Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

421En la práctica, el gobierno había censurado la edición número 5 de El Paredón , que no salió a circulación. Véase la intervención del diputado Foncea en Cámara de Diputados , 41ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.30). 10 de enero de 1962: 2888-90.

422«Lautaro Ojeda detenido por injurias al Poder Judicial» , La Nación, 14 de diciembre de 1961: 17.

423 Cámara de Diputados . 41ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 19.30). 10 de enero de 1962: 2888.

424«Relegación para diputados y cárcel para periodista Ojeda pide el Gobierno», El Siglo , 2 de enero de 1962: portada, titular.

425«Director de El Paredón hace fuego. Tempestuoso “Yo acuso” desde la cárcel: Un inocente no va a pedir justicia a la injusticia», Vistazo , 30 de enero de 1962, N° 489: contraportada y pp. 20-21.

426La intervención de Foncea está «censurada» con puntos suspensivos en la versión oficial, lo que solía corresponder a expresiones «antiparlamentarias» suprimidas de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados (con frecuencia eran groserías, garabatos o expresiones de grueso calibre no aceptadas por el reglamento).

427 Cámara de Diputados . 41ª Sesión. Supra . 10 de enero de 1962: 2888-2890.

428Ibíd., 2889.

429Ibíd.

430«Suprema confirmó fallo contra Lautaro Ojeda», El Siglo , 14 de enero de 1962: portada.

431«Acusación constitucional contra los ministros de Corte anuncia Padena a raíz del proceso seguido al periodista Lautaro Ojeda»; «Dice Allende en carta a Sergio Recabarren: “Se encarcela al que roba una gallina mientras los grandes delitos quedan impunes”», El Siglo , 26 de enero de 1962: última página.

432Ibíd.; «En Las Vertientes declararon los partidos del FRAP: La próxima elección presidencial será plebiscito con contenido revolucionario», El Siglo , 28 de febrero de 1962: 10.

433«Hoy sale el asombroso fallo», Clarín , 10 de marzo de 1962: última página.

434Lautaro Ojeda fue fundador de la Unión Nacional de Pensionados de Chile en 1963; sirvió como secretario en la comisión que elaboró «el pacto de la Unidad Popular» en 1969, firmado el 26 de diciembre de 1969. Fue subsecretario del ministerio de Tierras y Colonización al momento del golpe militar de 1973. Fue detenido en el Ministerio de Defensa. Volvió a ser detenido en 1986. Véase: «En libertad Presidente de los pensionados», La Tercera , 7 de agosto de 1986: 15.

435«Encarcelado director de El Clarín . Gobierno continúa persecución contra la prensa de oposición: Proceso de “El Paredón” volvió a la Corte», El Siglo , 29 de marzo de 1962: portada.

436«Los procesos llegaron a su término con sentencias condenatorias», El Siglo , 16 de abril de 1962: portada.

437«¡Proceso a la Justicia!» , El Siglo , 16 de abril de 1962: portada, titular.

438«Detienen en masa a los bancarios», El Siglo , 27 de marzo de 1962: portada; «Gobierno ordena detener a 450 bancarios», El Siglo , 29 de marzo de 1962: portada; «Presentan recurso de amparo para bancarios», El Siglo, 1 de abril de 1962: última página.

439 Cámara de Diputados . 31ª Sesión (especial; de 11.15 a 12.46). 13 de diciembre de 1961: 2062.

440Diputado Gustavo Lorca, ibíd., 2065.

441Ibíd., 2066. Cursiva de los autores.

442Ibíd., 2076-2077.

443 Cámara de Diputados . 14ª Sesión (especial: 11 a 22.01). 26 de junio de 1963: 1141.

La posibilidad de que haya en Chile un gobierno marxista legalmente elegido no puede ser descartada anticipadamente por ningún chileno. ¡Y ningún chileno digno de ser tal podría autorizar la intervención extranjera en contra de la soberanía de Chile y de su integridad territorial, bajo el pretexto de que hubiese aquí un gobierno marxista!

