Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Hemos comprobado en nuestra vida política cómo, en estos últimos años, el Poder Judicial ha sido extremadamente dócil frente a las influencias del Poder Ejecutivo. Por eso, ¿se puede decir que con nuestra actitud estamos destruyendo el prestigio de otro Poder del Estado? ¡No, señor Presidente! Sólo estamos trabajando por que se modifique una institución jurídica que, indudablemente, ya no responde, en muchos aspectos, en los tiempos modernos lo que debe ser un Poder Judicial 403.

Dos semanas después, el parlamentario Foncea respondió en la Cámara de Diputados al desafuero de los tres diputados de su partido, con una declaración oficial del PADENA, rechazando la autoridad y el razonamiento de los tribunales:

Ante la monstruosa doctrina jurídica sentada por el fallo judicial que acogió el desafuero de nuestros compañeros Luis Minchel, Jorge Lavandero y Esteban Leyton, el resto de los parlamentarios del Partido Democrático Nacional que suscriben, junto con denunciar los turbios manejos del Gobierno Derechista, encaminados a implantar una tiranía legal y a acallar cualquiera crítica viril y patriótica en contra de una funesta política de hambre y explotación, se permiten solicitar a la H. Junta Ejecutiva de nuestra colectividad autorización para no concurrir a la Cámara de Diputados mientras se mantengan suspendidos de sus cargos a nuestros tres camaradas, como una demostración de solidaridad ante tan irritante persecución, y para iniciar, a través del país, un plan de giras destinadas a hacer llegar a todos los rincones la voz de alerta por tales demasías 404.

El caso fue fallado por la Corte Suprema el 21 de noviembre de 1961. La sentencia señaló que la disposición del art. 32 de la Constitución Política, que «la establece para opiniones que aquellos manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos, es una clara disposición restrictiva en cuanto limita sus efectos a los casos previstos en ella. Publicaciones en la prensa hechas por diputados como simples miembros de un partido político no son actos protegidos por dicha inviolabilidad», haciendo referencia explícita a los diputados Minchel, Lavandero y Leyton. El fallo confirmó la resolución apelada que daba lugar a la formación de causa con la prevención de 6 miembros del tribunal, tres de ellas fundadas. Firmaron los señores Pedro Silva (prevención), Manuel Montero (prevención fundada), Julio Espinosa, Ciro Salazar, Ramiro Méndez, Eduardo Varas (prevención fundada), Miguel González (prevención fundada), Enrique Urrutia (prevención), José María Eyzaguirre, Víctor Ortiz (prevención) y Eduardo Ortiz (redactor) 405. Por lo visto, había importantes diferencias doctrinarias, si bien no políticas, entre los ministros de la Corte.

Al día siguiente de la sentencia, Foncea fue más lejos en relación con sus dichos de días anteriores: «Y es conveniente decirlo con entereza de una vez por todas: lo que se sostiene habitualmente en el sentido que el Poder Judicial es el último baluarte de la moralidad, de la independencia, de las virtudes ciudadanas, es una vulgar mentira. Hemos conocido recientemente el caso del Tribunal Calificador de Elecciones [ver en páginas anteriores de este capítulo] (…) era un secreto a voces que desde el momento mismo en que se designó ministro redactor del fallo al señor Ortiz Sandoval, quien recibió como premio por su actuación en un proceso anterior su ascenso a la Excelentísima Corte Suprema (...)» 406. El diputado Carlos Altamirano (PS) agregó otras críticas al fallo de la Corte Suprema:

(…) ¿No es una simple coincidencia que ahora la Corte Suprema venga a acoger la más peregrina, aberrante y monstruosa teoría de que nosotros solamente somos parlamentarios cuando estamos aquí y que al salir de aquí nos convertimos en simples ciudadanos? Como muy bien lo decía el Honorable señor Foncea, ¿por qué no aplicamos el mismo cartabón al Presidente de la República: sólo es Presidente cuando está en la Moneda? Como está muy poco en ella, es muy poco Presidente de la República. Pero, para él no rigen estos sistemas 407.

