Velia Cecilia Bobes León - Política migratoria en México - Legislación, imaginarios y actores

Velia Cecilia Bobes León

Ana Melisa Pardo Montaño

Introducción

1 Una visión integral (el modelo)

2 La construcción imaginaria de la migración y del migrante y su impacto sobre la legislación y la percepción sobre la migración

3 La dimensión procedimental

4 Actores estatales

5 Actores no estatales

6 Los propios migrantes. Caracterización de la población extranjera residente y de tránsito por México

7 A modo de conclusión. Engarzando las piezas: claroscuros de una política, avances y pendientes

Fuentes

Anexos

Notas

Créditos

Si bien por el tratamiento que México da a su diáspora se le ha definido como un “Estado transnacional” (Levitt y Glick, 2004), [1]que muestra voluntad de conceder y proteger derechos e impulsar políticas que mejoren las condiciones de sus migrantes, la realidad es muy diferente respecto al trato que otorga a las personas que recibe. El texto que presentamos aquí aporta avances en el análisis de esta otra cara de la migración.

La migración en México constituye un fenómeno muy complejo que combina flujos y procesos diversos, de ahí que, cuando se estudia e interpreta la política y gestión migratoria, sea necesario partir de que México es un país de expulsión, recepción, tránsito y retorno. Aunque de tales procesos el de la expulsión es el de mayor envergadura, conviene señalar que —sobre todo durante las últimas décadas— el tránsito y la recepción han mostrado una tendencia al aumento y la complejización.

Así, la expulsión y retorno de migrantes mexicanos y los problemas que originan son cuestiones de gran importancia, pero los procesos de recepción y tránsito han ido creciendo y reclaman la atención de autoridades y sociedad. En la actualidad existen grupos de migrantes cada vez más numerosos que transitan por territorio mexicano, en sus intentos para ingresar de modo irregular a los Estados Unidos, y muchas veces permanecen en México por largos periodos. Desde la década de los ochenta se ha observado el incremento de estos migrantes de tránsito procedentes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: alcanzaron la cifra de cuatrocientos mil en 2005, para luego estabilizarse en alrededor de ciento cuarenta mil, en los años posteriores (Rodríguez, 2011: 2).

El crecimiento de los flujos migratorios de tránsito irregulares también ha influido en los procesos de recepción, dado que algunos de estos migrantes se han establecido en territorio mexicano de modo permanente. Asimismo, y aunque tradicionalmente México no ha sido un país de inmigrantes, es de notarse un reciente y paulatino incremento de la inmigración, lo que evidencian los datos censales de 1990, 2000 y 2010, periodo en el cual hubo un aumento de 0.4% de extranjeros respecto del total de la población censada, que fue de 0.5% para 1990 y de 0.9%, aproximadamente, en 2010. La mayor parte de esta población procede de Estados Unidos [2]y Guatemala, aunque también destacan otros grupos: españoles, argentinos, colombianos, cubanos y venezolanos, entre otros (Pardo y Dávila, 2014).

La estrategia fundamental del gobierno mexicano para enfrentar el aumento de la migración irregular de tránsito fue la de establecer controles cada vez más estrictos a lo largo de la ruta, para detener el flujo e impedir que llegara a la frontera; por esto muchos se preguntaron si se estaba convirtiendo a México en “portero” de Estados Unidos. Sin embargo, la creación de controles no ha disminuido los tránsitos irregulares y a cambio ha elevado la vulnerabilidad y los peligros de la travesía, ya que los migrantes se arriesgan por rutas menos transitadas y vigiladas, donde son víctimas de asaltos, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado y de tratantes de personas.

Ante esa situación, a partir de las décadas de 1980 y 1990 se emprendieron acciones desde la sociedad para atender y apoyar a migrantes de tránsito, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, destacándose la creación de asociaciones civiles o de asistencia privada de las que son ejemplo Sin Fronteras, la Casa Espacio de Refugiados, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), y las casas del migrante, sostenidas por la Iglesia católica. Con esto se amplió el espectro de actores involucrados tanto en el debate como en el trabajo de ayuda y protección a los migrantes y se ciudadanizó [3]la discusión del fenómeno migratorio.

Es bueno recordar que este debate comienza en un contexto en el que los problemas migratorios no ocupaban un lugar central en las estrategias estatales. Antes de 2011, no existía una ley específica para regir los asuntos migratorios, sino que estos se conducían con la normatividad de algunos capítulos de la Ley General de Población (lgp) de 1974. Esta legislación se había concebido como un instrumento de “protección de los intereses económicos y laborales de los mexicanos”, lo que generó una visión restrictiva y selectiva de la inmigración que promovía la internación al país solo de los extranjeros que beneficiaban la cultura, la economía o las artes nacionales, mientras que se negaba el ingreso a los que se presumía que lesionarían los intereses de los nacionales.

Las principales críticas a esta legislación insisten en su “restrictividad” selectiva —la cual establece un implícito de extranjeros deseables , por su solvencia económica o sus altos niveles educacionales—, su ambigüedad frente al reconocimiento de los derechos de las personas con independencia de su condición migratoria, su inserción en un discurso de seguridad nacional y la exclusión política de los migrantes, así como en su tendencia a criminalizar la migración irregular, la falta de una legislación conducente al debido proceso y, consecuentemente, a las deportaciones arbitrarias. Todo esto sumado a la concentración de los poderes de decisión en materia migratoria en la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyos funcionarios han ejercido su autoridad discrecionalmente.

Estas críticas fueron señaladas por diferentes actores. Desde la sociedad civil, la academia y los organismos de defensa de los derechos humanos se han alzado voces que reprochan al Estado mexicano su actitud diferenciada en su consideración de los migrantes, aplicando un rasero muy diferente a los que recibía que el exigido a sus nacionales en el exterior. Impulsado por los reclamos de la sociedad civil nacional y transnacional, por los compromisos suscritos con tratados internacionales y las propuestas de la agenda política global sobre la migración, el Estado mexicano se ha visto obligado a revisar su política migratoria, a emprender acciones para corregir su estrategia al respecto y a modificar el marco normativo de la migración. Ahora la estrategia se acompaña de una renovación discursiva que declara un compromiso de respeto a los derechos humanos de los migrantes, lo cual se refleja en los principios rectores de la nueva ley de migración.

Así, en los últimos años se aprecia un cambio en la aproximación del Estado mexicano al problema de la migración, tanto a nivel normativo como en el de la política pública. A partir de las críticas a sus políticas y prácticas, y frente a las circunstancias de cambio y aumento de la complejidad de una migración que muestra la confluencia de grupos de refugiados, migrantes de tránsito y un crecimiento de migrantes provenientes de América Latina, el debate sobre los derechos de los inmigrantes se intensifica. [4]Asimismo, el gobierno mexicano ha firmado tratados, protocolos y convenciones internacionales e interamericanas de derechos humanos, además de los muchos acuerdos y protocolos dedicados a la protección de grupos vulnerables (mujeres, niños) y al combate de la trata de personas y de la discriminación. En particular ha suscrito e incluso promovido activamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares —enfocada a la protección de los derechos humanos, y el acceso a la salud, educación y protección física y psicológica de las personas migrantes—, por lo que se ha visto compelido a asumir los compromisos adquiridos por la firma de estos acuerdos y, en consecuencia, a modificar su legislación en materia de migración. En este contexto, la innovación más sustancial en política migratoria del Estado mexicano es, sin duda, la Ley de Migración (lm).