Radomiro Tomic (PDC), 17 de enero de 1962 444 .

Los derechos humanos son incompatibles con la doctrina marxista.

Raúl Irarrázaval (PCU), Cámara de Diputados, 28 de agosto de 1962 445 .

Es triste ver cómo estos magistrados [de la Corte Suprema] de nuestro país, que pretenden aparecer ante la opinión pública cubiertos de respetabilidad, se ciegan por su odio de clases, se despojan de su calidad de jueces y entran en el plano inclinado del descrédito, asumiendo posiciones de una baja política.

Jorge Montes (PCCH), Cámara de Diputados, 23 de octubre de 1963 446 .

Entre 1962 y 1964 la temperatura política subiría dramáticamente en el país, con miras a la elección presidencial de 1964. La derecha quería impedir que el FRAP conquistara la presidencia e hiciera realidad sus llamados a derribar el régimen vigente. La izquierda veía en cada iniciativa del gobierno una táctica para reforzar el capitalismo, reprimir a la oposición y engañar al pueblo. Surgía la Democracia Cristiana como alternativa electoral, promoviendo una revolución sin violencia a través de reformas constitucionales y políticas públicas que transformarían la estructura socioeconómica del país. Paralelamente, sectores de la Iglesia Católica promovían cambios sociales profundos, incluso una reforma agraria integral 447. Estas propuestas se hacían en el contexto de la Guerra Fría pos-Revolución Cubana y de la iniciativa regional de Estados Unidos y sus aliados para impedir «más Cubas» 448.

Hacia 1964 Chile se constituyó en un caso paradigmático para los Estados Unidos, comprometiéndose abiertamente y mediante políticas clandestinas para impedir la elección de un candidato del FRAP 449. En este contexto las atribuciones y el funcionamiento del Poder Judicial se hacían blancos de reformistas y revolucionarios –mientras los incidentes de violencia callejera, huelgas ilegales, tomas de terrenos urbanos y enfrentamientos entre Carabineros y pobladores, estudiantes, campesinos y mapuche se hacían más frecuentes 450.

Los debates sobre la composición, los procedimientos y el funcionamiento del Poder Judicial se mantenían como parte integral de la lucha ideológica, partidista y electoral. Se criticaba reiteradamente la lenta resolución de los litigios que perjudicaba a las personas de escasos recursos y la orientación «clasista» y «positivista» del sistema de justicia. La «cuestión mapuche», la reforma agraria, la reforma constitucional (1962-63, véase más adelante), el rol crucial de los tribunales y el establecimiento de tribunales agrarios especializados ocuparían mucho espacio en los diarios y revistas, así como también mucho tiempo y pasión en los debates parlamentarios 451.

Por lo pronto, a mediados de enero de 1962, el ministro de Justicia reconoció la necesidad de facilitar el acceso a la justicia a los pobres en Chile. Observó que «para nadie es desconocido el hecho de que nuestras clases más modestas tienen dificultades para recurrir ante los tribunales ordinarios de justicia en demanda de sus derechos, ya sea por la lentitud o la complejidad del procedimiento, ya sea por lo oneroso del mismo, ya sea por la distancia que muchas veces deben recorrer». Para corregir este defecto en el sistema judicial, el gobierno propuso un proyecto de ley que facultaba a los jueces de policía local «resolver todas aquellas contiendas de escaso monto, muchas veces derivadas del derecho de vecindad, que constituyen, por así decirlo, el diario vivir de las clases más modestas. Los facultaba, además, para resolver tales contiendas en un procedimiento expedito, sin costo alguno para el interesado». El ministro afirmaba que «el proyecto tiende (…) a establecer, por primera vez en Chile, la justicia de pobres, cumpliendo así con un imperativo democrático fundamental» 452.