Velia Cecilia Bobes León - Política migratoria en México - Legislación, imaginarios y actores

Existen diferentes discursos que topan con el tema migratorio, por lo que es posible clasificarlos de manera general para poder distinguir entre ellos: el discurso oficial (el hegemónico), los discursos culturales identitarios, que definen desde la propia identidad al extranjero o al otro, y aquellos que produce la sociedad civil (ámbito “asociacional”). Los discursos oficiales pueden analizarse mediante las diversas legislaciones migratorias en relación con su contexto histórico, mientras que los discursos culturales identitarios se plasman en el arte, la literatura, las ciencias sociales y, en general, en la cultura. Finalmente, los que aquí distinguimos como discursos de la sociedad civil pueden revisarse a partir de estudios de opinión y de los pronunciamientos de los actores sociales organizados, en particular, de las organizaciones que trabajan con migrantes. [2]

No es posible analizar las políticas migratorias de un país sin comenzar por entender las construcciones simbólicas de la nación y la definición de la identidad nacional. [3]Como es sabido, la nación es una “comunidad imaginada” (Anderson, 1993) que legitima la soberanía de un Estado nación y fija los límites de la inclusión. En este sentido, los Estados establecen fronteras territoriales a partir de las cuales se norma, entre otras cosas, la movilidad de las personas. Las políticas de migración —entonces y aún en la época de la globalización— siempre refieren al Estado nación.

También en el ámbito subjetivo y de la autopercepción se fijan fronteras ideales que delimitan la comunidad de pertenencia, [4]es precisamente por eso que la otredad y la diferencia son esenciales [5]para la identidad nacional, una construcción simbólica, siempre asociada a un tipo de solidaridad que se logra a través de un discurso (ideológico) que justifica la existencia del grupo, las más de las veces en una relación de conflictividad con enemigos definidos ( nosotros y ellos ). Tal discurso estará conformado por una valoración del criterio mismo de identificación y pertenencia (en este caso la nación), y por una narrativa que relate una historia compartida, lo cual constituye siempre un ejercicio de legitimación.

Por su parte, el Estado nación, por medio del conjunto de derechos y obligaciones que configuran la ciudadanía, delimita quiénes son los miembros de la comunidad política y cuáles los alcances de su participación en los procesos políticos, económicos y sociales. Asimismo, fija las regulaciones en torno a la movilidad de las personas y los criterios para la recepción de migrantes. En la confluencia de la construcción simbólica de la nación, la definición de la identidad nacional y la relación entre individuo y Estado definida por la ciudadanía, se conforma un complejo proceso de inclusión y exclusión, que se refleja, entre otros, en el trato al extranjero y las políticas de migración. [6]

Las diferentes tradiciones de concebir a la nación impactan los límites de inclusión y exclusión de la ciudadanía y la nacionalidad. Así, por ejemplo, en los contextos revolucionarios (como en México) la nación surge propiamente a partir de una base institucional y territorial del Estado, por lo cual la unidad política, y no la cultural, es el criterio básico de la pertenencia, lo que conlleva a una tendencia a la inclusión y la asimilación cultural del extranjero, mientras que en otros contextos (en Alemania, por ejemplo), la idea cultural de nación —desligada del ideal abstracto del ciudadano— es la que fundamenta la constitución de un Estado. En estos casos la unidad cultural y/o étnica es previa y de ella se deriva la unidad política (Brubaker, 1989).

En cuanto a México, existe una importante aunque no demasiado extensa literatura que se ha ocupado de rastrear los discursos identitarios y su relación con las políticas migratorias para analizarlos a través de la historia. [7]Para los efectos de nuestro análisis nos concentramos en los principales constructos simbólicos e ideologías que históricamente han definido los ideales de migración, lo que la ha determinado en los rumbos de sus regulaciones. De esos análisis, y asumiendo que los marcos normativos y legales expresan valores y representaciones sociales, podemos concluir que históricamente, la legislación migratoria ha dado cuenta de la oscilación entre las filias y las fobias al extranjero en la sociedad mexicana (Salazar, 2006), así como de su particular tendencia selectiva.

Comenzando por el siglo xix y al igual que en otros países de América Latina, en el México posindependiente, las élites animadas por las corrientes de pensamiento en boga, como el positivismo, la eugenesia, etcétera, eran proclives a fomentar una inmigración blanca que se consideraba favorable a los propósitos civilizatorios; la idea de blanquear la sociedad era sinónimo de modernidad y adelanto. El modelo de desarrollo y la idea de nación estaban marcados por los paradigmas de modernidad y progreso, [8]y tras los ideales liberales de igualdad, en realidad descansa una profunda división jerárquica entre los ricos, los catrines, la “gente decente” (occidentales, blancos y modernos) y el populacho, los pobres, el pueblo bajo, a los que se atribuían patologías y vicios que los convertían en un obstáculo para el progreso (Pérez, 2005).

Aunque este debate proinmigración blanca coexistió con un cierto rechazo al extranjero —motivado por las experiencias de invasión y guerra con España, Estados Unidos y Francia—, las primeras leyes migratorias se plantearon como leyes de colonización, cuyo objetivo apuntaba a la necesidad de poblamiento de las regiones rurales (sobre todo del norte del país) como factor de civilización y desarrollo, pero también como defensa del territorio mexicano. Estas medidas, no obstante, no redundaron en un aumento de la inmigración, la cual se mantuvo en niveles muy bajos.

Es a fines del siglo xix cuando sobreviene un aumento de la inmigración motivado por una política que estimulaba la llegada de extranjeros con propósitos de colonización e inversión; por ello el periodo 1880-1910 ha sido caracterizado como el de “mayor libertad inmigratoria” (Salazar, 2009: 58). Sin embargo, hay que señalar que aun en estas condiciones puede apreciarse la ambivalencia y selectividad de las políticas y de la valoración de los extranjeros en México. El Estado y las élites porfirianas favorecían la inversión y la inmigración europea y estadounidense, pero con esto coexistirá el temor entre los trabajadores a la competencia de los recién llegados en el plano laboral y la xenofobia, discriminación y explotación de contingentes de jornaleros guatemaltecos, canarios o chinos (Salazar, 2009). En este periodo, tanto entre las élites como entre las clases populares, se difunden sentimientos antiinmigrantes que alcanzan su máxima expresión en actos brutales como la matanza de más de trescientos chinos en Torreón en 1911. Esta masacre expresa la existencia de una visión racista y xenófoba a partir de la cual se habían implementado políticas migratorias selectivas que, por una parte, seguían estimulando el arribo de blancos europeos, pero advertían sobre la necesidad de impedir el ingreso a extranjeros nocivos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el moral. [9]De esta manera, la ley de migración aprobada en 1909 refrendaba la libre internación de personas provenientes de otros países que no fueran portadoras de enfermedades, malas costumbres, tendencias viciosas, etcétera. A pesar de ello, la inmigración aumentó, ya que el proyecto porfirista alentaba la inversión foránea y ofreció facilidades a capitales y ciudadanos franceses, británicos y estadounidenses. [10]

El verdadero punto de inflexión de esta política viene de la mano de la Revolución y la Constitución de 1917. A partir de estos años es posible constatar cambios en la definición de la identidad nacional, en la ideología del Estado, en el proyecto de nación y en el marco normativo. El pivote de estos cambios se encuentra en el llamado “mito del nacionalismo revolucionario mexicano” (Bartra, 1987).