Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

A su manera, De la Fuente reconocía que las reivindicaciones mapuche y los conflictos agrarios correspondían, en parte, a las movilizaciones de las organizaciones indígenas apoyadas por el Partido Comunista y la Federación Nacional Campesina e Indígena, que patrocinaban las «recuperaciones de tierras» en Malleco, Arauco y luego Cautín. Como informaba el Partido Comunista:

Los campesinos sin tierra de las reducciones indígenas de mapuches y huilliches, como asimismo los colonos ocupantes, han desarrollado diversas formas de combate que van desde la simple denuncia de sus problemas hasta la toma directa de la tierra. Este proceso, que ha adquirido caracteres de lucha muy aguda en algunas oportunidades, ha contado con la activa solidaridad de la clase obrera, enfrentándose a la violencia policial y obteniéndose significativas victorias. Los campesinos de las haciendas Santa Fe, Mundo Nuevo y Santa Elena resistieron el desalojo y consiguieron que estas haciendas se parcelaran en su beneficio. Los indígenas de Los Lolocos, Loncomahuida, Pangal, Catrihuala y Cordillera Sarao, a través de un largo y duro movimiento, lograron recuperar tierras que les habían sido usurpadas.

Fruto de estas mismas luchas ha sido la reciente parcelación de los fundos Sara de Lebu y Ranquilco, en la provincia de Arauco, y de otros doce fundos que la CORA está por parcelar y entregar a los campesinos 476.

Entre 1961 y 1964 se producirían varios enfrentamientos entre Carabineros, funcionarios judiciales y grupos de mapuche desalojados de las tierras «recuperadas».Por ejemplo, en mayo de 1962 La Nación informó: «18 indígenas detenidos por ocupación de fundo. Carabineros, luego de desalojarlos de la ocupación del fundo El Huape en el departamento de Cañete, puso a los indígenas a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete» 477. Esos conflictos no hicieron sino desprestigiar más al Poder Judicial entre los campesinos y mapuche, dando crédito a las denuncias de «justicia de clase» (y raza) repetidas sin fin por sectores de izquierda y por la Democracia Cristiana, no obstante algunos intentos del gobierno por mejorar la atención de los Juzgados del Trabajo y sensibilizar a la Corte Suprema por los dilemas de la Araucanía.

El gobierno anunció que el ministro de Tierras y Colonización, Julio Philippi, junto con el subsecretario de Justicia, Jaime del Valle, se habían entrevistado con el Presidente de la Corte Suprema Rafael Fontecilla. En la reunión trataron la situación de los Juzgados de Indios, así como las normas respecto de la administración especial de Justicia que se realizaba para las reducciones indígenas. El ministro Philippi viajaría a Temuco para una reunión con los magistrados de la zona, para conocer aspectos de la judicatura sobre la aplicación de justicia en las reducciones indígenas 478. Además, se informó que se estudiaría una asignación especial para los magistrados que estaban a cargo de los Juzgados de Indios, como una medida para evitar la rotación de los jueces 479. Entre tanto se dijo que «las autoridades han buscado evitar las tomas, mientras los Juzgados de Indios no dicten sentencia en conflictos sobre la propiedad de las tierras» 480.

La «cuestión mapuche» no se podía desvincular del funcionamiento deficiente de los Juzgados de Indios, ahora supervigilados por la Corte Suprema. Dos semanas después se anunció que a través de un decreto del ministerio de Justicia se había autorizado la compra de 5 jeeps para el uso de los Juzgados de Letras de Indios de Temuco, Nueva Imperial, Victoria, Pitrufquén yLa Unión, por un valor de 25.000 escudos –un siglo después de iniciarse la «pacificación» de la Araucanía 481.

