Diego Giacomini - La revolución de la libertad

A partir de lo expuesto estamos en condiciones de entender la genial frase de Henry Thoreau con la que comienza Desobediencia civil : “Acepto cordialmente el lema de que ‘el mejor gobierno es el que menos gobierna’, y me gustaría verlo actualizado más rápida y sistemáticamente. En la práctica, lleva a otro en el que también creo: ‘El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto’, y cuando los hombres estén preparados para ello, será la clase de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es sino un medio, pero la mayoría de los gobiernos suelen ser inconvenientes y todos los gobiernos lo son en ocasiones”.(15)

Mientras haya Estado, nunca podrá existir este tipo de gobierno mínimo, que solo interviene en forma negativa procurando proteger solo los derechos individuales de las personas por medio de una Justicia basada en los derechos naturales. Recíprocamente, este tipo de gobierno mínimo planteado por Henry Thoreau solo podrá lograrse después de eliminar por completo al Estado. Y el Estado no podrá eliminarse de un día para otro, sino que su desaparición será resultado de un proceso evolutivo que se plasmará en el largo plazo, ya que exige una humanidad con otra ética, intelectualmente más fuerte y también más confiada en el poder social. Se necesitan personas que no crean en el Estado y, por ende, que no esperen nada del Estado. Por el contrario, es imperioso que las personas entiendan que el Estado es un palo en la rueda de su progreso individual y un lastre para el desarrollo de la civilización. Y esto no se logra de un día para el otro, sino que lleva tiempo. Jorge Luis Borges entendía (con extremada lucidez, para variar) esta problemática: “Para mí el Estado es el enemigo común ahora; yo querría —eso lo he dicho muchas veces— un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Pero, quizá sea preciso esperar… no sé si algunos decenios o algunos siglos —lo cual históricamente no es nada—, aunque yo ciertamente no llegaré a ese mundo sin Estados. Para eso se necesitaría una humanidad ética, y además, una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora, de lo que somos nosotros, ya que, sin duda, somos muy inmorales y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir, por eso estoy de acuerdo con la frase: ‘Yo creo dogmáticamente en el progreso’”.(16)

Desde muy pequeños somos adoctrinados en la religión del Estado por el sistema de la educación pública obligatoria, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. En materia de adoctrinamiento, no hay grandes diferencias entre los dos tipos de gestión, que solo diferencian qué billetera es la que financia al establecimiento educativo. Un establecimiento de gestión estatal es financiado por los impuestos cobrados por el Estado. Del otro lado, la gestión privada marca que dicho establecimiento es financiado por los bolsillos privados de (generalmente) los padres de los alumnos. También hay gestión mixta, es decir, establecimientos de gestión privada pero que reciben subsidios estatales.

El adoctrinamiento en la religión del Estado proviene de los contenidos que se enseñan en la educación pública, que son definidos por los burócratas del Estado desde un Ministerio de Educación, tanto nacional como provincial. Son los burócratas del Estado quienes definen qué, cómo, en qué cantidad, cuándo y de qué manera enseñar. Son los mismos burócratas del Estado quienes deciden qué no enseñar, qué ocultar y qué proscribir. Los burócratas del Estado definen todos los contenidos mínimos y uniformes para todos. La diferenciación solo puede ser marginal, y solo como una suerte de adicional por sobre lo mínimo determinado por los burócratas del Estado. La educación pública nos enseña lo que el Estado y sus burócratas quieren que aprendamos, no somos educados en un saber para nosotros. Es muy fácil verlo.

Desde jardín de infantes venimos escuchando que es imprescindible que haya un Estado. Desde que tenemos cuatro años y nos obligan a instruirnos coercitivamente en establecimientos aprobados por Ministerios de Educación, escuchamos que debe haber un Estado que intervenga, que regule, que cobre impuestos y que distribuya desde unos hacia otros, creando ganadores y generando perdedores. Nos enseñan que el Estado debe intervenir en aspectos muy variados, pero a la vez concretos de la vida social, corrigiendo “injusticias” y “fallos” de mercado, brindando igualdad de oportunidades y eligiendo ganadores y perdedores. Desde el jardín de infantes hasta la universidad vivimos bajo las enseñanzas de todo un establishment académico que no solo justifica y apoya la intervención estatal, sino que la reclama en cantidades crecientes y en mayores dosis con el objeto de dar solución a supuestos fallos de mercado e injusticias.

Desde muy pequeños nos dicen que los burócratas del Estado gobiernan por y para nosotros persiguiendo el bienestar general, lo cual implica que nos “venden” que los funcionarios son una suerte de ente benévolo que no persigue objetivos individuales, sino la maximización del bienestar de los ciudadanos. Es más, esta prédica engañosa lleva implícito un fenómeno delirantemente imposible: asumir que los hacedores de política saben en qué consiste ese bienestar de los ciudadanos y, además, que ellos mismos tienen toda la información necesaria para llevar a cabo la política que maximice dicho bienestar. O sea, que conocen a la perfección el modelo económico, los parámetros, las propiedades estocásticas de las variables, la fuerza y el tiempo de perturbación de las variables, etc. En pocas palabras, nos enseñan que los políticos saben qué botones tocar, con qué fuerza hacerlo y durante cuánto tiempo presionarlos, lo cual es una estafa moral y un error intelectual desenmascarado por el teorema de la imposibilidad del socialismo.

Este teorema, desarrollado por la escuela austríaca, demuestra que es imposible hacer cálculo económico sin sistema de precios, por lo cual es imposible saber qué, cómo, cuánto, de qué calidad y dónde producir bienes y servicios. En este sentido, Jesús Huerta de Soto demuestra que las políticas públicas en manos de los burócratas del Estado están condenadas al fracaso, porque los planificadores estatales nunca se pueden hacer de la información necesaria para llevar a cabo sus mandatos coactivos. De acuerdo con el profesor Jesús Huerta de Soto, el socialismo implícito en toda intervención estatal es un error intelectual. Se supone que el planificador central tendrá mejor valoración e información con respecto a los medios y fines que los actores económicos y sociales individuales. Error. No es ni teórica ni efectivamente posible que el órgano planificador disponga de la información suficiente como para poder coordinador los desajustes sociales existentes.

Si el burócrata del Estado no tiene la información necesaria para intervenir eficientemente, provoca daño. Esta imposibilidad es resultado de las propias características (inherentes) de la información relevante. La información no puede fluir desde los individuos hacia los burócratas porque la información no solo tiene carácter privativo, sino que es una información práctica y dispersa, que en su mayor parte es de naturaleza tácita y, por tanto, no articulable. Además, el burócrata nunca se puede hacer con ella como resultado de su gran volumen, que está dispersa entre todas las personas a nivel individual y, además, que está en las mentes de cada una de las personas como conocimiento no articulable.

Justamente, el problema es que la información relevante tiene todas las características exactamente opuestas. La información relevante para la vida social y la civilización se crea y transmite de una forma implícita, descentralizada y dispersa, es decir, no consciente ni deliberada. La gente disciplina su comportamiento en función del prójimo y sin darse cuenta explícitamente de que está siendo protagonista de un proceso de aprendizaje. Por el contrario, la gente tan solo es consciente de que intenta conseguir sus fines utilizando los medios a su alcance.