Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Pero la crítica al Poder Judicial y al sistema de «(in)justicia» iba mucho más lejos que los desafueros de parlamentarios de oposición. El Partido Comunista proponía, mediante reformas constitucionales, transformar la manera de componer el Poder Judicial, para «democratizarlo», y terminar con la carrera judicial histórica.

Hay que democratizar la justicia para hacerla realmente justiciera y expedita. Corresponderá modificar los códigos y las leyes existentes de forma que lleven a resguardar los derechos y los intereses del pueblo. Será necesario establecer un Ministerio Público autónomo que responda sólo al más alto Poder del Estado y esté encargado de supervigilar el escrupuloso acatamiento a la ley y la preservación de los derechos del pueblo. Los jueces y los tribunales inferiores deben ser elegidos por medio de un sistema de votación similar al que se emplea para designar a los diputados. Debe reformarse totalmente el actual sistema carcelario.

(…) En este proyecto de reforma constitucional, proponemos, igualmente que se eliminen de las atribuciones del Presidente de la República aquélla a que me acabo de referir y la facultad de nombrar a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los jueces letrados. En cambio, proponemos que esta atribución se entregue al Senado de la República y que en el artículo 83 de la Constitución se establezca que los ministros y fiscales de la Corte Suprema sean designados, cada cinco años, por el Senado de la República, a fin de que no puedan constituirse en una especie de casta administrativa, de que sean plenamente responsables ante el país y haya una generación representativa, democrática, de su mandato.

En la misma forma, proponemos que los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones sean designados de acuerdo con las ternas señaladas en la actual Constitución, pero por el Senado de la República y para durar tres años en sus cargos. Asimismo, patrocinamos que los jueces letrados duren dos años en sus cargos y que su designación quede en manos del Senado de la República 442.

En junio de 1963, el diputado socialista Clodomiro Almeyda diría: «En Chile nos encontramos en estos momentos en los comienzos de un proceso político-electoral, en el cual están en juego nada menos que el Gobierno mismo de la República, la orientación del Estado, la estructura económica y social del país» 443. Para los jueces y ministros del Poder Judicial era evidente que los partidos de izquierda propugnaban transformar la supuesta autonomía, independencia y apoliticismo de la carrera judicial en «puestos» judiciales, sujetos a la fiscalización del «pueblo» en comicios cada dos, tres o cinco años.

212Luis Corvalán L., «La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta», Principios (octubre de 1961): 15.

213 Cámara de Diputados . 13ª Sesión (especial: de 20 a 22.19). 6 de noviembre de 1961: 771.

214 Cámara de Diputados . 22ª Sesión (especial: de 10.45 a 14.02). 22 de noviembre de 1961: 1375.

215Carlos Andrade Geywitz , Elementos de derecho constitucional chileno, 2ª edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1971: 57-58.

216Véase Brian Loveman, «The Political Architecture of Dictatorship: Chile before 1973» , Radical History Review, 125 (Enero de 2016): 11-42.

217Ley 12.927, 6 de agosto de 1958. Véase comentarios sobre esta disposición en Jorge Mera, Felipe González M., Juan Enrique Vargas V., «Ley de seguridad interior del Estado y derechos humanos 1958-1973», Cuaderno de Trabajo, N. 8, Academia de Humanismo Cristiano, s.f.

218Así denunció el senador Salomón Corbalán en 1961, señalando: «No hay dirigente de nuestros sectores que en estos instantes no esté vigilado» ( Senado . 45ª Sesión [ordinaria: de 16 a 19]). 5 de septiembre de 1961: 2651). Durante su gobierno, Alessandri no decretó estado de sitio (aunque sí zonas de emergencia); hubo sólo 3 decretos de insistencia, en comparación con 355 de Ibáñez y 63 de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Sergio Carrasco Delgado, Alessandri. Su pensamiento constitucional. Reseña de su vida pública , Santiago: Editorial Jurídica, 1987: 50. Tampoco se usó con frecuencia la «reanudación de faenas» con intervención militar para «solucionar» huelgas ilegales, como había sido la costumbre en el pasado de acuerdo con las disposiciones del artículo 626 del Código del Trabajo de 1931, Ley 12.927 sobre seguridad interior del Estado (1958), y el decreto ley 520, de 1932.

219Oficio del Señor Ministro del Interior, 836, 14 de abril de 1959; Cámara de Diputados . 62ª Sesión (ordinaria: de 16.15 a 17.46). 28 de abril de 1959: 4107. Cursiva de los autores.

220La Ley 11.146 de 1953 había autorizado al Ejército a imponer «diversos grados de control en tiempos de paz a toda institución e industria nacional que se considerara aprovechable, táctica o estratégicamente, en tiempos de guerra». Esta ley le confirió autoridad a la inteligencia militar, la que prácticamente fue ilimitada. Véase Dauno Tótoro Taulis, La cofradía blindada. Chile civil y Chile militar: trauma y conflicto, Santiago: Planeta, 1998: 61-62.

221Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de octubre de 1961. «Desafuero parlamentario de los diputados don Jorge Aravena Carrasco y otros». Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago, LVIII, N. 9/10, noviembre-diciembre de 1961, 2ª parte, sección 4ª: 321-330; desafuero de diputados don Jorge Aravena Carrasco, José Foncea, Víctor González, Esteban Leyton, Luis Minchel, Jorge Lavandero, Jorge Oyarzún, Luzberto Pantoja, Luis Pareto, Rafael de la Presa y Juan Tuma (Partido Democrático Nacional); Corte Suprema, 21 de noviembre de 1961.

222«El Gobierno adoptó medidas para asegurar la normalidad pública», La Nación , 24 de agosto de 1961: portada; «Gobierno garantiza normalidad del trabajo», El Diario Ilustrado , 24 de agosto de 1961: portada, titular; «Dos profesores y cuatro obreros de la salud quedan detenidos», La Nación , 29 de agosto de 1961: 3; «Nuevos detenidos hubo ayer en procesos por huelgas ilegales», La Nación , 30 de agosto de 1961: 5; «26 detenidos por atentados y coartar la libertad de trabajo», La Nación , 31 de agostode 1961: 4.

223«Prosiguen gestiones para resolver conflicto del personal ferroviario», El Mercurio , 17 de agosto de 1961: 19; «Acuartelamiento de las Fuerzas de la Guarnición», El Mercurio , 20 de agosto de 1961: 49.

224«Se aplicará la ley para hacer efectiva la responsabilidad de instigadores del Paro ilegal», El Mercurio , 25 de agosto de 1961: 21; «La Unión: La policía arrestó a 91 huelguistas», El Diario Ilustrado , 29 de agosto de 1961: 16.

225La Ley 12.927: (Art. 27) estipulaba «Cometen delito contra el orden público: a) Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública; b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, o a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido». Esta práctica se mantendría durante la dictadura (1973-90) y después de 1990. Véase, por ejemplo, Juan Pablo Cárdenas, «Querellas contra dirigentes opositores», Análisis , Año IX, N° 130, 1986: .

226«Desistimiento de querellas contra personal del SNS. Circular telegráfica enviada a intendentes de todo el país», El Diario Ilustrado , 2 de septiembre de 1961: 5; «Gobierno se desiste de denuncias contra el personal de la salud», La Nación , 2 de septiembre de 1961: 2.