Diego Giacomini - La revolución de la libertad

Dado que el Estado siempre termina involucrando al gobierno, a los ciudadanos de a pie nos cuesta entender que Estado y gobierno son en realidad dos conceptos diferentes, y terminamos visualizando ambos como la misma “cosa”. De hecho, hasta cometemos el error de utilizar ambas palabras como sinónimo. Pero el problema no somos nosotros. El problema es que el Estado termina gobernando e imprimiéndole sus características a la forma de gobernar. De hecho, cuando el Estado absorbe al gobierno, gobernar pasa a ser el arte de robar dinero a unos para entregar dicho botín a otros, luego de que una porción de este quede, muy probablemente, en el “camino”.

Sin embargo, como ya mencionamos, Estado y gobierno son en realidad dos conceptos diferentes. En este sentido, cuando no hay explotación económica de un grupo de hombres por otro grupo de personas, sin importar las causas de dicho fenómeno, no hay Estado, pero sí puede haber gobierno. Ni las tribus americanas de cazadores ni los primitivos campesinos tenían Estado, por los motivos que ya analizamos. Sin embargo, ambos grupos podían tener gobierno. La primera gran diferencia entre Estado y gobierno es que el primero es poder político, mientras que el segundo es poder social. El primero es coacción; el segundo, voluntario y con consentimiento. La segunda diferencia, y no menos importante, es que el Estado interviene en forma positiva, mientras que los gobiernos lo hacen en forma negativa. El Estado interviene positivamente creando cada vez más legislación (derecho positivo), que atenta contra los derechos naturales, lo cual convierte la justicia (derechos naturales) en injusticia (administración estatal de la justicia). Es más, dichas normas positivas son cambiadas constantemente, y casi siempre en favor de los intereses de los burócratas y del poder político y, por oposición, contra el poder social y el derecho natural. La intervención positiva del Estado tiende a agrandar la explotación de unos muchos a manos de pocos. Por el contrario, los gobiernos intervienen solo negativamente procurando defender los derechos individuales de los seres humanos, y así hacer la única justicia posible, la justicia de los derechos naturales. En este sentido, Albert Jay Nock explica: “La esencia y el objetivo del gobierno, según lo establecen Parkman, Schoolcraft y Spencer, tiene una raíz social. Basándose en la idea de los derechos naturales, el gobierno le asegura al individuo esos derechos por una intervención estrictamente negativa, haciendo justicia de manera gratuita y de fácil acceso, este no va más allá. El Estado, por otro lado, tanto en su origen como en su objetivo primario, es puramente antisocial. No se basa en la idea de los derechos naturales, sino en la idea de que el individuo carece de derechos excepto los que le dé provisionalmente el Estado. Este ejerce la justicia a un alto precio y es difícil acceder a ella, y siempre se ha puesto por encima de la justicia y de la moralidad común cuando ha podido sacar algún tipo de beneficio”.(14)

En este marco, se entiende que un gobierno sin Estado se dedica exclusivamente a defender los derechos naturales de los seres humanos, lo cual implica defender la vida, la libertad y la propiedad privada, que empieza por el cuerpo, la energía individual y la propia fuerza de trabajo que, en un entorno de libertad y combinados con la razón y la experiencia, transforman el entorno para que todos y cada uno de los seres humanos se hagan de los medios para obtener los fines que valoran subjetivamente. En este sentido, los gobiernos se abocan exclusivamente a garantizar que el comercio, la acción humana y la función empresarial se lleven a cabo garantizando el principio de no agresión y el principio de libre asociación, impidiendo que haya uso de la violencia en forma ofensiva. En otros términos, los gobiernos son los que garantizan que la violencia sea solo defensiva, y siempre sea usada exclusivamente como respuesta a una violencia previa dentro de un proceso de administración de justica basado exclusivamente en los derechos naturales.

