Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

Para Cuauhtémoc Rueda, y en buena medida también para Sandra Hincapié, la relación entre la violencia y los derechos humanos es estructural. En la propia formulación del discurso de derechos humanos, debido a que se trata de un discurso que genera procesos de silenciamiento con pretensiones de verdad, también estará la violencia.

Por último, para los dos textos dedicados a la relación entre la violencia, los derechos humanos y la sociedad civil, en la medida en que la violencia es contextual, la relación entre los primeros dos conceptos proviene de la forma en que las organizaciones de la sociedad civil (los defensores de los derechos humanos) se articulan en torno a estos contextos. Con mayor éxito en Colombia, de acuerdo con lo que presenta Jairo López, y con mayor desarticulación pero sin llegar a la inacción de los defensores de los derechos humanos de Ciudad Juárez, de acuerdo con los hallazgos de Daniel Vázquez y Nacori López.

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Vale la pena hacer una anotación sobre los tres países estudiados: México, Colombia y Perú. Lo primero que se debe mencionar es que no se trata de un análisis con pretensiones exhaustivas de estos tres países, sino simplemente de tres casos que se eligieron porque tienen dos denominadores comunes: los tres países atravesaron o atraviesan procesos de violencia significativos, los que se traducen no solo en violaciones de los derechos humanos, sino también en la configuración y reconfiguración del discurso y las prácticas en torno de los derechos humanos; y se trata de casos que en la actualidad están siendo estudiados por los integrantes del seminario de investigación. Además, si bien los tres países pasaron por procesos de apertura política de diferente tipo, tienen importantes resabios autoritarios en su estructura estatal.

Como veremos a lo largo de los trabajos que constituyen este volumen, no hay un solo punto de contacto entre los derechos humanos y la violencia, y no hay una sola forma de respuesta desde los derechos humanos frente a la violencia. Además, las contribuciones no solo buscaron analizar las dinámicas del Estado y sus instituciones, sino también aquellas no estatales, de la sociedad civil y de las organizaciones y los defensores de los derechos humanos. Así mismo, en varias de las contribuciones también recibieron atención los espacios de interacción entre las prácticas institucionalizadas y no institucionalizadas, los cuales se estructuran como instancias a veces conflictivas y tensas, a veces dialógicas y fluidas. El libro se estructuró en cuatro partes:

—Parte i. Estado, instituciones y respuestas frente a la violencia

—Parte ii. Las instituciones judiciales y cuasi judiciales frente a la violencia y la defensa de los derechos humanos

—Parte iii. Sociedad civil, violencia y derechos humanos

—Parte iv. Conclusiones

En la parte i, “Estado, instituciones y respuestas frente a la violencia”, el foco está puesto en los procesos de reconfiguración estatal y los cambios de régimen político, su relación con la violencia y la forma en que el discurso y las normas de derechos humanos operan en estas trayectorias.

En el capítulo 1, “Conflicto social, reformas estatales y crimen organizado: México y Colombia 1982-2012”, Sandra Hincapié intenta comprender el aumento de la importancia de las organizaciones del crimen organizado y los procesos de resistencia contenciosa por parte de la población. La respuesta para la autora está en los procesos de reconfiguración estatal. Para dar cuenta de esto último, realiza un análisis comparativo entre México y Colombia desde la década de los años ochenta del siglo pasado.

Desafiando la idea del Estado centrado en el ejercicio del monopolio de la violencia (incluidas la lecturas contemporáneas de esta como la que acuñó la idea de estados fallidos) la autora identifica que a partir de las reformas políticas y económicas que tuvieron lugar en ambos países se produjeron sendos procesos de reconfiguración estatal que incluyeron apertura de accesos políticos y desconcentración de recursos económicos desde el Estado hacia el sector privado.

Un aspecto innovador de la contribución es que opta por el punto de vista de los procesos de formación y configuración estatal, para estudiar las trayectorias de México y Colombia. Su conclusión es que el aumento tanto de la fuerza de las organizaciones del crimen organizado como de los procesos de resistencia social por la defensa de los diferentes tipos de derechos que se ven amenazados por el nuevo estado de cosas, son producto de la yuxtaposición de estas dinámicas con la lógica estatal en contextos en los que se descentralizó el poder político y se abrieron espacios a nuevas dinámicas económicas con menor capacidad de regulación central del Estado. En otras palabras, el trabajo postula que no se puede comprender el aumento de la importancia del crimen organizado y las nuevas formas de resistencia social y política en defensa de los derechos, sino se enmarcan en las características de la apertura y el cierre de los accesos que implicó el proceso de reconfiguración de ambos estados.

En el capítulo 2, “Democracia, derechos humanos y Estado en México: ¿erosión por deterioro?”, Karina Ansolabehere y Francisco Valdés Ugalde analizan el rol jugado por lo que ellos llaman la “dinámica política de derechos humanos” ante situaciones de violencia sistemática en la erosión de enclaves autoritarios de los estados. Para ello analizan el caso del Sistema de Procuración de Justicia en México, por medio del estudio de dos casos de institucionalización de respuestas ante dos situaciones de violencia: la represión de la oposición política de izquierda en las décadas de los años sesenta y setenta, y el feminicidio a partir de los años noventa.

Este capítulo discute y complementa la literatura sobre transición y postransición democrática en México, que postula que el proceso presenta fallas en la destitución autoritaria del Estado, y que las instituciones del Estado de derecho son condiciones necesarias para la resolución de las condiciones de violencia. Desde un punto de vista que busca complementar el análisis del régimen político con las instituciones estatales y las interfaces de relación entre Estado y sociedad, el trabajo considera que si bien puede no haber destitución autoritaria, sí se observan procesos de erosión autoritaria, producto de dinámicas políticas no tradicionales que no solo incorporan repertorios y agendas diferentes para la transformación de políticas públicas (relación arriba-abajo), sino que también presentan una dimensión insoslayable de relaciones internacionales de actores estatales y no estatales (relación adentro-afuera). En otros términos, establece que las nuevas dinámicas se caracterizan por diferentes combinaciones de la relación arriba-abajo, adentro-afuera, que complejizan los parámetros de análisis del espacio político mexicano y su reacción ante la violencia.

Sin desconocer el contexto de reconfiguración estatal planteado por Hincapié, aquí el objetivo fue avanzar en la identificación de las nuevas dinámicas políticas producidas por las estrategias de los actores no estatales (nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas) y analizar su capacidad a partir de su relación con las élites políticas y las diferentes burocracias, para producir erosión de enclaves autoritarios como el sistema de procuración de justicia.

La parte ii del trabajo, “Las instituciones judiciales y cuasi judiciales frente a la violencia y la defensa de los derechos humanos”, incorpora cuatro contribuciones que se enfocan en el análisis de las instituciones judiciales y cuasi judiciales de derechos humanos. Cada uno de los capítulos ahonda tanto en la comprensión de los desafíos que las situaciones de violencia y violaciones de los derechos humanos presentan para este tipo de instancias, como en las respuestas que estas articulan.