Diego Giacomini - La revolución de la libertad

En pocas palabras, para que un acto sea considerado un delito debe afectar negativamente a otra persona o a la propiedad privada de otra persona. Por el contrario, si cualquier acto, ejecutado en soledad o en grupo, no daña a nadie, dicho comportamiento muy probablemente no sea condenado como delito en un sistema legal consuetudinario. En síntesis, las normas consuetudinarias solo hacen referencia a agravios entre personas, y la parte agraviada deberá hacerse cargo de la acusación. En estas circunstancias, siempre habrá fuertes incentivos a que surjan instituciones y se formen grupos de apoyo mutuo para asuntos de seguridad, jurídicos y justicia en libre mercado. A priori , solo podemos darnos una idea potencial de la forma que adoptarían la seguridad y la justicia en libre mercado (volveremos sobre esto), pero nunca podemos adivinar su formato con exactitud, ya que este se irá definiendo paulatinamente por la interacción de los individuos en libertad y la función empresarial, que es cambiante y dinámica.

Todo esto no es nuevo. El derecho anglosajón previo a la invasión normanda era básicamente consuetudinario. De hecho, para Frederick Pollock y Frederick Maitland, el derecho anglosajón escrito “no es más que una superestructura que descansa en una amplia base consuetudinaria”.(5) El derecho anglosajón concedía gran importancia a la protección de la persona y su propiedad, previendo castigos contra violación, abusos, heridas, asesinato y robo. En aquel entonces, cuando se producía una disputa, se sometía a un arbitraje, que cuando identificaba un daño del individuo A para con la persona B, prescribía que A le hiciera un pago a B, admitiéndose compensación económica para reparar cualquier delito, siempre y cuando se tratara del primer delito del agresor. O sea, un asesinato, siempre y cuando fuera el primero que cometiera, podía compensarse con dinero. Negar la sentencia te sacaba del sistema y te convertía en un paria sin defensa y sin capacidad de trabajar y ganarse el sustento; ergo, todos tenían potentes incentivos para participar voluntariamente del sistema legal y de justicia basado en el derecho consuetudinario, cuyo objetivo siempre es uno solo: reparar los daños al agredido y que dicha carga debe ser responsabilidad del agresor. Este entramado legal del derecho consuetudinario anglosajón fue cediendo terreno frente al avance de derecho autoritario, que ganó terreno a partir del aumento del poder de los reyes y del avance del Estado, que ellos representaban, sobre los derechos naturales de las personas. El derecho autoritario comienza a crecer muy lentamente sobre el fin de la era anglosajona, pero se potencia exponencialmente luego de la invasión normanda(6) a Inglaterra.

En la era anglosajona, como marca Bruce Benson, la función más primitiva del rey, en relación con la aplicación de ley, fue la de “dar apoyo al sujeto incapaz de llevar ante un tribunal privado a ofensores relativamente poderosos. El rey, como pago por sus servicios, recaudaba una parte de la multa impuesta al delincuente”.(7) O sea, el primer paso de los reyes fue hacerse socios en la compensación al agresor a cambio de un supuesto servicio prestado para facilitar la administración de justicia. A partir de esta situación, los reyes comenzaron a ver la justicia como una importante fuente de ingresos y decidieron avanzar sobre ella. Con el tiempo, se estableció la “violación de la paz del real”, que no era otra cosa que hacer intervenir los servicios del rey en la administración de justicia. La violación de la paz real comenzó a ser cobrada cada vez más cara, y su producido iba a parar a las arcas individuales del rey.

Posteriormente, los reyes se dieron cuenta de que si compartían el producido de la violación de la paz real con nobles y funcionarios, la administración de justicia terminaba convirtiéndose en un instrumento para hacer política y sacar réditos. En consecuencia, los reyes establecieron que los ingresos provenientes de la violación de la paz real eran para el rey y también para los que gozaran del favor del rey. En ese momento comenzaron a surgir los notables y sheriffs . Los notables fueron nombrados representantes legales del rey en los condados y recibían un tercio de las multas ingresadas por la justicia, así como un tercio de las rentas públicas de las aduanas y tributos exigidos por el monarca. Luego, cuando un notable comenzó a representar al rey en varios condados, se creó la figura del sheriff , que a cambio de sus servicios obtenía concesiones de tierras del rey y tenía derecho a apropiarse una porción de la renta de dichos terrenos. A cambio, los notables juntaban, unían y dirigían hombres en combate para el rey, a quien representaban en la justicia. O sea, los reyes sajones habían avanzado gradualmente sobre la justicia, utilizándola como fuente de ingresos, a partir de ir concentrando el poder a través de acuerdos recíprocos con los notables (condes), sheriffs y la Iglesia.

