Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

El senador Salvador Allende llamaba a «un gran debate sobre la administración de justicia en el país», cuestionando la imparcialidad, independencia y legitimidad del Poder Judicial:

El pueblo desde siempre lo ha sabido: la cárcel para quien roba un pan o una gallina; el prestigio de «gerente» para quien entrega las riquezas básicas de nuestra tierra o para quienes defraudan millones o para quien medra a la sombra de la especulación, de las alzas de precios o del «dato» oportuno llegado por las gratas vías de la información confidencial.

(…) Y cuando esta misma máquina de la Justicia es llamada a intervenir en las contravenciones de carácter político, se torna ella de una dureza granítica si se trata de eliminar a quien, poseyendo el limpio título de un mandato popular, se atreve a denunciar irregularidades de las gentes vinculadas al Gobierno. En cambio, se alcanza una ceguera insuperable si se trata de reprimir los desmanes que hieren en lo más respetable a hombres que militamos en las corrientes que no llevan tras de sí las increíbles sugestiones que ofrece el poder con sus expectativas burocráticas.

(…) Me asiste el convencimiento de que se hace indispensable que los sectores progresistas de Chile promuevan un gran debate sobre la administración de Justicia en el país, en todos sus grados y matices. Nosotros, a través de años, hemos creado conciencia nacional acerca de las características de nuestra realidad económica y social (…). Ahora, sin lugar a duda, hay que encarar de firme y con pie derecho y sin prejuicios el análisis del Poder Judicial. La vida del Estado es una y en él no caben sectores intocables. Sé que el FRAP y los partidos que lo integran se echarán sobre sus hombros, sin vacilaciones, tan importante como impostergable tarea 431.

Procesado por presuntas injurias contra el Poder Judicial, Ojeda estaba en la cárcel y el 23 de enero de 1962 inició una huelga de hambre. El PADENA propuso una acusación constitucional contra el ministro Roberto Smart y contra todos los ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que habían intervenido en el caso. Esta propuesta no prosperó, aunque el FRAP acordó en su congreso a fines de febrero que se trataba de «un notable abandono de deberes» en que incurrió el Poder Judicial en los procesos contra Minchel, Leyton y Lavandero y del periodista Lautaro Ojeda. La declaración del congreso del FRAP afirmó que los tribunales superiores del Poder Judicial habían «demostrado una absoluta falta de independencia» ante los requerimientos del gobierno. Por este motivo acordaron instruir a su representación parlamentaria que presentara una acusación constitucional contra los ministros que intervinieron en los últimos procesos. Acordaron también incorporar al programa del FRAP que todos los cargos del Poder Judicial, en resguardo de su autonomía, debieran ser renovados en «determinados plazos legales y mediante una generación democrática». De ser legislada la propuesta se produciría una transformación revolucionaria de la carrera y de las atribuciones de los ministros del Poder Judicial, sometiéndolos a la «generación democrática» de su cargo. El FRAP proclamó ante el país que «la próxima elección presidencial [1964] será un plebiscito con contenido revolucionario» 432.

El director del diario Clarín, Enrique Gutiérrez, fue interrogado por el ministro Remigio Maturana de la sexta sala de la Corte de Apelaciones por el titular «Cuchareo político», en el que se refería al ministro de Economía Luis Escobar Cerda, quien se querelló por injurias. En el caso del artículo por el fallo en relación con los diputados del PADENA, Clarín dijo que «el Gobierno prefirió seguir el camino más fácil. No desmintió los cargos formulados por los diputados y se querelló por injurias. No lo hizo por calumnias porque no las había» 433.

Al mismo tiempo, en la quinta sala se llevaban a cabo los alegatos por el proceso contra Ojeda, declarado reo y condenado a 200 días de prisión. Fue defendido por el abogado Arturo Zúñiga Latorre, quien pidió que fuera revocado el fallo de primera instancia 434. Por el Ejecutivo alegaba Manuel Guzmán Vial, solicitando la confirmación del fallo 435. A inicios de marzo, en la inauguración del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema había reivindicado la independencia del Poder Judicial. En abril se dictaron las sentencias condenatorias de los diputados del PADENA y del periodista Lautaro Ojeda 436.

El abogado Sergio Recabarren enjuició lo que caracterizó de «actuaciones políticas de los jueces». Señaló que la acusación constitucional acordada por el FRAP debía permitir el profundo y descarnado análisis de la justicia chilena». En su declaración criticó las sentencias condenatorias contra Ojeda y los diputados del PADENA. Afirmó que las querellas se fundamentaron en una «tinterillesca» confusión entre crítica fiscalizadora impersonal al gobierno y a los tribunales y ataque difamatorio de las personas del jefe de Estado y los ministros de la Corte Suprema 437.

Por lo visto, los ministros de los tribunales superiores eran blancos directos de la crítica y de la propaganda política del FRAP. No sólo la presidencia de la República estaría en juego en 1964 sino la formación, atribuciones y funcionamiento de las instituciones judiciales. La izquierda había declarado la «guerra» a la instrumentalización del Poder Judicial por la «dictadura» alessandrista y contra la «justicia de clase» que decía reinar en el país.

A fines de marzo de 1962, El Siglo informaba que el gobierno había ordenado la detención de centenares de bancarios en huelga del norte al sur del país. Jaime Faivovich y Alejandro Pérez, abogados defensores de los empleados bancarios encarcelados, presentaron un recurso de amparo solicitando la inmediata libertad incondicional de 31 de los detenidos. El ministro del caso, Luis Sanhueza, los incomunicó y a juicio de los abogados no tenía razón para hacerlo 438. El gobierno puso como condición para desistirse de las querellas que los bancarios se reintegraran al trabajo. No obstante, se mantuvieron en huelga hasta mediados de abril. Mientras tanto, hubo huelgas de larga duración en el sector minero, incluyendo El Teniente y Cerro Imán (Copiapó, mina de hierro).

Mientras se acentuaba la polarización política e ideológica en el país, el Poder Judicial seguía bajo sitio. Entre 1962 y 1964 las tomas de terrenos, protestas callejeras, huelgas ilegales, «recuperaciones de tierras» por comunidades mapuche, desafueros de parlamentarios de izquierda y acusaciones constitucionales nutrieron ataques fundamentales contra el Poder Judicial y la «justicia clasista» que reinaba. En palabras del diputado Luis Pareto, «Cuando en 1964, y de eso estoy convencido total y absolutamente, haya un Gobierno popular que rija los destinos de este país, deberá pedir cuentas, empezando por nuestros “prestigiosos” estrados judiciales. Y ellos han de ser los primeros en rendir cuentas al gran tribunal del pueblo para que se diga si los parlamentarios deben presentar certificados de buena conducta a fin de obtener su excarcelación» 439.

Asimismo, los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano «manifestaron en esta Cámara, su protesta apasionada y violenta, por el atropello al derecho, a la Constitución, a nuestra Carta Magna, que contienen estas sentencias judiciales al dar lugar al desafuero de nuestros colegas» 440. En particular, reclamaron, que el ministro Pomés «los declaró reos, pero en vez de buscar un procedimiento acorde con el mínimo de deferencia que se debe tener con miembros de otro Poder del Estado, con parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo, por inmensa mayoría, a través de la República, prefirió notificarles la encargatoria de reo a través de la detención por Investigaciones, igual que si se tratara, como lo señaló un Honorable colega, de simples delincuentes, de ladrones de bancos o de asesinos de conductores de taxi». El diputado Lorca afirmó: « Este procedimiento significa, en el fondo, una complicidad con la política del Ejecutivo que, con su actitud, ha pretendido atropellar el fuero parlamentario» 441.