En el caso de la Isla Pangal (o Ranquilco), y los fundos colindantes de otros propietarios, se determinó la expropiación a pesar del convencimiento de los dueños de que tenían «títulos saneados», documentados en el Juzgado de Indios de Victoria. Se celebró un «acta de Pangal» el 4 de abril, firmada al final por el dueño oficial el 21 del mismo mes, resolviendo el conflicto inmediato. El acta estipuló que «para la radicación de los mapuches, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización expropiará 3.000 hectáreas de suelo del fundo Pangue, de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet, donde se instalará una colonia mapuche; (…) 5° Los actuales ocupantes de la Isla Ranquilco, una vez firmada la presente acta, regresarán a la zona o lugares donde estaban radicados antes de la ocupación de la Isla y serán atendidos por la Dirección de Asuntos Indígenas que, a través de almacenes que instalará en los Álamos y Cañete, entregará ayuda a los mapuches; 6° Los artículos de alimentación que la Dirección de Asuntos Indígenas entregará por 8 meses a los mapuches serán semillas para la siembra, ropa, azúcar, arroz, chuchoca, aceite, harina, madera y pizarreño para la construcción de viviendas» 482. Como parte del acuerdo, el propietario Carlos Larroulet retiró las demandas judiciales contra los ocupantes 483.

Más de un año después, en agosto de 1963, la Corporación de Reforma Agraria (CORA), sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, completó la compra de 8.173,8 hectáreas, incluyendo al fundo Ranquilco, por un precio calculado como promedio en la zona 484. Se contemplaba la repartición de ochenta parcelas, variando en tamaño entre 27 y 109,3 hectáreas, entre colonos seleccionados por la Dirección de Asuntos Indígenas. Fue expropiado el fundo Pangue (de propiedad de Félix Eyheramendy Larroulet), incluyendo territorios de las localidades de Trauco, Pitra Cui Cui, Ranquilco y Rucarraqui. Y se parceló la tierra para su entrega a los mapuche afectados por la usurpación 485.

Hasta fines de enero de 1964, el ministro de Agricultura informó que los siguientes fundos se habían adquirido para «ubicar indígenas en la provincia de Cautín»: Dax, La Mañana, Buenos Aires, Cuyinco Olea, Cuyinco Larroulet, Lo Juan y Las Hortensias –por un total de 4.898 hectáreas 486. Sin embargo, en otros casos una serie de «recuperaciones» de tierras entre 1962 y 1964 terminaron en desalojos violentos por Carabineros con varios heridos y hasta muertos entre los mapuche 487. La Ley 14.511 y la transferencia de los Juzgados de Indios al Poder Judicial no superaron el deficit de justicia en la tierra araucana 488. Las deficiencias históricas de los Juzgados de Indios y los conflictos de tierras en la Araucanía serían legados al gobierno siguiente, encabezado por el democratacristiano Eduardo Frei Montalva 489.

La inflación no dejaba de afligir a Chile y al gobierno alessandrista. El plan de estabilización había fracasado y los gremios públicos y privados exigían reajustes salariales y previsionales que compensaran el aumento del costo de la vida. Hacia 1963, después de la devaluación monetaria de octubre de 1962, la tasa de inflación llegaría a más de 40%. En febrero, en su «Plataforma de lucha para 1963», la CUT incluyó un reajuste de 50% para los sectores privados, públicos y jubilados, a contar del 1 de enero, restablecimiento de los reajustes automáticos anuales (abolidos en 1956) y establecimiento del derecho de sindicación para los trabajadores del Estado, municipalidades y empresas de administración semiautónoma, en conformidad con el Convenio N° 87 relativo a la libertad sindical aprobado por Chile en la trigésima primera reunión de la O. I.T., en San Francisco 490.

Más de diez años antes, en 1950, Jorge Alessandri había renunciado como ministro de Hacienda, enfrentado por las demandas de los empleados públicos y por lo que él consideraba una falta de firmeza de parte del Presidente radical González Videla. De nuevo, esta vez como Presidente de la República, Alessandri tendría que confrontar la clientela radical y otros gremios de la clase media asalariada, fueran los médicos y personal del servicio de salud, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, el magisterio, los funcionarios del Banco del Estado u otros grupos de empleados semi-fiscales que, no obstante la ilegalidad de sus actuaciones, se declaraban en huelga, rechazando las ofertas del gobierno respecto al reajuste 491.