Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

Pese a lo anterior, la reacción violenta a la apertura de accesos políticos llevada a cabo a través de las organizaciones criminales del paramilitarismo —con participación o colaboración de las organizaciones coercitivas estatales— llevó a un cierre de facto de los accesos que habían sido abiertos, evidente en el exterminio de movimientos y organizaciones políticas subalternas, persecución a las dinámicas contenciosas contenidas que buscaban hacer uso de los nuevos dispositivos constitucionales en materia de derechos y participación política. Pero además del cierre de facto de la apertura democrática a sectores subalternos, la reacción conservadora que había iniciado en el década de los ochenta logró durante los noventa incorporar una amalgama de intereses más amplia en sus dinámicas contenciosas transgresivas y posicionarse mejor dentro de las organizaciones estatales. En ese sentido, la expansión en la movilización armada de las organizaciones criminales del paramilitarismo —promovida a través de una amplia coalición de intereses políticos, militares y económicos (nacionales e internacionales), y amparada y promovida incluso en reformas legales (con la autorización para la creación de las Convivir)— logró un gran control territorial por medio de estrategias como el desplazamiento masivo forzado y las masacres, que permitieron conservar y consolidar fuertes hegemonías regionales y a su vez facilitar la “acumulación por despojo” (Harvey, 2003), además de la adecuación territorial y social para nuevos procesos económicos (mineros, agroindustriales, hidroenergéticos y coqueros) en los cuales se estaba insertando el país. La reforma estatal que permitió la creación de grupos de “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” gracias a la ley 61 de 1993,[7] llamadas después Convivir, se convirtió en una pieza legal fundamental para la expansión del paramilitarismo y escalonamiento de la guerra en Colombia.[8] Las Convivir tenían la posibilidad de intercambiar información y realizar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas, lo que permitió una rápida expansión paramilitar, pues, como lo admitieron los mismos jefes paramilitares en sus declaraciones ante los jueces de Justicia y Paz, “todas las Convivir eran nuestras” (Revista Semana, 14 de abril del 2007).

En México, como respuesta al levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), se fortalecieron las fuerzas armadas, y además del aumento en recursos —logísticos, de armamento y transporte, entre otros—, se estableció el Comando Conjunto de las tres fuerzas (marina, aérea y militar) y se empezaron a crear las condiciones y los operativos conjuntos para acciones contraguerrilleras y antinarcóticos (Piñeyro, 2000, 2003). En 1994 se creó la Compañía de Fuerzas Especiales del I Cuerpo del Ejército, aunque en 1990 se había creado como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), y fue durante el gobierno de Zedillo cuando se fortaleció su capacidad operativa y se extendió la figura de fuerzas especiales tanto a la Armada como a la Fuerza Aérea, alcanzando un cubrimiento de todas las zonas militares a lo largo de la década (Benítez, 2005, p. 326). Así mismo, se profundizaron las relaciones para la colaboración militar de Estados Unidos a través del suministro de armamento, equipo aéreo, capacitación y entrenamiento de militares mexicanos en Estados Unidos en contrainsurgencia e inteligencia militar (Rodríguez, 1995, 1998).

Las dinámicas contenciosas encontraron una respuesta violenta de las organizaciones estatales. La militarización progresiva les permitió a las organizaciones estatales acumular mayores recursos coercitivos, pero también a terceros autorizados por agentes estatales, lo que contribuyó de manera decisiva a la expansión del crimen organizado. Aunque grupos paramilitares como Los Halcones y la Brigada Blanca, entre otros, ya habían sido utilizados en la década de los setenta para combatir las guerrillas, a partir del levantamiento zapatista se formaron nuevos grupos paramilitares, específicamente en Chiapas, que buscaron no solo llevar a cabo acciones contrainsurgentes —al detener una posible expansión de la guerrilla— sino también defender el poder de los gamonales priistas y los intereses económicos en el Estado (Barreda, 2000). Fue así como surgieron los grupos paramilitares Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (mira), Alianza San Bartolomé de los Llanos, Los Chinchulines y Máscara Roja. Otros grupos más, localizados y efímeros, también actuaron en los diferentes municipios, como el Tomás Munzer de los municipios de Ocosingo y Chenalhó, en la zona del mismo nombre, entre muchos otros (Hidalgo y Castro, 1998; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 1999, 2005; López, 2003; Cruz, 2008).

¿Cómo puede explicarse el crecimiento exponencial de organizaciones criminales, mientras se desarrollaban tareas conjuntas entre las diferentes fuerzas coercitivas estatales y se establecían retenes y cercos militares por todo el país? Las propias investigaciones de la Procuraduría General de la República (pgr) han permitido determinar de manera oficial cómo miembros de la elite de las fuerzas especiales de los Gafes y de la Policía Federal Preventiva (pfp) operaban brindando servicio y protección a Osiel Cárdenas, jefe del Cártel del Golfo (Astorga, 2007, pp. 150-151). En 1996 un grupo de esos militares entrenados fueron enviados a Tamaulipas, a las bases de interceptación terrestre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (feads), y a partir de allí los informes de la pgr han podido establecer el trabajo de protección que dichos militares prestaron al Cártel del Golfo, y cómo, más adelante, 40 de esos militares desertaron de las fuerzas élite para organizar un ejército propio que sirvió de manera directa a las estructuras del crimen organizado, de donde nació, más adelante, la organización de los Zetas (Astorga, 2007, pp. 163-164). Mientras en la década de los años ochenta Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana fueron centros de tráfico y distribución de drogas, durante los noventa otros centros se expandieron por todo el país y con mayor autonomía (incluso coercitiva) con la formación de ejércitos propios.

Mientras en las regiones de México se dio un proceso de militarización y expansión del crimen organizado, en el centro político las reformas fueron controladas y muy graduales. Las pausadas reformas —no sin conflictos y resistencias— fueron abriendo accesos a recursos que antes estaban monopolizados por la rígida estructura organizativa del partido mayoritario; las disputas electorales fueron el eje central de las reformas continuas hasta permitir, en especial en la segunda mitad del decenio, la distribución de recursos de poder entre las grandes organizaciones partidistas de carácter nacional, culminando con la alternancia del ejecutivo. Del mismo modo, la redistribución de recursos de poder también involucró a las elites jurídicas que ganaron mayor autonomía, y algunas medidas descentralistas permitieron el inicio de cambios en la relación del poder central con los poderes subnacionales.

En ese sentido, mientras se permitió la apropiación privada de recursos económicos estatales, las organizaciones coercitivas aumentaron su capacidad —lo que les permitió controlar la emergencia de poderes subalternos que exigían mayores transformaciones en el orden estatal—, justificadas en las expectativas generadas por las reformas políticas. En Colombia, el mecanismo recurrente de la violencia continuó siendo la forma por excelencia de resolver los conflictos sociales y reaccionar frente a reformas distributivas de ampliación de accesos. A través de la actuación de las organizaciones criminales paramilitares en connivencia con las organizaciones estatales de coerción, se contribuyó a la reproducción simbólica de un orden en el que las reivindicaciones redistributivas fueron consideradas indeseables y subversivas, y así mismo se incentivaron las prácticas de odio y exclusión en una comunidad política dividida en sus antagonismos.