Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Después de las elecciones de 1961, el FRAP y la CUT criticaban duramente las tácticas gubernamentales para rechazar las demandas salariales y otros mejoramientos pedidos por los huelguistas. En su informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista, Luis Corvalán insistió en la necesidad de una revolución en Chile, afirmando que el frente sindical era parte de la lucha de masas necesaria, entre otras «formas agudas de lucha, que se puede desarrollar a través de diversos canales» 194.

En ese clima agitado, la CUT elaboró un pliego único que unificó las diversas demandas y constituyó un Comando de Defensa de los Reajustes, al que invitó a participar a la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), a la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH), a la Federación de Empleados Bancarios y a los partidos políticos que concordaran con el pliego 195. La CUT, además, convocó a un paro nacional para fines de agosto.

En el Senado se celebró una sesión especial solicitada por los senadores del FRAP para tratar los conflictos sociales en el país, con la participación del ministro del Trabajo 196. El senador Salomón Corbalán (PS) denunció: «no hay respuesta para los problemas; sólo se está preparando –tenemos antecedentes para denunciarlo– una ofensiva de violencia y de fuerza por parte del gobierno para detener este proceso de agitación, originado en la insensibilidad del gobierno y en el fracaso de la política de estabilización que se está aplicando» 197.

Para la izquierda, la ola de huelgas era una respuesta política contra el plan de estabilización, así como también parte de la «lucha de masas» destinada a reemplazar al régimen vigente. Comentaba el diputado Bernardo Larraín (PCU) que el FRAP intentaba transformar «las huelgas en un arma política, destinada a derrocar el sistema jurídico establecido o imponer artificialmente un clima de violencia e insurrección» 198. El senador Corbalán respondió que «es natural que los trabajadores no tienen otro recurso que acudir a sus propias organizaciones y a sus propias fuerzas para poder romper la coraza con que se cubre este falso sistema democrático, que habla de defender sus instituciones y, más que ello, está defendiendo los privilegios de una clase, de una minoría» 199. Denunció que «hace una semana, el Cuerpo de Carabineros ha recibido instrucciones de hacer el empadronamiento, manzana por manzana, casa por casa, de todos los militantes socialistas y comunistas del país. ¿Para qué se está haciendo esto? Porque se está preparando la violencia, para poder aplicar y continuar con la política de estabilización» 200. El ministro del Trabajo Hugo Gálvez contestó:

Me ha causado profunda sorpresa escuchar al Honorable señor Corbalán que con estos movimientos de huelga se está minando la estructura institucional del país y que se justifica abrir paso a la violencia. (…) Frente a las huelgas, nosotros hemos respetado en forma absoluta el derecho que la Constitución Política y las leyes despachadas por el Parlamento dan a las empresas para dirigirse, para administrarse, para actuar libremente, dentro de los preceptos que las rigen. (…) el Gobierno ha respetado también a los trabajadores el derecho de declarar la huelga, aunque ésta sea prolongada 201.

FUENTE: Manuel Barrera (1980): 1286, citando a la Dirección de Estadística y Censos.

Las huelgas siguieron aumentando cada año hasta 1964, casi triplicándose el número de huelgas ilegales 202. Dicho incremento se hacía evidente en los titulares de El Siglo durante agosto de 1961 203. El Gobierno, por su parte, presentó una querella tras otra contra los huelguistas, aplicándose la ley de seguridad interior, como ocurrió con las huelgas de salud y el magisterio 204. A fines de agosto y comienzos de septiembre, El Siglo denunció el desafuero solicitado por el gobierno contra el senador Salomón Corbalán, por un supuesto complot insurreccional para justificar las detenciones y encarcelamientos de dirigentes sindicales desde Valdivia hasta Santiago 205. En ese mismo período fueron detenidos dirigentes del magisterio y ferroviarios, entre otros 206.

Continuaba el patrón de huelgas ilegales, detenciones, procesos por infringir la ley de seguridad interior del Estado o la ley sobre abusos de publicidad, seguidos (pero no siempre) por desistimientos o sentencias de remisiones condicionales. En agosto se trataba de la huelga del magisterio.

El Presidente del Partido Radical, Raúl Rettig, actuaba como abogado de los maestros y obtuvo la libertad bajo fianza para varios de ellos 207. El gobierno tendría que aceptar, como solía ser el caso, según explicaba el diputado Alberto Decombe Edwards (PCU), «el inmediato reintegro a sus labores del personal docente y el desistimiento de las querellas deducidas en contra de miembros del profesorado» 208. Solucionado el conflicto de los maestros, el 18 de octubre, el diputado Aguilera rindió homenaje a todos los maestros «que han resistido las presiones y las amenazas, que han resistido el garrote y las bombas lacrimógenas, la cárcel y las continuas arremetidas de los “guanacos” en las calles de la capital» 209. Con la participación del Partido Radical, el gobierno contaba con una mayoría en ambas ramas del Congreso, haciéndole posible legislar sin bloqueos, pero también teniendo que considerar la clientela y la diversidad radical, haciendo necesaria una flexibilidad en la política de estabilización, como se ejemplificaba con la huelga del magisterio 210.

A la vez, una nueva convocatoria a paro de la CUT hizo resurgir las discrepancias que se venían manifestando desde hacía dos años entre Clotario Blest y los dirigentes socialistas y comunistas. Pocas horas antes de hacerlo efectivo, esos dirigentes cuestionaron si existían las condiciones necesarias para que prosperara el paro. Blest renunció a su cargo alegando que era « la culminación de graves divergencias con algunos compañeros del Consejo Directivo Nacional» , que estaban en contra de que la Central aplique una línea de acción «revolucionaria» y le imprimen una dirección legalista y « economicista» que dilatará « indefinidamente esta larga agonía de la clase trabajadora chilena» 211.

Estas tensiones cruzarían la lucha sindical y la vida política de la década. Se fundarían movimientos políticos que declaraban su voluntad de acceder al poder mediante una eventual lucha armada en Chile, inspirándose en la Revolución Cubana, la que ejercía gran atracción en sectores de la izquierda chilena. Desde la nueva izquierda insurreccional, la izquierda tradicional y la Democracia Cristiana, el gobierno de Alessandri y el Poder Judicial se veían cada vez más presionados y criticados por las exigencias de cambios fundamentales en el sistema político. En este ambiente, los tribunales de justicia y el Poder Judicial se transformaban más derechamente en campos de batalla política.