El diputado comunista Teitelboim comentó el caso, criticando tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial:

Deseamos terminar manifestando, en nombre de los diputados comunistas, que esta sentencia es un preludio para limitar a un Congreso que resulta molesto por la fiscalización que, sobre todo en la Honorable Cámara de Diputados, se hace por los parlamentarios de la oposición. Digo que es un preludio porque después de este primer paso, a través de reformas constitucionales e inclusive por medio de reformas electorales y de otra índole, se pretende establecer una dictadura legal. Tal es el fondo de la intención del Ejecutivo, ante la cual se ha inclinado en forma sumisa y dócil la Corte Suprema de Justicia 408 .

El diputado Luis Pareto González lamentaba que «un Ministro de la Corte de Apelaciones, don Juan Pomés ­–a quien seguramente lo veremos en el día de mañana figurar en alguna de las ternas para Ministro de la Corte Suprema–, haya exigido, rebajando con ello la dignidad parlamentaria, a los diputados señores Lavandero y Leyton, la presentación de certificados de buena conducta si deseaban su excarcelación. Yo pregunto a todos los honorables diputados que se sientan en las bancas de este hemiciclo si acaso el certificado de buena conducta no les fue otorgado, en el día de las elecciones, por todos los ciudadanos con derecho a sufragio que depositaron su voto por ellos. Es inaudito que estos parlamentarios, que cumplieron con un mandato de fiscalización, hayan sido humillados y vejados por un señor Ministro de la Corte de Apelaciones» 409. Y agregó: «Estamos viviendo una verdadera dictadura legal» 410.

Sin embargo, desde la derecha y el gobierno, las críticas al Poder Judicial representaban una evidencia más de las aspiraciones revolucionarias del FRAP y de otros inconformes. El ataque a la decisión que dio lugar al desafuero de los diputados de PADENA fue percibido como un ataque a la legitimidad del sistema de justicia que era el fundamento de la democracia chilena. El diputado Manuel Tagle (PCU) expresó este sentimiento directamente: «el país está viviendo nuevamente momentos de intranquilidad, porque los partidos extremistas han creído oportuno hacer caso omiso de los dictámenes de la justicia chilena y resistir sus fallos. No nos encontramos ante un caso aislado, sino ante un movimiento de típico corte revolucionario que obedece a un plan hábil y previamente establecido y del que esperan sacar todo el provecho posible para desprestigiar nuestra democracia y tratar, con ello, de remover la estabilidad del Gobierno de la República» 411. El diputado Rufo Ruiz Esquide (Partido Conservador) fue enfático en su defensa del Poder Judicial: «la opinión seria del país entiende que el pilar fundamental de nuestro sistema republicano y democrático es justamente el Poder Judicial, porque este con celo, acuciosidad e imparcialidad da, como lo decían los tribunos romanos, a cada uno lo que es suyo sin mirar a quien lo solicita. (…) nadie en Chile que se precie de demócrata y de serio sigue a un partido político cuando dirigen su actuación contra los principios básicos de la democracia, cual es el respeto a las decisiones de (...) los Tribunales de Justicia, única manera de perpetuar entre nosotros nuestras instituciones democráticas» 412.

Después del desafuero, los tres diputados fueron encarcelados. En el Senado se denunció que sufrieron maltrato por parte de Carabineros y funcionarios de Investigaciones.

Más allá del caso de los diputados del PADENA, el diputado Altamirano denunció el carácter esencialmente corrupto y politizado del Poder Judicial:

Se sabe en Chile que los Ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema «necesitarían», para alcanzar sus cargos, de las influencias y del poder de personeros importantes del Parlamento y del Gobierno. Se piensa en el país que son muy raros los ministros de esos Tribunales que alcanzan tales cargos en atención exclusiva a sus méritos. ¿Que hay excepciones? Las hay en todas partes, pero en la mayoría de los casos se aprovechan de influencias ilícitas y del poder para lograr esos cargos. No nos podemos explicar otra manera que en algunas ocasiones, bajo determinados gobiernos, se siente determinada jurisprudencia y que ésta varíe fundamentalmente en otra Administración, como ha ocurrido precisamente respecto al caso que estamos tratando esta mañana del desafuero de algunos parlamentarios. En una oportunidad los Tribunales sostuvieron una tesis y ahora plantean otra, en virtud de la cual dos parlamentarios se encuentran presos en la Cárcel Pública 413.