Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Una moción firmada por diputados de los partidos Comunista, Socialista, Radical, Demócrata Cristiano y PADENA pidió que el gobierno expropiara los terrenos a beneficio de los mapuche, «tomando en consideración que la letra d) del artículo 44, de la Ley 7.747, establece que “por exigirlo el interés nacional, deben declararse de utilidad pública y expropiarse aquellas tierras que no han sido cultivadas o las que manifiestamente están mal aprovechadas”, situación en que se encuentra la llamada “Isla de Pangal o Ranquilco”. Se hace necesario determinar expresamente la aplicación de ese precepto en el presente caso, toda vez que con ello se dará solución a un problema que mantiene consternados a los habitantes de la provincia de Arauco y a la opinión pública». La moción solicitó que la tierra expropiada fuera «entregada en forma gratuita a los jefes de familia de las 50 familias indígenas que en la actualidad la ocupan» 463. Mientras tanto, en la prensa gobiernista como El Diario Ilustrado (Santiago) y El Sur (Concepción) se atacaba al diputado Santos Medel (PCCH) por su incitación a los campesinos mapuche 464.

El conflicto entre la familia Larroulet y los mapuches sobre terrenos en la Isla de Pangal no tenía, en sí, significación nacional, pero era indicativo de las demandas indígenas rechazadas o postergadas, así como del mal funcionamiento del sistema de Juzgados de Indios para solucionar los litigios que afectaban los derechos comunales y particulares desde la región de Arauco hacia el sur. Después surgieron conflictos en el fundo El Porvenir, y luego en Pilpilco y en El Huape, en los que también se trataba de «usurpaciones» o «recuperaciones» de tierras. En todos estos casos se denunciaba que los tribunales de Justicia, entre ellos el Juzgado de Indios de Temuco y el Juzgado de Indios de Victoria, no habían hecho justicia 465. Hacer «justicia» después de la «pacificación», iniciada en la década de 1860, no hubiera sido poca cosa, aun sin pensar en más de un siglo de historia de transacciones, lícitas e ilícitas, de propiedades y ocupaciones irregulares de las tierras australes, que antes, en muchos casos, habían pertenecido a grupos mapuche.

Una investigación sobre la reforma agraria y las tierras mapuches, publicada en 2005, determinó que «de los 2.198 títulos de merced otorgados por la Comisión Radicadora de Indígenas, los Juzgados de Indios –entre los años 1929 y 1972– revocaron 59. En las provincias de Malleco y Cautín se revocaron por sentencia judicial 18 títulos de merced, por un total de 1.451,85 hectáreas» 466. En muchos casos, sencillamente, se usurpaba la tierra mapuche por propietarios colindantes, confirmándose o no dichas usurpaciones en litigios en los Juzgados de Indios o inscripciones en los Conservadores de Bienes Raíces, utilizando documentos fraudulentos o de trayectoria confusa.Los autores de la investigación expresaron que se evidenciaba que la reivindicación territorial mapuche –hasta la primera mitad de la década de 1960– se instalaba en los Juzgados de Indios, «sin que exista un proceso de recuperación de tierras de importancia» 467. Por otra parte, algunos mapuches vendieron tierras a «huincas» en transacciones sanas, y no sanas, bajo figuras de venta de usufructo y cesión de terrenos hasta por 99 años, complicando aún más la «cuestión mapuche».

Ilustrativamente, el senador Contreras Labarca (PCCH) solicitó que se enviara un oficio al ministro de Tierras y Colonización, comunicándole el texto del telegrama de los indígenas Vicente Ancapán y Juan de la Cruz Ancapán de Osorno:

Juzgado de Indios de La Unión no funciona. Juzgado de Indios de Pitrufquén tiene sólo un agrimensor, pero nueva Ley de Indios dispone 15 agrimensores que no llegan. Juzgado de Indios de Pitrufquén entregamos solicitud, 24 de marzo, solicitando agrimensor para medir nuestras tierras, lugar Domopulli, Subdelegación San Juan de la Costa, donde otras personas tratan de introducirse ilegalmente, no respetando derechos de posesión de tierras de la comunidad indígena. Rogamos amparo, Supremo Gobierno, a fin de que se sirva adoptar urgentemente las medidas que procedan para atender la petición de dichos indígenas 468.

