Cecilia Bobes León - La nación inconclusa

Como ha demostrado Castoriadis, los símbolos son efectivos porque son imprecisos, por tanto contribuyen a dar realidad a las fronteras de la comunidad con la suficiente fluidez como para que los mismos significantes sean dotados de diversos significados y viceversa (Castoriadis, 1989). La nación, como comunidad imaginada, se construye en un largo proceso cuyos avatares deciden en cierto sentido las formas que asumirá. Por ende, la identidad nacional no es un substrato ontológico fijo en el tiempo, sino un constructo flexible y cambiante, pero siempre es también un terreno de competencia, y es en el espacio público y en sus discursos político–intelectuales donde los diversos grupos ponen a disputar diferentes concepciones de nación.

La definición pública de nación tiene lugar en la intersección de la cultura y la política. Implica, además de una conciencia de pertenencia común, el reconocimiento intersubjetivo de identidad que se produce en un proceso dinámico y cambiante en el que intervienen la memoria colectiva (invención de la tradición), las instituciones estatales (a través de la fijación de símbolos y rituales como las banderas, los himnos, las fiestas patrias, el lenguaje oficial, etc.), las instituciones educativas, y el discurso público de la sociedad civil.

Esto permite comprender en qué medida las construcciones simbólicas de la nación y la identidad nacional se convierten en criterios constitutivos y legitimantes de las inclusiones y exclusiones ciudadanas. De alguna manera, las diferentes tradiciones de concebir a la nación impactan sobre los límites y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Así, por ejemplo, en los contextos revolucionarios (caso de Francia) la nación surge propiamente a partir de una base institucional y territorial del Estado, por lo cual la unidad política (y no cultural) es el criterio básico de la pertenencia, lo que conlleva una tendencia a la inclusión y la asimilación cultural de la diferencia, mientras que en otros contextos (caso de Alemania, por ejemplo) la idea cultural de nación (no ligada al ideal abstracto del ciudadano) es la que fundamenta la constitución de un Estado. En estos casos la unidad cultural y/o étnica es previa y de ella se deriva la unidad política (Brubaker, 1989).

Pero no es la nación la única constelación simbólica que impacta la constitución y el ejercicio de la ciudadanía. Como hemos apuntado antes, el ejercicio de derechos ciudadanos involucra la existencia de valores que orienten las conductas políticas desde las virtudes del juego democrático. Por esta razón constituye un ideal y un valor cultural de la modernidad; supone no sólo la autoconciencia de los propios derechos sino el compromiso a reconocer los del otro. En este sentido compendia virtudes (tolerancia, pluralismo, igualdad, justicia, solidaridad, etc.) necesarias para la convivencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Consecuentemente, los valores sustantivos de cada cultura, en particular los de la cultura política, impactarán tanto en la definición de los derechos, como en los criterios de inclusión y exclusión de la ciudadanía.

La cultura política de la modernidad, que por primera vez imagina al ciudadano en su sentido moderno , opera a partir de narrativas y códigos simbólicos basados en el universalismo, el igualitarismo y la autonomía individual que constituyen también bases de la identidad política ciudadana. Asimismo valores de la cultura política, como la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, el respeto a las instituciones y sus reglas y a las autoridades legítimamente constituidas, favorecen el funcionamiento de los regímenes democráticos.

Diversas lógicas y mecanismos que subyacen en la definición de la nación impactan en modos también distintos de establecer los límites de la pertenencia. Las lógicas cívicas construyen modelos de ciudadanía basados en la comunidad de la ley, la lealtad a las instituciones del Estado, la adhesión voluntaria a un conjunto de principios (valores de cultura cívica) e instituciones, lo que favorece criterios laxos para la asimilación. Las lógicas étnicas constituyen visiones orgánicas de la nacionalidad basadas en factores naturales como el linaje, la lengua o la geografía (Zimmer, 2003).

