Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Salomón Corbalán caracterizó el anuncio del complot como «una farsa» y un pretexto para reprimir al movimiento obrero y justificar la solicitud de facultades extraordinarias, ya que «este Gobierno no ha tenido ni siquiera imaginación para saber hacer un complot. ¡Como no la tiene para gobernar, tampoco sabe cómo hacer un complot!» 356. Preguntaba retóricamente Corbalán: «¿Creen los señores parlamentarios que se defiende el sistema democrático cuando se obliga a los jueces, al Poder Judicial, a preocuparse de una tontería como ésta?» 357.

Fue designado Jorge Cerrutti como ministro sumariante. La denuncia del gobierno incluía el ingreso de armas «y elementos para su fabricación». Fueron detenidos por Investigaciones: José Cortés (expulsado de Cuba), Víctor Opazo Cossio (exilado cubano en Miami), Rivas Vicuña Ponce y René Lobos Giné. Figuraba también el médico Gustavo Mujica, «que ha efectuado frecuentes visitas a diversos países situados tras la cortina de hierro» . Se suponía que el movimiento estallaría «sincronizado con el clima huelguístico imperante». El gobierno denunció que al interior de Llay Llay, en un fundo del sector Chagres, hallaron un arsenal (armas, vituallas, ropas y pólvora).

La explicación que se filtró sería que «los protagonistas del singular suceso iban a partir desde diversos puntos del país, especialmente de la zona norte, Valle del Aconcagua, San Antonio, Santiago, para concentrarse al parecer en algún sector cordillerano y efectuar desde allí, aparte de la acción interna en la misma capital, un sistema de guerrillas como hiciera Fidel Castro en Sierra Maestra». La policía declaró que los detenidos y las armas serían puestos a disposición de los tribunales 358. El gobierno hizo referencia a contrabandos de armas por Arica y San Antonio, traídos en buques alemanes, vinculados con «un foco de ocupantes comunistas de un fundo de Salamanca es lo grueso preparado por el “golpismo criollo”» 359.

El gobierno hizo una declaración haciendo referencia a la situación política del país, reafirmando que ante los paros y huelgas ilegales se habían tomado todas las medidas necesarias para garantizar el orden público y la paz social que le otorgaban la Constitución y las leyes. Las autoridades informaron en detalle sobre los allanamientos, los hallazgos de armas, la designación de ministros en visita y la detención de personas de cuyas declaraciones se «desprendería la existencia de un premeditado plan revolucionario. Igualmente se habrían despachado camiones cargados de armas fuera de Santiago». La policía de Investigaciones fue acuartelada en primer grado 360.

Los diputados del FRAP se entrevistaron con el ministro del Interior y con el director general de Investigaciones, Emilio Oelckers, quien reconoció la existencia de 20 detenidos incomunicados: «Les dijo que habían sido sorprendidos en un lugar donde había armamentos y documentos. Los casos a la fecha no habían llegado al Poder Judicial. Oelckers hizo referencia a que [los detenidos] serían nacistas» 361. Los representantes del FRAP afirmaron que el complot era una justificación para la represión de las movilizaciones sindicales y las huelgas 362.

La investigación judicial estableció el alcance limitado de los hallazgos de armas denunciados. En los días siguientes el magistrado Jorge Cerrutti, quien sustanciaba el proceso «por subversión denunciado por el gobierno», exhibió 30 armas de fuego, propaganda de partidos de izquierda, dinamita, mechas, pólvora y cinturones y brazaletes con las iniciales MRL. Según la policía de Investigaciones se trataba del «Movimiento Revolucionario Libertador». El director de Investigaciones puso a disposición del ministro a 13 detenidos, los que quedaron incomunicados después de haber sido interrogados en la misma Cárcel Pública por el ministro Jorge Cerrutti 363. Los detenidos confesaron pertenecer al MRL y fueron identificados como el médico Gustavo Mujica, Héctor Valenzuela, José Cortez, Víctor Opazo, René Lobos y Alberto Pérez.

