Cecilia Bobes León - La nación inconclusa

Ambos partidos fueron los principales actores que participaron en la política “legal” durante el breve lapso del gobierno autonómico que la Corona española concediera a Cuba en 1898, pero que los insurgentes rechazaron rotundamente. Si bien este régimen no logró procesar ni resolver los problemas de la sociabilidad política cubana, la importancia del período que va desde el Zanjón hasta la intervención estadounidense (1878–1898) tiene que ver en primer lugar con la creación de un campo simbólico donde se perfilan tendencias compitiendo por la definición de la identidad y, unido a ello, la conformación de valores políticos que tendrán larga duración en la cultura cubana. Frente a la solución violenta y revolucionaria del independentismo, los reformistas y autonomistas 14defendieron la vía legal, el respeto a las instituciones y la negociación como la estrategia adecuada para la constitución del Estado cubano.

Por otra parte, en este momento comienza a conformarse un campo político donde se producen las prácticas en las que tienen lugar los primeros aprendizajes de los futuros ciudadanos y la formación de sus élites políticas. En este sentido, si para el campo simbólico, el fracaso y consecuente descrédito de la vía legal contribuye a legitimar y reforzar las soluciones políticas revolucionarias, en el ámbito de las prácticas la participación en los procesos electorales dentro del marco del régimen colonial introduce los peores hábitos (fraude, clientelismo, personalismo, etc.) que luego caracterizarían a la República.

En cuanto al ideario independentista, hay que recordar que ya en las protoinstituciones democráticas generadas por la guerra y la Constitución de la República en Armas, se dejaron explicitados los principios fundamentales de igualdad, libertad, sufragio universal y derechos del hombre, en los cuales se asentaba la fundación de la nación. Esta constitución de la ciudadanía en las instituciones “paralelas” de la guerra representa una presión — d esde abaj o — por la obtención de derechos ciudadanos (civiles y políticos).

La primera Constitución cubana, 15aprobada en Guáimaro en 1869, refleja la adopción de estos principios. En sus 29 artículos prescribe la libertad de culto, reunión, imprenta, enseñanza y petición, además de sancionar la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial y la intención de establecer un sistema político democrático para la nueva república. Hay que señalar que esta Constitución, aunque establece el sufragio universal como derecho político fundamental para todos los cubanos, sólo refrenda disposiciones muy generales acerca de la estructura del gobierno (restringe las facultades del ejecutivo y establece la subordinación de los militares al poder legislativo) y los requisitos para elegir y ser elegidos, poniendo poco énfasis en los derechos individuales.

Posteriormente, durante la Guerra del 95, se aprueban otras dos constituciones: Jimaguayú (1895) y La Yaya (1897). La primera es­tablecía un Consejo de Gobierno que confundía los poderes legis­lativo y ejecutivo y que estaba facultado para intervenir en asuntos de guerra (dirigida por los militares) en el caso de que las acciones bélicas tuvieran consecuencias políticas. La Constitución de La Yaya, por su parte, refleja el desarrollo político de los patricios cubanos ya que, en sus 48 artículos (el doble de la de Jimaguayú) era más explíci­ta en las cuestiones de derechos ciudadanos y nacionalidad, derechos ci­viles y libertades individuales (aparece el habeas corpus , la libertad de pensamiento, religión, propiedad, inviolabilidad de domicilio y corres­pondencia, el principio de igualdad ante el impuesto, libertad de enseñanza, asociación y reunión) e incluía una referencia al dere­cho electoral (sufragio universal). 16

El carácter eminentemente civilista de estas constituciones, que insistían en la creación de un gobierno central para dirigir tanto los asuntos civiles como los militares, evidencia —más que una respuesta a los problemas surgidos en el curso de la guerra— un interés en preparar ciudadanos capaces de llevar adelante la vida política democrática de la república que habría de establecerse una vez terminada la guerra y con la independencia de España.

La inserción de los valores de igualdad y libertad —comunes a todas las tradiciones de pensamiento político presentes en la Cuba colonial— en el ideario independentista, parecen más cercanas al modelo cívico–republicano. Así, por ejemplo, la tendencia a educar al ciudadano es afín con la insistencia roussoniana en la necesidad de inculcar la virtud cívica y remite a la forma de ciudadanía participativa que supone que ésta no es una práctica natural, sino que debe ser aprendida y requiere disciplina y compromiso. 17

La adopción de este modelo como suministrador de los valores fundacionales de la política cubana, tuvo que enfrentar, no obstante, la tensión que suponía hablar de igualdad y libertad en un país donde existía la esclavitud y la segregación racial. Esto introdujo al menos dos campos problemáticos adicionales a la discusión y el establecimiento de la ciudadanía: la abolición de la esclavitud y el problema de la igualdad racial. 18

La ciudadanía quedaba así restringida en un doble sentido; de un lado por la presencia de un tipo de individuo que no podía ser considerado ciudadano (el esclavo) —lo cual desafiaba el universalismo de los valores— y del otro por la existencia del poder colonial en la mayor parte del territorio cubano —que impedía la existencia de un Estado cuya soberanía definiera la pertenencia a (y los límites de) la comunidad política.

Otro elemento significativo de la cultura política que se iba fraguando y que marcaría el ejercicio posterior de la ciudadanía en Cuba sería el militarismo y sus consecuencias en términos de hábitos y valores. 19Ya desde la primera guerra, la forma en que se condujeron las relaciones entre el poder civil y el militar (con balance favorable a la autoridad de los jefes guerreros) condicionaron la aparición del caudillismo castrense y sus lealtades particularistas y localistas. Las constantes contradicciones que se produjeron dentro de la dirección de la guerra —entre los jefes militares de las diversas regiones, entre estos jefes y el gobierno civil y entre los propios civiles— marcaron negativamente el nacimiento de la democracia cubana. Desde entonces, la violencia política, el personalismo, el caudillismo y la incapacidad de negociación aparecen en el repertorio simbólico nacional y permanecen incluso como parte de la propia definición de la nación.

Estas tensiones se arrastrarán e intentarán resolverse en el discurso moral y normativo de la siguiente etapa de la revolución de independencia, en particular en el discurso martiano. Martí inventa realmente la nación (Rojas, 2000) en su versión cívico–republicana, formula el mito de origen en la epopeya de la Gran Guerra y, a partir de ella, radicaliza la idea y la realidad de la república. Su discurso se separa del liberalismo ambiguo de la oligarquía criolla y extiende de manera explícita y resuelta el principio de igualdad ciudadana a la igualdad racial. Con Martí el discurso nacional alcanza su cristalización más perfecta; se retoman los valores fundacionales, se reformulan algunos, se radicalizan otros y se incluyen nuevos. La identidad nacional queda definida, más que desde lo cultural, desde la soberanía política.

Se trata de un pensamiento francamente antirracista, valor que queda plasmado tanto en las bases del Partido Revolucionario Cubano como en el Manifiesto de Montecristi. 20Asimismo incorpora una precaución casi obsesiva contra algunos rasgos del pasado reciente: la tentación anexionista (considera el antiimperialismo una condición esencial para la constitución de una república independiente y democrática), la inutilidad del autonomismo y, sobre todo, el peligroso fantasma del militarismo que entorpeció el camino durante la primera guerra.