Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

En México, el mecanismo recurrente del pacto y la cooptación que había logrado incorporar de manera subordinada amplias capas de la población en el orden priista, para la década de los noventa se actualizó en forma elitista, ya que las nuevas reformas redistribuyeron recursos en las elites del centro político mientras en las regiones las poblaciones que exigían apertura de accesos fueron expuestas a una respuesta violenta y a la creciente presencia de organizaciones criminales. A pesar de los cambios, se continuó reproduciendo un orden vertical y centralista en la toma decisiones y en el manejo de los recursos estatales. En los dos casos, la militarización por parte de las organizaciones estatales de coerción y del crimen organizado, tanto en Colombia como en México, llevó a un cierre de facto a sectores subalternos, a procesos de expropiación y concentración de recursos económicos en pocas manos, a la eliminación y marginación de las resistencias y opositores del orden estatal.

Durante la última década, en los dos países las reformas estatales estuvieron dirigidas a incrementar la capacidad de las organizaciones coercitivas estatales; como consecuencia, en Colombia se puede observar un proceso de depuración en las organizaciones del crimen organizado del paramilitarismo, y la consolidación institucional del cierre de facto de los accesos que habían sido abiertos a sectores subalternos o excluidos a través del reconocimiento de derechos. En México, a pesar del incremento en el presupuesto militar, observamos la expansión y disputa entre organizaciones criminales que compiten por recursos económicos en todo el territorio nacional, al no lograr ser controladas o coordinadas desde mandos centralizados (legales o ilegales) elevando las cifras de asesinatos y creando un clima de violencia generalizada.

En Colombia el proceso de modernización y fortalecimiento militar se inició en 1999 con los recursos del Plan Colombia, presentado en Estados Unidos como una estrategia antinarcóticos reforzada; se implementaron cambios tecnológicos de importancia en la capacidad aérea y la inteligencia técnica, y así mismo se introdujeron reformas que buscaron la profesionalización de los agentes y las transformaciones organizacionales que reestructuraron unidades y comandos (Villamizar, 2003, pp. 48-70). Después, con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su política de Seguridad Democrática, se privilegió la confrontación militar como solución a los conflictos políticos y forma de contención de los conflictos sociales. La política estatal le dio un nuevo impulso al fortalecimiento militar como política central del gobierno, profundizando las reformas iniciadas y dando mayores atribuciones a las fuerzas coercitivas estatales, con las consecuencias que ello implica en restricciones a las libertades y garantías individuales (Leal, 2006).

De manera paradójica, el gobierno de Álvaro Uribe, que impulsó la salida militar del conflicto político con la insurgencia, facilitó el proceso de impunidad de los crímenes cometidos durante la pacificación paramilitar, al promover la Ley de Justicia y Paz.[9] Además, con la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata en el 2006 del presidente Uribe, se quebraron los frenos y contrapesos diseñados en la Constitución de 1991, al permitir una concentración de poderes sin igual en cabeza del ejecutivo, dada la capacidad de ejercer poder e influencia en la renovación de las más importantes estructuras institucionales del Estado en Colombia: los miembros de las altas cortes —Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia—, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta del Banco de la República, el fiscal General de la Nación, el contralor, el procurador y la Comisión Nacional de Televisión.[10]

En México, el proceso de militarización iniciado en 1995 continuó de manera consistente en el gobierno de alternancia, pero aceleró en forma drástica al convertirse en la política central del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien había iniciado su gobierno con un gran déficit de legitimidad debido a un cuestionado proceso electoral.[11] El gasto en defensa y seguridad aumentó en los dos países de manera considerable en la última década: en México el presupuesto pasó de 43 242 millones de pesos en el 2001, a 54 020 millones de pesos en el 2006, y a 130 732 millones en el 2012. La Secretaría de Seguridad Pública fue la entidad que aumentó sus gastos de manera más considerable, pues pasó de 6350 millones en el 2001 a 40 536 millones en el 2012, lo que constituye un aumento del 147,9% (Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012). En Colombia, el gasto en defensa para el 2001 era del 4,9% respecto al pib, y en el 2009 alcanzó el 6,2% del pib, uno de los más altos de la región (Ministerio de Defensa, 2010).

Por el lado del reconocimiento de derechos, en agosto del 2012 la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante un amparo en revisión presentado sobre el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por miembros del Ejército el 20 de junio del 2009 en un retén militar en el estado de Guerrero, al abrir fuego contra un bus de pasajeros con cerca de 40 personas. El fallo de la Corte es histórico porque permitió por primera vez que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército y la Armada de México pudieran ampararse para exigir un juicio civil a sus casos (El Universal, 20 de agosto del 2012).

En junio del 2011, después de dos años de discusiones y de aprobar diversas modificaciones constitucionales, se publicó la reforma de derechos humanos en México. La reforma permite integrar los principios de respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos, haciendo coincidente la Constitución con los estándares y tratados internacionales de derechos humanos, e integrándolos a la jurisdicción interna (Carbonell y Salazar, 2011; Carmona, 2011, pp. 39-62). A pesar de que la reforma de derechos humanos fue aprobada en el 2011, en el 2012 el presidente de México Felipe Calderón vetó la Ley de Protección a Víctimas de Delito que buscaba reparar los daños ocasionados en la militarización del país. Al vetar la iniciativa (veto que contó con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia), el gobierno no asumió el reconocimiento y la reparación del daño causado a las víctimas de la “guerra contra el crimen organizado”, y se contradijeron los principios que se incorporaron con la reforma de derechos humanos. Por último, la Ley de Víctimas fue aprobada en el 2013, gracias a la eliminación del veto por parte del nuevo presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En Colombia se dio paso a la “Ley de Víctimas” por medio de la ley 1448 del 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Esta ley representa un avance en el tratamiento a las víctimas de la guerra y atiende los fallos reiterados de la Corte Constitucional (sentencia T-025 del 2004) que obligaban al gobierno nacional a diseñar estrategias para atender y reparar el daño causado a más de 3 millones de desplazados.[12] Así mismo, en sentencias posteriores (sentencia C-099/13 y sentencia C-180/14), la Corte Constitucional ha sido fundamental para exigir la regulación de los procedimientos de restitución y garantizar la reparación integral de las víctimas.