Gobiernos (sin Estado) que solo hagan intervenciones negativas que no avasallan los derechos naturales de los individuos solo son posibles bajo un sistema en el cual tanto la justicia como la seguridad sean proveídas en libre mercado, y bajo un sistema de administración de justicia que se encuentre basado en el derecho consuetudinario y a partir del concepto de reciprocidad, procurando fallos que tengan como objetivo la reparación del daño cometido al agredido (víctima) y no el castigo del agresor (victimario). Es decir, bajo este sistema, la atención de la justicia volvería a concentrarse sobre la restitución a la víctima, dejando de estar focalizada sobre el castigo por crímenes. Esta vuelta hacia la restitución promueve la armonía y el orden social, lo cual potencia la acción humana, la función empresarial y el desarrollo de la civilización. Por un lado, la restitución a la víctima es reparadora y resarce a la víctima, lo cual es moral y ético con las ideas de la libertad, pero además elimina el riesgo de deseo de venganza. Por otro lado, la restitución también beneficia al agresor, ya que luego del pago le permite recuperar su lugar en la sociedad en un marco de paz. Todo lo opuesto a lo que sucede actualmente con el derecho penal, que no resarce a las víctimas, ni devuelve a los transgresores a la sociedad, sino que a estos últimos los mantiene ociosos y como una pesada carga financiera sobre los hombros de los agredidos.

En este marco, las normas consuetudinarias solo harían referencia a agravios o lesiones entre personas. Para que se cuestione la legalidad o ilegalidad de un acto, este debe afectar a otros. Por el contrario, si una acción no daña a nadie, no será objeto de una norma del derecho consuetudinario. La norma se transforma en tal cuando es aceptada por el grupo, y no porque es impuesta coercitivamente. De este modo, las normas que facilitan la interacción entre las personas tienden a perpetuarse en el tiempo, mientras que las malas son ignoradas o dejadas de lado. Así el derecho consuetudinario basado en el derecho natural sería simple, pero también evolucionaría en forma constante a lo largo del tiempo, a lo que contribuiría la propia resolución de los conflictos. Bajo este esquema de administración de justicia, el agraviado debería realizar la acusación. Además, el financiamiento de dicho sistema debe descansar sobre los hombros exclusivamente de las partes intervinientes, que sin Estado ya no pagarían impuestos y voluntariamente contratarían servicios privados de seguridad y justicia (ver “Justicia y seguridad en libre mercado”).

Obviamente, con gobierno y sin Estado, con una justicia basada en los derechos naturales, en el derecho consuetudinario y en la reciprocidad, los ciudadanos obedecerían no por miedo al castigo, sino porque están convencidos de que es bueno (moral) y les conviene (utilitarista) obedecer. La ley no estaría impuesta coercitivamente desde arriba, sino que se desarrollaría desde abajo. Las leyes impuestas desde arriba por un monarca o un parlamento, lo que se llama derecho autoritario, requieren poder para imponerlas; las leyes que se desarrollan desde abajo requieren aceptación. En este último esquema, la ley se respeta porque los individuos advierten los beneficios de comportarse en línea con lo que los otros esperan de él, siempre que los otros también tengan la conducta que él espera. Es decir, los individuos aceptan mutuamente aceptar un conjunto de reglas en beneficio individual de cada uno de ellos y, por ende, de todos. No sorprende. El acatamiento voluntario de las leyes y la participación en la defensa de su observancia solo tienen lugar cuando los individuos esperan ganar tanto o más de lo que les cuesta acatar voluntariamente las normas de sistema. Y, de hecho, la protección de la propiedad privada y la defensa de los derechos individuales son incentivos muy potentes y atractivos para que las personas se convenzan de que les conviene voluntariamente obedecer. Por el contrario, no obedecer tiende a expulsar o no dejar bien parado dentro del entramado social al infractor, lo cual juega negativamente a la hora de producir, vender y comerciar, es decir, no es positivo en términos de prosperidad individual. No obstante, hay que destacar que habrá transgresores. Pero dichos transgresores serían juzgados y condenados a reparar el daño provocado y resarcir a quien agredieron, lo cual es un sistema mucho más acorde con la ética y la moral de las ideas de la libertad que el existente hoy en día.