Sandra Serrano - Los derechos humanos y la violencia - Estado, instituciones y sociedad civil

Las instituciones judiciales y cuasi judiciales adquieren centralidad desde el punto de vista del enfoque de los derechos humanos. Tienen un lugar protagónico en la articulación del repertorio que la perspectiva ofrece frente a las violaciones de derechos: verdad, justicia, reparación y no repetición. Estas deben resolver situaciones dilemáticas vinculadas con los procesos de violencia como muestran los casos de Colombia, Perú, la Corte idh y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el capítulo 3, “Cortes activas en la defensa de los derechos humanos: evolución de la política sobre los desplazados en Colombia”, Andrea Castagnola y César Augusto Valderrama analizan la actuación de la Corte Constitucional de Colombia frente al problema del desplazamiento forzado de personas por el enfrentamiento armado que vivió (y todavía vive) el país.

Si bien es muy reconocido el carácter protector de los derechos humanos por parte de la Corte Constitucional de Colombia, los autores intentaron refinar la comprensión de este tipo de conducta. En primer lugar, y luego de una revisión de literatura sobre las connotaciones del activismo judicial, innovaron en la definición de este concepto. Así, proponen identificar este rasgo como un continuo (entre las acciones afirmativas y la negación de estas para atender las situaciones vinculadas con violaciones de derechos) antes que como una categoría dicotómica.

Esta innovación permitió identificar las estrategias que siguió la Corte Constitucional de Colombia frente a la población desplazada por el conflicto armado, en especial el carácter incremental de su jurisprudencia respecto del tema, que incorporó y reconoció de manera gradual nuevas dimensiones para la protección de un grupo especialmente vulnerable.

En el capítulo 4, “El dilema seguridad vs. libertad. La jurisprudencia constitucional sobre fuero militar: Perú, 1980-2010”, Andrea Pozas-Loyo y Julio Ríos Figueroa se concentraron en el análisis del rol adecuado de los jueces constitucionales para dirimir conflictos entre seguridad y libertad abogando por un modelo de intervención orientada a la delimitación y significación de los contenidos de la Constitución.

En este cometido critican la denominada “concepción hidráulica” de la relación entre seguridad y libertad que supone que para aumentar la seguridad es necesario disminuir los derechos, concepción que ha predominado no solo en las decisiones judiciales sino en la forma de enfrentar este dilema.

Con el fin de sostener su propuesta de un nuevo tipo de actuación judicial en la materia, los autores analizan el caso de la evolución de la jurisprudencia peruana sobre la jurisdicción militar entre la década del ochenta y nuestros días. Este tema constituye un punto de contacto privilegiado entre la violencia y los derechos humanos en la región, habida cuenta de diferentes modelos de extensión del fuero militar para el juzgamiento de violaciones de derechos humanos tanto en situaciones de conflictos armados como en situaciones normales.

Al respecto identifican dos momentos de interpretación judicial en la materia. El primero que se extendió entre 1980 y 1992, correspondiente a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que adscribe al modelo hidráulico y favorece la jurisdicción militar. Y el segundo que se extiende desde 1993 (con la creación del Tribunal Constitucional instituido por la reforma constitucional de ese año) hasta hoy, cuya jurisprudencia constituye un ejemplo claro del modelo de delimitación y significación en la tarea de los jueces constitucionales que postulan los autores.

En el capítulo 5, “Otra historia sobre los derechos humanos: la violencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Sandra Serrano analiza la evolución de la jurisprudencia de la Corte idh relativa a la respuesta a las situaciones de violencia que aquejaron la región.

En este trabajo es clara la adscripción a una perspectiva contextual e histórica de los derechos humanos y la violencia. Según esta, sería imposible establecer una definición definitiva de violencia, puesto que la caracterización de una situación como violenta se modifica de manera consonante con los nuevos temas y problemas sobre los que debe resolver la Corte idh.

A lo largo del trabajo la autora identifica tres aproximaciones diferentes a la violencia en la jurisprudencia de la Corte idh. La primera se vincula con la identificación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que denomina “de las violaciones individuales a las violaciones sistemáticas”, en la que destaca el viraje que tuvo lugar frente a los procesos de terrorismo de Estado en que las violaciones de los derechos humanos no fueron aisladas sino sistemáticas y respondieron a un patrón determinado. En este caso el foco del reproche está puesto en el incumplimiento de las obligaciones estatales derivadas de las normas internacionales de derechos humanos. La segunda aproximación, “las violaciones de los derechos humanos en contextos de violencia”, resalta la situación de los derechos humanos en contextos de violencia. El foco está en la manera en que los derechos humanos pueden operar como mecanismos de protección en contextos violentos. La tercera opción, denominada “las víctimas de la violencia: las vidas valen”, pone el centro en las víctimas de estos procesos ya sea como individuos o como miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. El foco aquí es la forma en que la violencia afecta a los miembros de los grupos vulnerables (en especial mujeres, niños y pueblos indígenas).

En el capítulo 6, último de esta parte, “Los mecanismos de producción de verdad en el discurso de los derechos humanos de la cdhdf y la violencia en reclusorios”, Cuauhtémoc Rueda Luna nos invita a hacer un análisis crítico de la institucionalización de los derechos humanos realmente existentes. Desde un enfoque posestructuralista, el autor se aproxima a los mecanismos que utiliza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) para atender las violaciones de derechos humanos de la que es objeto la población en reclusorios.

El capítulo hace un análisis pormenorizado de las formas de enunciación desarrolladas por la cdhdf para atender las violaciones de derechos. A partir de este, identifica que la forma más utilizada es el reconocimiento de la existencia de violaciones de derechos humanos que sin embargo resultan invisibilizadas porque se utiliza un mecanismo —“la solución durante el trámite”— que no tiene carácter público, como sí lo tienen otros como las recomendaciones en las cuales su publicidad es obligatoria y permiten un proceso de seguimiento de las respuestas a esta.

La principal conclusión del capítulo es que el proceso de institucionalización de los derechos humanos, en el caso de la cdhdf, invisibiliza la situación de violencia y violaciones de los derechos humanos y de esta manera integra la violencia al discurso de los derechos humanos.

La parte iii del trabajo, “Sociedad civil, violencia y derechos humanos”, da cuenta de los sujetos individuales y colectivos, y de la sociedad civil vinculada con la defensa de los derechos humanos. Los dos capítulos que la integran se ocupan tanto de las características de los movimientos de derechos humanos en contextos de violencia, como del impacto de dichos contextos en la forma en que los defensores de los derechos humanos conciben y recrean su tarea.

En el capítulo 7, “Fases históricas de la defensa de los derechos humanos en Colombia y México. Las ong en contextos de violencia 1970-2010”, Jairo Antonio López Pacheco analiza la forma en que la violencia ha impactado el proceso de conformación y coordinación de las organizaciones de derechos humanos en México y Colombia. El capítulo, que adopta una perspectiva de sociología política, es depositario de la literatura sobre movilización colectiva y sobre las paradojas de la institucionalización de los derechos humanos (Stammers, 2009).