Pero esta situación se agravó exponencialmente luego de la invasión normanda encabezada por Guillermo el Conquistador, que virtualmente confiscó todas las tierras de Inglaterra y estableció un sistema feudal, el cual repartió en feudos a vasallos normandos, nobles (barones) y la Iglesia. Así, con los normandos, la monarquía inglesa comenzó a hacerse extremadamente más fuerte y absolutista de lo que era con los anglosajones. Los reyes normandos utilizaron la ley y la administración de justicia para apoyar grupos poderosos, financiar las guerras y aumentar exponencialmente su propia riqueza, lo cual les permitía comprar más voluntades, adquirir más ejércitos y financiar más guerra y poder. Y para hacerlo en forma cada vez más creciente, debían avanzar cada vez más sobre la ley y la administración de justicia. De hecho y en este sentido, fueron los normandos quienes dejaron de lado el viejo sistema de la justicia basada en el principio de restitución y compensación (el agresor debe restituir y compensar al agredido) y lo cambiaron por un nuevo sistema de multas, confiscaciones, castigos corporales y pena capital. O sea, se dejó de resarcir al agredido y se pasó solo a castigar al agresor y a engordar las arcas del monarca y sus burócratas (el Estado).

El cambio de sistema que introdujeron los normandos tuvo consecuencias muy negativas, ya que redujo en forma muy significativa los incentivos de los ciudadanos para mantener acuerdos entre sí (de protección, persecución, acusación, acatamientos de fallos, seguros), eliminando todo atisbo de reciprocidad. El libre mercado de la seguridad y la justicia, que venía en retroceso, comenzó a desvanecerse. Sin derecho consuetudinario, sin reciprocidad, sin acuerdos mutuos y voluntarios, todos desaparecido por obra y gracia del avance del Estado, los reyes normandos tuvieron que establecer un aparato de justicia compulsivo estatal estrictamente bajo su órbita. Así, la administración de justicia se volvió una gran fuente de ingresos fiscales, en la cual el rey (a través de sus cómplices) estaba cada vez más interesado en participar. En este sentido, para incrementar sus ingresos, el rey solo necesitaba hacer uso de sus facultades extendiendo su jurisdicción a cada vez más delitos y casos. Así los reyes normandos permitieron que (casi) todo se apelara a los tribunales reales. Cualquier falta era considerada quebrar la paz del rey y, por ende, podía ser llevada a la corte real, generando recursos fiscales para el monarca. De hecho, los reyes normandos impusieron el concepto de felonía,(8) que era castigado con la muerte o con el decomiso de todas las propiedades y tierras al rey. Más felonías, mayores ingresos reales y más rico el rey.

Sin embargo, Enrique II, quien fuera rey de Inglaterra entre 1154 y 1189, desarrolló el sistema de administración pública inglés y sentó la mayoría de los fundamentos del sistema legal moderno. Primero y principal, creó los tribunales permanentes de jueces profesionales bajo órbita estatal del rey, a quienes también los facultó de hacer regularmente expediciones de justicias itinerantes, lo cual permitía consolidar y expandir el sistema recaudador de ingresos. Dado que se habían creado muchas normas, también se crearon muchos delitos, y en consecuencia la justicia no daba abasto y se hacía lenta, con lo cual se acumulaban los casos. Así fue como en 1178 Enrique II estableció un tribunal permanente centralizado en Westminster que debía conocer todos los casos, excepto aquellos que exigían la propia atención del rey. El rey cobraba por hacer justicia. De hecho, el tesorero siempre se sentaba en el tribunal, lo cual mostraba el papel primordial que tenía la justicia como fuente recaudadora de impuestos que financiaba cada vez más el gasto de la monarquía. Si el acusado era encontrado culpable, su castigo era la confiscación de todos sus bienes. Por el contrario, si era encontrado inocente, el acusador era castigado con fuertes multas por falsa acusación. El resultado: los agentes privados tuvieron incentivos a dejar de hacer denuncias de agresiones y delitos.