Para canalizar la actividad de incidencia política, pero también para el reconocimiento mutuo, intercambiar información entre las OTS y generar una imagen común y un sentido de pertenencia, se han creado diferentes plataformas de organizaciones del TS en los diferentes niveles (local, regional y estatal) y centradas básicamente en un solo sector de actividad. Así, junto a las mencionadas plataformas nacionales (Plataforma del Tercer Sector y CEPES), existen otras plataformas nacionales más especializadas, como la Plataforma de ONG, CERMI (para personas con discapacidad), REAS, a las que se suman las plataformas de ámbito regional como PTS en Murcia, Aragón, Valencia, Saren Sarea en Euskadi, Taula del Tercer Sector en Cataluña.
Las OTS constituyen una realidad muy heterogénea. Compiten o cooperan entre ellas en función del asunto que se vaya a abordar. Las OTS presentan un reducido nivel de colaboración directa entre sí, aunque a veces forjan alianzas en actividades de promoción o cooperan en determinadas áreas. El estudio OTS (2012) indicaba que el 80% de las OTS reconocen colaborar poco o nada con las otras OTS y el 70% indican que apenas conocen la actividad de las demás. Por otra parte, tienden a competir con otras OTS por los fondos y contratos de las administraciones públicas.
La cooperación con las empresas privadas tradicionales es aún de dimensiones reducidas y se concentra en las OTS de mayor tamaño, más conocidas y que trabajan en los sectores socialmente más visibles y aceptados. «Las empresas que quieren patrocinar una OTS prefieren presentar en sus carteles de patrocinio a las más grandes, conocidas y mejor valoradas, como Cáritas, en lugar de a las pequeñas y desconocidas, o incluso a aquellas que trabajan en áreas sensibles como es nuestro caso, que trabajamos con presos y exreclusos (entrevista con un directivo de TS, 4/2015). Por otro lado, continúan predominando los estereotipos en ambos campos, las OTS creyendo que las empresas tradicionales son entidades alejadas de la ética y que hay que convencerlas para ser socialmente responsables. El OTS de Euskadi indicaba que el 47,9% de las OTS reconocían no mantener ninguna relación con el sector empresarial, salvo con las cajas de ahorros, que presentan una situación singular. Las fundaciones de las cajas de ahorros mantienen una alta capacidad para organizar cooperación, por ejemplo la Fundación La Caixa financia proyectos de medio y largo plazo y organiza la cooperación entre numerosas OTS.
2.6. Entorno legal10
Las formas jurídicas comunes de las OTS son las asociaciones, fundaciones y cooperativas. Existen ordenamientos jurídicos nacionales para cada una de estas formas jurídicas y una reglamentación específica del régimen fiscal. Además, gran parte de las diecisiete comunidades autónomas poseen una legislación específica propia; por ejemplo, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana tienen sus propias leyes sobre fundaciones, cooperativas y voluntariado. De hecho, el entorno legal de las OTS es complejo y se encuentra en continuo cambio 11.
Las OTS se enfrentan a obstáculos jurídicos en asuntos como la posibilidad de desarrollar su actividad en sectores específicos o en la legislación laboral relativa al personal remunerado en ciertos sectores. Las OTS tienen, por ejemplo, una barrera para entrar en el sector de las ambulancias. Por su parte, la nueva regulación sobre voluntariado ha introducido nuevas restricciones para el ejercicio del voluntariado, especialmente las que afectan a la necesidad de formación. Otro ámbito problemático para las OTS es el de la fiscalidad, en concreto, con el impuesto sobre el valor añadido.
Las OTS deben estar atentas a la nueva regulación que les afecta y a las interpretaciones sobre la ya existente. Así, proyectos de regulación sobre fundaciones, sobre subvenciones o sobre la nueva regulación del impuesto de sociedades, podían haber perjudicado seriamente a las OTS en su conjunto y a las pequeñas OTS en participar, con incrementos en burocracia y exigencias administrativas. En este contexto, según la Plataforma del Tercer Sector, el Anteproyecto que modificaba la Ley General de Subvenciones de 2013 podría haber hecho desaparecer el 90% de las OTS 12.
