciendo alternativas de empleo a campesinos y jóvenes, mientras dinamizan los mercados legales comerciales y financieros con los inmensos recursos provenientes de la economía ilegal.

En México, estas dinámicas contenciosas han dado lugar a dos estrategias fundamentales: una contenida, a través de organizaciones de derechos humanos que denuncian las consecuencias de los procesos de militarización y las violaciones de derechos y exigen sanciones y reformas para que no se repitan estos hechos, y las acciones transgresivas de comunidades locales que han recurrido, ante la indiferencia de los poderes centrales, a la formación de ejércitos de autodefensa como forma de enfrentar el crimen organizado y mantener el control territorial frente a diferentes proyectos económicos legales e ilegales que se han promovido sin contar con la opinión, planeación o consulta de las comunidades.

Con la llegada al gobierno federal de Enrique Peña Nieto (2012-2016) se ha promovido una estrategia que de nuevo actualiza el mecanismo recurrente del pacto y la cooptación elitista, llevada a cabo en la década de los noventa, al promover el famoso “Pacto por México” entre los tres grandes partidos nacionales: pri, pan y prd, mientras en las regiones el mecanismo recurrente de la violencia sigue en expansión sin que hasta el momento se presente una estrategia diferente del gobierno central para resolver o intervenir los conflictos sociales.

En Colombia, las dinámicas contenciosas se han desarrollado de manera contenida en la medida en que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han dejado clara su resistencia a la salida armada y a todos los actores armados, exigiendo a su vez una salida negociada al conflicto político armado que solo ha dejado sangre y miseria —considerando que son víctimas de la movilización armada tanto insurgente como paramilitar—. En sus acciones contenciosas contenidas han optado por estrategias de movilización que combinan la resistencia activa con el litigio estratégico, evidenciando la apropiación subalterna de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales como la consulta previa, y articulándose con redes globales e inscribiendo sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural y las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza.