Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

En México aumentó la producción de metanfetaminas, y los cultivos de marihuana y adormidera (de la que se extrae la heroína) se duplicaron entre el 2006 y el 2011. Según las estimaciones del gobierno de los Estados Unidos, en el 2009 México produjo 19 500 hectáreas de amapola superando a Birmania como el segundo mayor cultivador de amapola en el mundo (u. s. Department of State, 2011; ihs Jane’s, 2012). Las organizaciones que en el 2006 eran grupos emergentes en algunas regiones del país, para el 2012 se convirtieron en multinacionales que, gracias a la fuerza del mercado global, han extendido su poder internacional por Centroamérica y Suramérica en alianzas con narcotraficantes locales que pasan a ser sus proveedores; así mismo, en Estados Unidos han organizado y extendido sus propias redes de tráfico y distribución por todo el país (Finklea et al., 2011). Las organizaciones de Sinaloa y los Zetas han extendido su radio de acción por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, comprando de manera directa la cocaína procesada y haciéndola llegar, entre otros medios, en pequeños sumergibles que parten de Perú, Ecuador y Colombia hasta llegar a costas mexicanas (Farah, 2010, pp. 155-156).

El ejercicio de la violencia es la razón de ser de cualquier organización coercitiva, necesaria cuando las actividades desarrolladas son consideradas ilegales y en teoría son perseguidas por las organizaciones estatales. Así mismo, es necesaria para respaldar con la fuerza el cumplimiento de acuerdos y contratos, eliminar competidores, disciplinar y brindar seguridad a las actividades desarrolladas. Lo que ha cambiado en el tipo de violencia desplegada en México tiene que ver con las dinámicas que se desprenden de: (1) la competencia feroz por un mercado abierto sin regulación efectiva; (2) las fracturas en las organizaciones, las disputas por la sucesión ante arrestos o asesinatos; (3) la consolidación, el cambio o la expansión territorial. Más allá del aumento (o la disminución coyuntural) en las tasas de homicidios, la violencia ha provocado una gran tensión y percepción de inseguridad, derivada de la brutalidad de las acciones: decapitaciones, desmembramientos, ahorcamientos públicos, masacres y torturas, entre otras. Unido a los elementos anteriores, la diversificación en otro conjunto de actividades (legales e ilegales) ha abierto nuevos escenarios de competencia ente organizaciones que hace aún más necesaria la regulación y la intervención política (Corcoran, 2011; O’neil, 2011; Guerrero, 2011).

El regreso del pri al gobierno federal generó expectativas de regulación en la disputa territorial entre las organizaciones del crimen organizado, asociando la tradición priista de estabilidad y eficacia, así como su capacidad para controlar, regulando, la ilegalidad e incorporarla al orden estatal. Sin embargo, las condiciones han cambiado y ahora grandes organizaciones con ejércitos propios y redes transnacionales deben ser articuladas desde lo local, hasta lo nacional e internacional. La restauración del partido mayoritario con una amplia red de gobernadores de su partido puede facilitar la estrategia de articulación en los diferentes niveles de gobierno; lo que aún está por saberse es si puede conducir a un nuevo tipo de hegemonía parecida a la colombiana. El presidente Enrique Peña Nieto ha realizado, al igual que Felipe Calderón, un aumento considerable en el presupuesto de las organizaciones de coerción, exaltando también el “modelo colombiano” como ejemplo exitoso en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, en Colombia la política de Seguridad Democrática mostró desde el 2009 diversos signos de “agotamiento” (Granada et al., 2009) y “declive” (Valencia et al., 2009), y algunos medios de comunicación empezaron a hablar de su “crisis” (Revista Cambio, 26 de noviembre del 2009). El número de acciones de los grupos paramilitares durante el 2009 superó el número de acciones bélicas de la guerrilla de las farc (Revista Semana, 25 de noviembre del 2009). Aunque el gobierno de Uribe Vélez los consideró “bandas criminales” ligadas al negocio del narcotráfico, es innegable la relación que existe entre las viejas estructuras de los grupos paramilitares y la reorganización localizada de los “neoparamilitares” (Granada et al., 2009). El exitoso proceso de reordenamiento y depuración —ya sin la autonomía de un mando unificado— les ha permitido a los grupos extendidos a lo largo del país desarrollar actividades que ligan de manera compleja los objetivos contrainsurgentes, el mantenimiento del statu quo local y regional, con el negocio del narcotráfico y otras actividades económicas como la minería informal, la explotación maderera y la agroindustria, entre otras.[18]

La capacidad sostenida de los grupos paramilitares se hizo evidente cuando solo uno de los grupos, denominado los Urabeños, protagonizó un paro armado en enero del 2012 en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Chocó y las regiones del sur de Bolívar y Urabá, justo el día que entraba en vigencia la Ley de Tierras que busca reparar a las víctimas del conflicto armado (Revista Semana, 6 de enero del 2012). En ese sentido, la continuidad del control territorial por parte del crimen organizado permite mantener las condiciones de orden estructurado a través de su expansión en los últimos treinta años, y se une a intereses diversos de propietarios, multinacionales, empresarios y políticos que se beneficiaron del despojo por medio del paramilitarismo, y que hoy constituyen la amenaza más seria al proceso de reparación de víctimas, que durante el gobierno de Santos ya ha dejado más de 30 asesinatos y 638 campesinos reclamantes de tierra amenazados (Revista Semana, 23 de febrero del 2013).[19] Así mismo, han aparecido panfletos con amenazas directas por parte de los que se denominan el “Ejército Anti-restitución” (Verdad Abierta, 26 de julio del 2012). Las amenazas y los asesinatos han sido más numerosos en regiones donde la disputa por la tierra entre campesinos despojados, poseedores de tradición y nuevos propietarios se ha desarrollado por restitución o por adecuación para megaproyectos. El compromiso del gobierno se contradice con la desprotección a los reclamantes y la revictimización a la que están sometidos; la Corte Suprema de Justicia declaró delito de lesa humanidad el asesinato de líderes de restitución (Proceso núm. 34180, 23 de mayo del 2012) y con ello pretende evitar que más crímenes sean cometidos en una espiral de violencia, resultado de un pasado impune que hoy cobra nuevas víctimas.

En este contexto se presentaron cambios importantes en las dinámicas contenciosas tanto en México como en Colombia. En México la alternancia del ejecutivo terminó un ciclo de movilización cuyo principal repertorio de contienda había sido la “transición a la democracia”, entendida como posibilidad de alternancia real en todas las instancias del gobierno, a través de elecciones transparentes. Después del pacto elitista de la segunda mitad de los noventa, las dinámicas contenciosas transgresivas que se desarrollaban en algunas regiones del país presentaron un declive a la espera de los cambios que pudiera traer la salida del pri del ejecutivo. Sin embargo, tales cambios nunca se dieron y las comunidades locales que esperaban reformas descentralizadoras y de democracia participativa se vieron sometidas a una mayor militarización de la sociedad y a la expansión del crimen organizado, en especial durante el gobierno de Calderón (2006-2012), ante la indiferencia de los grandes partidos políticos que concentraron los recursos estatales. En Colombia, la pacificación lograda a través de la expansión de las organizaciones criminales paramilitares permitió la persecución de las acciones contenciosas al ser señaladas de subversivas, lo que llevó a un declive en la movilización que se concentró en las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado y su exigencia de “verdad, justicia y reparación”, y de la movilización de las organizaciones de derechos humanos y su estrategia de denuncia internacional ante las violaciones de derechos humanos en el país.