Otra barrera se sitúa en el acceso a fondos públicos, como el fondo nacional nutrido con el 0,7% del IRPF, que dispone de un importe anual de aproximadamente 200 millones de euros. El acceso a este fondo se ha tornado conflictivo en los últimos años entre las propias plataformas nacional y regional (catalana) de OTS. Hace años a quien se excluyó del acceso a este fondo nacional fue a las cooperativas no lucrativas, pese a cumplir el criterio de no distribución de beneficios. Los conceptos de «no distribución de beneficios» y de «objetivos no de lucro» requieren una clarificación al objeto de precisar mejor los límites del tercer sector. En este contexto, directivos de la Plataforma del Tercer Sector reivindican que se mantenga el criterio de «no distribución de beneficios», en su sentido estricto, como mayor rasgo definitorio del tercer sector (grupo de discusión, junio de 2016).
Por último, en el contexto de una nueva concepción europea de las licitaciones públicas, denominada public procurement , se está admitiendo la introducción de cláusulas sociales de inserción en las licitaciones públicas (Social Platform, 2015). Existe ya una incipiente regulación en España, aunque con dificultades para su extensión, por el argumento de que atentan contra la libertad de mercado. No obstante lo anterior, estas cláusulas son de escasa implantación.
2.7. Recursos humanos
Si se concibe la base social de las personas que integran las OTS desde una perspectiva amplia, esta integra cinco grupos de personas: los voluntarios, el personal asalariado, los socios, los destinatarios/usuarios de los servicios y las personas que realizan aportaciones económicas. Esta base social en su sentido amplio constituye el activo fundamental de estas organizaciones y, como tal, es un reto mayor la implicación y movilización de esta. Esta concepción permite diversificar la participación y establecer diferentes niveles de implicación y corresponsabilidad con la entidad y la sociedad (Vidal, 2013). Una base social activa y comprometida coadyuva a la implicación de los destinatarios, evitando el carácter asistencial de los servicios y permite plantear la transformación y la innovación social como estrategia de las OTS.
2.7.1. Voluntarios
El nivel de movilización y participación social ha sido tradicionalmente bajo en España: en 2014, el 85,2% de los españoles afirmaban que nunca han pertenecido a una organización de apoyo social o derechos humanos, el 73,1% a un grupo deportivo, el 75,8% a un grupo cultural o de ocio, el 87,6% a una organización/asociación religiosa, el 88,1% a una asociación juvenil o estudiantil y el 85,3% a otro tipo de asociación voluntaria. Solo un 8,5% de españoles afirmaban pertenecer ahora a un grupo deportivo, un 9,7% a una entidad cultural o de ocio y un 6,4% a una organización de apoyo social o derechos humanos (Barómetro del CIS n.º 3041, 10/2014). Sin embargo, la crisis y la solidaridad han hecho mella. El volumen global de voluntarios ha aumentado de modo sostenido en España en las OTS de acción social entre 2008 y 2013, pasando de 873.171 a 1.272.338. El 60% son mujeres. El 22,7% de estos voluntarios desarrollan su acción en las tres «entidades singulares» (Ruiz, 2015).
No obstante, la variación y composición de la base social ha sido diferente según tipos de OTS. Así, en las pequeñas OTS, se ha reducido el número de personas remuneradas y ha aumentado la proporción de voluntarios. Ha aumentado la proporción de OTS que solo cuentan con recursos voluntarios (son ya el 18,5% del total de OTS). Las medianas y grandes OTS han aumentado proporcionalmente más el número de voluntarios. Se ha producido un incremento del voluntariado de modo paralelo a los ajustes en el trabajo remunerado, lo que hace pensar en un cierto trasvase de trabajo del remunerado al no remunerado (Ruiz, 2015). Las personas voluntarias dedican también más horas semanales que antes.
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