Cecilia Bobes León - La nación inconclusa

El análisis está organizado desde una perspectiva histórica. En la primera parte se emprende una exploración minuciosa de las construcciones simbólicas y procedimentales de la nación y la ciudadanía, desde sus antecedentes en la etapa de las guerras por la independencia de Cuba hasta el fin de la República en 1959. La segunda parte lleva la reflexión hacia las transformaciones experimentadas a partir del cambio revolucionario, para llegar a dilucidar cuál es el imaginario ciudadano que prevalece en la Cuba de hoy y cuál ha sido el impacto del nuevo orden normativo en la conformación de una constelación simbólica que contribuya a explicar los acontecimientos políticos actuales. Finalmente, pienso que, más que un ejercicio académico y una contribución al conocimiento, esta reflexión en torno a los valores políticos que promueve y favorece la legislación cubana actual sobre derechos y deberes ciudadanos, podría contribuir a precisar en qué medida esos valores constituyen hoy obstáculos (o no), para el establecimiento de una sociedad democrática y plural. ◆

El recorrido que pretendo hacer sobre las sucesivas reconstituciones de la ciudadanía y la nación cubanas constituye una empresa ambiciosa que sólo puede llevarse a cabo al precio de resumir y esquematizar un largo proceso histórico. Por ello me parece indispensable comenzar la exposición clarificando los nudos teóricos principales que me han de servir para organizar la reflexión sobre la historia política del país a través de este hilo conductor.

Parto de la convicción de que la discusión en torno a la noción de ciudadanía no sólo se inserta perfectamente dentro del debate teórico en sociología, ya que forma parte del análisis de las condiciones de integración social y los mecanismos de solidaridad, sino que implica además —directa o indirectamente— al resto de las nociones claves de la sociología política; la nación, el espacio público, la cultura política y la sociedad civil.

El modelo que presento aquí intenta explicitar las conexiones entre las diversas dimensiones analíticas de las cuales se sirve. Comenzando por la ciudadanía, se parte de la idea de que, más allá de lo electoral, esta condición supone un conjunto de prácticas legales, simbólicas y asociativas a través de las cuales se “actúan” los criterios de inclusión–exclusión dentro de cada sociedad concreta. Es por ello que el tratamiento que propongo articula lo político y lo social, lo institucional y lo imaginario.

La historia de la ciudadanía hunde sus raíces en la antigua democracia de la Polis griega, desarrollándose a través del derecho natural cristiano hasta llegar a la emergencia de las teorías del contrato social y el ulterior desarrollo de su versión propiamente moderna. A pesar de este enorme bagaje histórico, desde la perspectiva de este trabajo, la ciudadanía será considerada sólo en tanto construcción histórica que responde a la articulación moderna de la sociedad.

En este sentido, la constitución de la ciudadanía se encuentra asociada a la aparición de fenómenos como el mercado —y el predominio de las relaciones contractuales que éste conlleva— y los procesos de secularización que suponen tanto la auto institución de lo político como su distinción de lo social. A estos procesos se añaden la industrialización, la urbanización y la movilidad social que condicionan el tránsito de la sociedad tradicional a la moderna. En esta compleja trama se origina el descubrimiento del individuo como la realidad social básica y, con ello, un cambio en las relaciones de autoridad medievales, cuya característica más conspicua es el surgimiento de estados nacionales y la prevalencia de pautas igualitarias e individualistas de relación (Bendix, 1974).

En este proceso, al abrirse paso la institución imaginaria de la modernidad —caracterizada por el individualismo moral como principio rector— los antiguos valores adscriptivos y comunitarios dejan de ser principios de integración y cohesión colectiva, lo que origina que la relación entre el individuo y la sociedad se torne tensional. La modernidad instituye la idea (voluntarista) de pertenencia, con lo cual la elección se torna elemento central de la subjetividad. Así se transforma la relación de poder típica del medioevo, desplazándose de los cuerpos sociales al individuo.

La identidad individual comienza a ser problemática desde el momento en que el individuo ya no se autodefine por su adscripción a estamentos y corporaciones, sino a partir de sí mismo como ente autónomo. En estas circunstancias, los principios de igualdad y libertad —que presiden normativamente la transformación social— se concretan en la noción de ciudadanía y en un conjunto de derechos legales que unifican a los individuos particulares, ofreciendo una nueva fuente de identificación con un Estado a cuya existencia está referida la garantía de tales derechos (Marshall, 1965). La noción moderna de soberanía se concreta así en un ideal de autonomía que lleva a la igualdad política y finalmente se concretará en el sufragio.

Esta referencia al Estado refuerza la visión procedimentalista que ha prevalecido en los estudios de ciudadanía. En efecto, en el plano de la civilidad, el establecimiento de los derechos ciudadanos condiciona una transformación en el estatus de lo político. Las instituciones políticas modernas funcionan como espacios de interacción donde se definen las inclusiones primordiales y, en ese marco, los derechos ciudadanos establecen los límites del poder sobre los individuos (su autonomía y sus libertades) a la vez que definen el control que esos individuos pueden tener sobre las instituciones de autoridad.

Estudiar entonces los diversos modelos legales en que se definen y establecen los derechos y los mecanismos efectivos que ofrecen los diseños institucionales para su ejercicio, es indispensable para caracterizar la ciudadanía. No obstante, el análisis institucional por sí solo resulta insuficiente para comprender de manera cabal los procesos de participación política, y debe ser complementado con una reflexión en torno a los procesos simbólicos asociados a ella, dado que es preciso tener en cuenta que las instituciones no sólo generan incentivos y trabas al sistema político, sino que —siendo espacios de interacción de los actores— reflejan además, los valores e ideales de una sociedad en un momento determinado. Así, el orden político siempre se constituye con referencia a un orden moral, a un sistema de valores, costumbres y usos que da sustento a las instituciones; por lo tanto, responder a la pregunta de por qué los individuos participan y el modo y el grado en que lo hacen, o por qué consideran legítima una autoridad, requiere no sólo de un análisis institucional, sino además de una exploración en torno a cuáles son las prácticas, los usos y los valores que prevalecen.

Nos encontramos entonces frente a un problema que —para ser analizado— debe considerar al menos dos dimensiones: una procedimental —que refiere a los derechos y los mecanismos necesarios para ejercerlos, así como al sistema concreto de relaciones en que se ejercen tales derechos— y otra simbólica que nos conecta con el ámbito del ideal de la pertenencia a la comunidad ciudadana y, de manera más general, a la esfera sociocultural en su conjunto. Ambas dimensiones implican inclusión pero también exclusión.

Desde la perspectiva procedimental, según el esquema de Marshall (1965), históricamente la ciudadanía se ha ido expandiendo a través de diferentes “olas” a partir de una progresiva ampliación de lo público nacional. En cada una de estas olas un nuevo segmento de la población de la nación se ha incorporado a la categoría de ciudadano y al ejercicio de los derechos y obligaciones codificados en esta condición.