Se informó que Víctor Opazo Cossio habría participado en la lucha rebelde de la Sierra Maestra en Cuba 364. El ministro Cerrutti dejó en libertad a dos de los detenidos, uno de ellos era el chofer del camión que según la policía había trasladado las armas y el otro era Joaquín Pinochet Donoso 365.

A su vez, el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eduardo Sanfurgo, declaró reo al médico Humberto Sotomayor Sorucco en el proceso por intento de subversión armada, bajo la acusación de incitar a la revuelta, introducir y distribuir armas. A Sotomayor se le aplicó el art. 4º letra a) de la ley de seguridad del Estado, que trata sobre la subversión del orden público, y además se le aplicó el art. 6 letra e) que sanciona el transporte y la distribución de armas. Se informó que las intenciones del «MRL» eran apoderarse de la base aérea de Colina y del retén de Carabineros de Huechuraba 366. El ministro Cerrutti continuó su investigación manteniendo la incomunicación de los detenidos Manuel Antonio Luna Madrigal, Rosendo Albano Cid, José San Martín Balboa, José Cortés Acosta, Luis Acuña Ponce, Enrique Mosela Guerrero, Agustín Carotti Mery y del médico Luis Gustavo Mujica Cervantes.

El gobierno amplió las aristas del caso y denunció a los tribunales los antecedentes recogidos en relación con la internación de armas que se habría producido en el puerto de San Antonio, a la vez que se publicitaron diversas medidas para controlar el comercio e internación de armas de fuego 367. La Corte de Apelaciones designó a dos nuevos ministros para investigar los hechos denunciados por el ministerio del Interior. El ministro Luis Maldonado Boggagio fue designado para investigar la entrada clandestina al país de armamento que habría sido desembarcado en el puerto de San Antonio. El ministro Osvaldo Erbetta Vaccaro, en tanto, fue asignado para la investigación de las acusaciones del exdirigente Óscar Waiss contra el secretario general del Partido Socialista, senador Salomón Corbalán, acusado de haber recibido dinero del extranjero para comprar armas con fines subversivos. La acusación emanó de la página 9 del folleto «Por un socialismo sin gerentes» 368. Los detenidos continuaron incomunicados hasta inicios de octubre, mientras se ampliaba la investigación 369.

El subsecretario del Interior dijo además «que el general Pedro Arancibia, interventor ante Ferrocarriles, comunicó que el miércoles un grupo de 8 hombres armados hasta los dientes, “al parecer de carabinas”, habían irrumpido en la estación de Auco. Fueron rechazados por conscriptos de Caballería que los repelieron primero con balas a fogueo y luego de guerra, las que fueron respondidas de igual forma para arrancar posteriormente sin ser alcanzados. De estos hechos dio cuenta al Gobierno el capitán Sánchez, comandante militar en la estación Illapel, diciendo que se comunicaba con atraso por tener interrumpidas las comunicaciones. También informó que Juan Bruna, inquilino del fundo Tranquilla del Servicio Nacional de Salud, al interior de Salamanca, fue detenido por haberse descubierto armas en su domicilio, incluyendo armas de fuego. El detenido fue trasladado con destino desconocido y el diputado Cipriano Pontigo (PCCH) conversó con el ministro del Interior para saber sobre el paradero de Bruna. Pontigo aseveró que Bruna arreglaba máquinas y relojes y no sería raro que tuviera armas enmohecidas 370. En La Serena, el ministro Octavio Montt, Presidente de la Corte de Apelaciones, a petición de la intendencia había ordenado la detención de Bruna. El subsecretario del Interior Jaime Silva señaló que el gobierno había integrado al abogado Miguel Schweitzer para colaborar con el ministerio del Interior, sus abogados y asesores en los procesos judiciales iniciados por el gobierno 371.