En mayo el diputado Fermín Fierro (PS) denunció la violencia patronal en fundos de Arauco, incluyendo la usurpación de tierra por el doctor Raúl Carrasco, propietario del fundo Huape y cuñado de Patricio Silva Clarés, secretario general de gobierno 469. Afirmó Fierro que «como tienen el Gobierno en sus manos, a estos caballeros les fue muy fácil conseguir doscientos setenta hombres armados de carabinas y ametralladoras para poder defender los terrenos que, según ellos, han sido usurpados. Así, esa fuerza armada llegó al Fundo Huape a despojar violentamente al mapuche de este terreno que, como vengo comentando, le pertenece legalmente» 470.

Fierro terminó pidiendo la expropiación de varios fundos de la región para hacer justicia a los mapuche, que habían sufrido la usurpación de sus tierras por la violencia de particulares. No siempre se mantuvo dentro el protocolo parlamentario en sus comentarios, haciéndose necesario suprimir algunos de ellos en la transcripción de la sesión. De todas maneras, sus palabras eran claras:

(…) los que están alterando la tranquilidad social de mi provincia no son los indígenas ni son los diputados que nos honramos con representar a esa raza y a todos los sectores populares de Arauco en la Honorable Cámara, sino que son los sectores patronales, los propios hombres del Gobierno los que están provocando permanentemente la intranquilidad social en Arauco. Yo protesto, en la forma más airada, por la conducta del señor Ministro del Interior y por la actitud de la fuerza policial que, en forma violenta y solamente ahora, ha intervenido (…) 471.

El diputado liberal Gabriel De la Fuente, tratándose de otro conflicto en la zona, extendió el debate, como pasaba frecuentemente en la década de 1960, a la Guerra Fría y al comunismo internacional. Señaló que las denuncias de Fierro eran parte de la campaña de infiltración en el campo del Partido Comunista, «lo que les permitirá más tarde hacer la cosecha deseada, estableciendo un sistema “fidelista”, dependiente de la Unión de la República Socialista». Enumeraba las diversas políticas gubernamentales (habitacional, de salud, de préstamos, etc.) inspiradas en mejorar la situación de los mapuche, «con miras a integrarlos adecuadamente en la comunidad nacional».

De la Fuente enfatizaba la importancia de la Ley 14.511, «actual Ley de Indios.Dicha ley contempla especialmente procedimientos para construir la propiedad indígena sobre la base de unidades económicas a través de la división de las comunidades, expropiaciones a indígenas o particulares, y el control jurídico técnico de estas operaciones con la intervención de jueces defensores de indios y profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierras y Colonización». Hasta se pensaba destinar jeeps para cada uno de los cinco Juzgados de Indios 472.

Sin embargo, durante la aplicación de la Ley 14.511 y hasta el mes de febrero de 1971, según informes proporcionados por los mismos Juzgados de Letras de Indios, se habría recibido peticiones de división de 1.362 comunidades, de las cuales lograrían hacerlo 126 473. En parte, este resultado correspondía a la resistencia entre grupos del pueblo mapuche a la subdivisión de las reducciones, ya que la premisa «liberal» (anti-comunal) heredada del siglo XIX se mantenía en la legislación indígena desde el gobierno de Carlos Ibáñez hasta el gobierno de Jorge Alessandri.

Sobre todo, De la Fuente advertía el peligro del comunismo, del «fidelismo» y de que la cordillera de Nahuelbutase transformara en la «Sierra Maestra» chilena: «Allí hay más de 100 núcleos de campesinos dirigidos por el Partido Comunista y no está lejano el día en que allí sea donde se levante la “Sierra Maestra de Chile”, porque todos estos núcleos están armados y preparados para la lucha» 474. Era necesario, «contra esta “maleza” que corroe la sociedad, tomar las precauciones necesarias para extirparla, en defensa de ella misma» 475.