Cecilia Bobes León - La nación inconclusa

Independientemente de cuál sea el modelo de ciudadanía que prevalezca en un contexto determinado, de manera general puede afirmarse que, debido a que esta noción se construye a través de un proceso de inclusión–exclusión, implica tangencial o directamente un ideal de igualdad y universalidad no exento de tensiones y conflictos. El primero de ellos, referente al hecho de que la cultura moderna se fundamenta en valores universales , pero estos valores se codifican como derechos individuales (ciudadanos). En su condición de universalidad, la ciudadanía es el criterio que unifica a los individuos particulares en su relación con el Estado y proporciona un criterio de homogeneidad que permite ignorar las desigualdades (económicas, culturales, religiosas, de género) que persisten entre los individuos. Por ello, la nación (definida políticamente) entra a jugar un rol constitutivo de la identidad individual. La ciudadanía implica un sentimiento de pertenencia y una membresía real a una comunidad, basado en la lealtad a una civilización (o una cultura) considerada una posesión común. Constituye, por tanto, una identidad que dimana de la práctica y el ejercicio activo de derechos y, en este sentido, trasciende las propiedades étnicas, lingüísticas o culturales específicas.

Ahora bien, como todo proceso de inclusión, la homologación de todos los individuos en una nueva identidad política (la ciudadanía) supone también exclusiones diversas. Más aun, en tanto la definición ciudadana opera con un código universal e igualitario, esto le permite (y a la vez le obliga a) ignorar ciertas diferencias que constituyen en la práctica fuentes de desigualdad y exclusión.

La nueva identidad que surge de la condición de ciudadano es política en su naturaleza e implica derechos de igualdad y universalidad, además de una relación directa de cada individuo con un estado cuya existencia está referida a la garantía de tales derechos. A su vez, la institución estatal representa a una comunidad imaginaria (la nación) que la legitima y la define simbólicamente. Así, la universalidad de la ciudadanía refiere simultáneamente a dos dimensiones: La primera (que aquí enuncio como procedimental ) implica la codificación de derechos para todos los miembros de la comunidad. Derechos que no distinguen diferencias ni particularismos entre los diversos grupos o individuos, por lo que la igualdad supone leyes “ciegas” a cualquier diferencia o peculiaridad (Young, 1996). La segunda es la construcción simbólica en que se sustenta una idea de nación y se establecen criterios o virtudes de pertenencia.

Si estamos de acuerdo en que la ciudadanía constituye un rol permanente en la sociedad que siempre implica una adhesión a instituciones definidas desde el Estado, es evidente que la identidad ciudadana supone y asume una nación. Ya que los derechos surgen de la membresía a una comunidad política, implican sentido de pertenencia y, con ello, una forma de autoconciencia. Tal conciencia nacional constituye una condición para la efectividad del marco legal del estado, por ello, dentro de la dimensión simbólica de la ciudadanía, la nación ocupa un lugar central.

Como ha sido demostrado por Durkheim desde Las formas elementales de la vida religiosa , dentro de los constructos simbólicos que ocupan un papel crucial en las clasificaciones que organizan las relaciones sociales modernas, la distinción entre lo sagrado y lo profano constituye la base primaria de la autoridad y la moral sociales. Tal división simbólica organiza el mundo social en dos esferas; una que unifica todo lo que es cotidiano, mundano y, por tanto, susceptible de ser criticado, cambiado o modificado, y otra —el ámbito de lo sagrado— que por su propio carácter configura un espacio trascendente de reverencia y temor. En este espacio, la autoridad moral se torna acción a través de la creación de un conjunto de prácticas rituales que reactualizan cada vez lo sagrado y, con ello, producen fuertes sentimientos de comunalidad.

De esta misma manera, las naciones son comunidades construidas por sus participantes. Son comunidades imaginadas (Anderson, 1990), que en la modernidad sustituyen a la religión en su función de producir identificación colectiva. En este sentido se ha dicho que funcionan como religiones civiles que ponen en relación a las instituciones políticas del Estado Nación con estructuras trascendentes que les otorgan a aquéllas un “sentido último”. También a través de rituales producen formas de solidaridad que generan y justifican acciones expresivas y emocionales.

Dada su naturaleza de construcción simbólica que induce sentimientos de afinidad, orgullo y tradiciones compartidas, la nación es la primera fuente de identidad colectiva en el mundo secularizado y anónimo de la modernidad. Tales comunidades imaginadas, se figuran siempre soberanas (por lo tanto “sueñan” con un Estado que garantice esa soberanía) y limitadas por fronteras finitas (aunque flexibles) más allá de las cuales existen otras naciones.

Desde esta perspectiva, la nación de suyo supone simultáneamente una “objetividad” que naturaliza lo nacional (el Estado) y una subjetividad colectiva que le confiere valor afectivo. La identidad nacional constituye el nexo entre la construcción simbólica colectiva y la apropiación individual a nivel emocional. Por ello, se instituye en un espacio intermedio entre la cultura y la política, lo cual explica la necesidad de discutir una dimensión política. Si bien otras formas de identidad colectiva nos permiten quedarnos en el ámbito de la cultura en general, al agregarle el referente de pertenencia “nacional” nos enfrentamos a algo que implica fronteras, las cuales, al menos en el mundo moderno, siempre refieren a una definición política y, en la mayoría de los casos a un Estado Nación (ya existente o construible). A su vez, la referencia nacional ha sido uno de los más importantes factores legitimantes de tal forma de organización política, ya que es el mecanismo principal para fundar —al interior del territorio políticamente delimitado— un campo homogéneo dentro del cual las prácticas de los individuos y los sentidos subjetivos asociados a ellas garanticen la identificación de los mismos con las instituciones. En este sentido, la nación no sólo cumple la función psicosocial de otorgar a los individuos un principio clasificatorio que los iguala al conjunto de los hombres que comparten su espacio social y los identifica con una tradición cultural, un pasado común y un proyecto de futuro también común, sino que cumple además la función claramente política de dar integración y cohesión a la sociedad y legitimación a un cierto orden.

Si algún proceso de construcción simbólica necesita de la existencia del otro, ese es la identidad. La otredad y la diferencia son esenciales para definir un sí mismo que sólo en estos términos —en tanto diferente del otro— puede percibir su mismidad. Juntas, identidad colectiva y nación, forman un dispositivo simbólico de gran valor emocional, al interior del cual las fronteras se vuelven subjetivas y se tornan encuentro con el otro.

Es precisamente por eso que la identidad nacional siempre está asociada a un tipo de solidaridad conseguida a través de un discurso (ideológico) que justifica la existencia del grupo, las más de las veces en una relación de conflictividad con enemigos definidos (“nosotros” y “ellos”). La identidad colectiva siempre se presenta como un horizonte de significación que refiere al sí mismo y que versa sobre sí mismo, por lo tanto precisa apelar a la volición, es decir a la definición, por parte del interesado, de un campo de valores que represente lo común (Belanger, 2001). Por eso precisa un discurso, al cual hay que hacer referencia en cuanto forma parte constitutiva de la propia identidad. Tal discurso estará conformado por un ámbito de valoración del criterio mismo de identificación y pertenencia (en este caso la nación); y por una narrativa que relate una historia compartida; lo cual constituye siempre un ejercicio de legitimación. Tal ejercicio ha sido elaborado principalmente en la sociedad política y por los participantes en un espacio público de discusión.