No se puede dejar de considerar, por último, que la cultura política de cada nación es también heterogénea porque supone la coexistencia de diversos modelos de orientación que fundan un orden, en el cual, alguno de ellos domina sobre los otros y puede definir la lógica que predomina. Éste es un proceso donde intervienen actores diversos así como órdenes institucionales diferentes que privilegian un repertorio de valores por encima de otros.

Junto a esto, si desde la perspectiva institucional y procedimental, la ciudadanía se define por un conjunto de derechos y de mecanismos legales para ejercerlos, su dimensión simbólica apunta además a las narrativas que definen los criterios más generales de pertenencia a la nación y al conjunto de valores sociales (tolerancia, pluralismo, autonomía) que configuran la cultura política peculiar de cada grupo; pero también esta dimensión incluye a las virtudes que generan (o pueden generar) una solidaridad social inclusiva. Desde esta perspectiva, es imposible completar el análisis del espacio simbólico de la ciudadanía sin hacer una referencia a las nociones de espacio público y sociedad civil, ya que en estos ámbitos también se producen inclusiones y exclusiones, al igual que en el de la ciudadanía.

Lo que pretendo demostrar con la inclusión de estas dimensiones es que: a) las narrativas que circulan en el espacio público como demarcadoras de la pertenencia a la sociedad civil contribuyen a instituir límites al ejercicio ciudadano; y b) que los propios modelos de ciudadanía que han prevalecido en los sistemas políticos modernos dimanan de la institución imaginaria de la división público privado y de la propia forma en que se concibe la esfera pública.

Respecto a lo primero, como ha explicado Alexander (2000a), existe un discurso que define el corazón de la sociedad civil, el cual está compuesto por antinomias que califican la cualidades positivas y negativas que demarcan y legitiman las inclusiones y exclusiones y, por lo tanto, la pertenencia a la sociedad civil y —yo agregaría— el tipo de personas que deben ser incluidos de manera legítima en la categoría de ciudadanos (o al menos de “ciudadanos de primera”). Estos metalenguajes —que comparten y emplean los miembros de la sociedad civil— definen a través de un código binario simple (amigo/enemigo, puro/impuro, sagrado/profano) quiénes son los que deben ser excluidos y reprimidos y quiénes los encargados de reprimir y excluir (Alexander, 2000a).

Siguiendo al mismo autor, la sociedad civil, en cuanto espacio de solidaridad, no es una realidad sino un ideal utópico siempre perseguido y nunca alcanzado completamente (Alexander, 2000b). En este sentido puede decirse que los criterios de inclusión–exclusión (al igual que los de la ciudadanía) van sufriendo modificaciones, ampliaciones y/o restricciones sucesivas como resultado de las luchas de los diversos movimientos sociales, los cuales mediante el logro de la circulación de sus contra discursos en el espacio público, contribuyen a modificar los contenidos empíricos asociados a las cualidades positivas de pertenencia a la sociedad civil.

Es desde esta perspectiva que se puede afirmar que la estructuración del espacio público pertenece con pleno derecho a la dimensión simbólica de la ciudadanía. Es en el espacio público donde circulan los discursos que actualizan la nación en su simultaneidad pasado presente; donde se elaboran las representaciones colectivas que le dan sentido al sentimiento de tradición y pasado comunes, donde se naturalizan como nacionales las obras del arte y la literatura que definen al “nosotros”, donde se produce la mínima autoevaluación necesaria para la distinción de los miembros (más o menos virtuosos, generosos o heroicos). Por ello, la aspiración de crear un espacio público plural y democrático ha sido uno de los mayores estímulos para la acción colectiva ciudadana, la cual, a su vez, tiene lugar en la esfera pública como espacio de comunicación (disputado) de la sociedad civil. Consecuentemente puede afirmarse que de la fortaleza o debilidad de esta esfera de debate y discusión depende en gran medida el grado de empoderamiento real de la ciudadanía.