Sandra Serrano - Los derechos en acción

En el mismo sentido, el punto 71 recomendaba a los Estados elaborar planes de acción nacionales para mejorar la promoción y protección de los DH. Finalmente, en el punto 98 se estableció que era necesaria la creación de un sistema de indicadores para medir los avances de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El mandato para realizar estas tres acciones fue recuperado por una institución que también se concibió en esta convención: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

A la par de este desarrollo del DIDH, hubo una ola constitucional que enfatizaba la protección de los derechos humanos. En América Latina sobre todo, los DH se han instaurado como verdaderos principios legales-constitucionales (que no siempre se aplican efectivamente). Por una parte, los organismos internacionales y regionales —en especial el sistema interamericano de DH— han desempeñado un papel fundamental en la vigencia de los DH en la región y, por la otra, las constituciones latinoamericanas se han robustecido por la incorporación de DH e, incluso, de los tratados internacionales como partes que se les han integrado. En efecto, las nuevas constituciones de Brasil (1998), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), así como las modificaciones constitucionales recientes en Costa Rica (1989), Argentina (1994) y México (2011), han ampliado el reconocimiento y garantía de los DH. Incluso, como fue el caso de Argentina, se han incorporado los tratados internacionales en la materia a las constituciones; o bien los DH contenidos en esos tratados, como sucedió en México. 6

El marco del DIDH ha sido un aporte a la formulación del constitucionalismo latinoamericano. La reforma constitucional mexicana lo ejemplifica. El artículo primero constitucional establece la incorporación de los DH contenidos en tratados internacionales ratificados por México a la propia Constitución, así como dos principios de interpretación básicos para lograr la integración del derecho de origen nacional con el de origen internacional, la interpretación conforme 7y el principio pro persona. En especial, es importante el párrafo tercero del mismo artículo primero constitucional, el cual establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad […]” ( Diario Oficial de la Federación , 2011).

La reforma constitucional en materia de DH tiene múltiples consecuencias: los derechos y sus obligaciones no están dirigidos solo a los jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial, sino a todos los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, locales o municipales. Este es un hecho muy claro desde el DIDH, que incluye la generación de responsabilidad de DH, incluso en los Estados federales, por actos realizados por cualquier autoridad local o municipal (Dulitzky, 2007; 2004).

Frente a este nuevo desafío de aplicación de los DH en toda la conducta estatal, se proponen los derechos en acción como una herramienta que permite generar criterios prácticos desde los derechos humanos, para que se utilicen en las decisiones políticas vinculantes. En este texto no se hallará una discusión jurídica en torno a qué son los derechos humanos, cuál es su naturaleza jurídica o una descripción exhaustiva de los marcos normativos o sentencias de las cortes internacionales. Lo que proponemos es menos pretencioso, pero, pensamos, más útil: el uso del derecho como herramienta analítica frente al desafío de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Los DH contemporáneos conforman exigencias de conductas en distintos planos en las que intervienen diferentes autoridades (incluso a veces requieren acciones de los particulares). Pensados desde sus obligaciones y a partir de los principios, los DH nos hablan de construcciones de relaciones en constante cambio que exigen conductas diversas de las autoridades y, por tanto, estarán siempre en movimiento y en acción. 8En el esquema 1 se observa la totalidad de los elementos que integran la perspectiva de derechos humanos. Podemos agruparlos en tres conjuntos: principios, obligaciones y principios de aplicación.

En la primera columna se establece el derecho que se va a desempacar (salud, vivienda, integridad personal, vida digna, etc.). En la segunda, los subderechos o componentes que lo integran. En la tercera, la obligación general que se va a desempacar (respetar, proteger, garantizar o promover), y en la cuarta, el elemento institucional que complementará la obligación general (disponibilidad, calidad, accesibilidad o aceptabilidad). Estos dos últimos conforman el corazón del derecho que se está desempacando.

De forma transversal a los derechos y sus obligaciones (como se mira en el esquema) tenemos tanto los principios como los principios de aplicación. El sistema de derechos en acción está integrado por un conjunto de principios que fungen como directrices para interpretar a los derechos, pero, esencialmente, para aplicar las obligaciones que de ellos derivan.

Solemos considerar seis principios en materia de DH: universalidad, indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad, imprescriptibilidad y su carácter de absolutos. Los tres primeros son los que definen la dinámica de los derechos, de ahí que en este texto decidimos trabajarlos. Además, hay otros cuatro principios-obligaciones que tienen una doble naturaleza jurídica: el contenido esencial o núcleo del derecho, la progresividad, la prohibición de regresión, y el máximo uso de recursos disponibles. Estos cuatro principios-obligaciones tienen esa doble función: sirven de directrices para la aplicación del resto de las obligaciones y, al mismo tiempo, son obligaciones en sí mismas, ya que su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional para el Estado (ONU, 2001)

Si bien se trata de principios con una fuerte carga política, tienen también efectos legales. La indivisibilidad y la interdependencia resultan de particular relevancia para el constitucionalismo mexicano: no hay distinción en el trato jurídico que merecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, el principio de progresividad añade un método de evaluación de la actividad estatal frente a todos los derechos, pero especialmente para los sociales.

A estos cuatro principios-obligaciones podemos sumar otras once obligaciones, de lo cual resulta un conjunto organizado en cuatro grupos independientes como se observa en el cuadro 1. 9

Todo esto será más claro en las páginas que siguen. Sin embargo, es relevante que desde ahora el lector(a) tenga una idea completa de los pasos que debe seguir para desempacar un derecho humano en sus múltiples obligaciones. Para ello hemos construido la propuesta que llamamos 5 pasos, 5 niveles .

PASO 1.- La aplicación del principio de universalidad por medio del análisis del sujeto en su contexto, específicamente de la situación o caso que nos interesa (capítulo primero).

PASO 2.- Elegir un derecho que servirá de columna vertebral para realizar el desempaque a partir de los objetivos que el lector tenga (proyectar una sentencia, realizar un litigio estratégico, armonizar una ley, diseñar una política pública, iniciar un proceso de investigación, cualquier otro).