Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Los procesos judiciales a los que dio origen este caso fueron informados escuetamente en la prensa, no quedando claro si fueron absorbidos por los desistimientos del gobierno en su oportunidad o, como ocurría con frecuencia en muchos casos de violencia en manifestaciones y protestas, si era posible establecer algunos de los delitos cometidos, pero no a sus autores, sobreseyéndose los casos muy al inicio de los procesos por este motivo. Sin embargo, no se encontraron expedientes sobre este caso en los archivos de los juzgados militares ni tampoco en el archivo judicial. La destrucción de parte de los archivos del ministerio del Interior en el incendio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 hizo imposible conocer otros aspectos que pudieran confirmar si el gobierno desistió de procesar a los imputados y cuál fue el desenlace de las acciones judiciales iniciadas con ocasión de este conflicto 154.

Desde 1959, las tensiones y la acritud de la crítica opositora iban en aumento, sumándose la agitación por las elecciones municipales de 1960 en la comuna de San Miguel, los conflictos laborales, la violencia policial y las denuncias de la izquierda contra el Poder Judicial. Ilustrativamente, el senador Julián Echavarri (PDC) denunciaba « las inconsecuencias de una campaña tendenciosa y de procesos judiciales íntimamente ligados entre sí, que pretenden en vano negar la verdad que tiene el movimiento popular para criticar su política económica y financiera (…). No nos intimidan los arrestos del gobierno y los insultos infames de su prensa; no nos amedrentan sus procesos ni sus querellas, y seguiremos defendiendo, al amparo de nuestra gran verdad histórica, los legítimos intereses de la Patria y de sus mayorías nacionales» 155. En agosto, el ministro del Interior informó a la Cámara de Diputados:

En relación con el oficio N° 5.441 de esa Honorable Cámara de Diputados, en que se solicitaba de esta Secretaría de Estado el desistimiento de las querellas incoadas con ocasión de las huelgas ilegales habidas en los servicios de utilidad pública, a que se refiere dicho oficio, cúmpleme manifestar a V. S. que este Ministerio impartió, oportunamente, instrucciones para desistirse de tales querellas, habiéndose dictado autos de sobreseimientos de los inculpados por los tribunales respectivos.

Guarde a V. S.- (Fdo.):

Sótero del Río Gundián. 156

El caso de Mademsa/Madeco ilustra cómo la combinación de querellas por la ley de seguridad interior del Estado, el decreto ley 425 de 1925 y varias causales del Código Penal, además de los impedimentos procedimentales en relación con las huelgas legales en el Código del Trabajo, involucraron directamente a los tribunales en muchos conflictos laborales 157. Las detenciones e inicios de procesos judiciales, seguidos por desistimientos como parte de las resoluciones a los conflictos, se habían convertido en una «costumbre» política 158. Detener a los opositores políticos, huelguistas, periodistas, estudiantes que participaban en protestas callejeras y a otros supuestos delincuentes , conducirlos a lugares de detención y a las cárceles, para luego procesar judicialmente a algunos, era un instrumento usual para el gobierno. El Poder Judicial en lo criminal, fuera la justicia ordinaria o justicia militar, como en el caso MADEMSA/MADECO, servía como dique de contención, aunque sólo parcial, frente a las demandas sociales y las aspiraciones revolucionarias.

Los desistimientos de las querellas, anunciados por el ministro del Interior, entre agosto y noviembre no bajaron la presión de la olla político-social. En noviembre de 1960 el líder de la CUT, Clotario Blest, llamó a una marcha hacia La Moneda, que terminó con gran violencia callejera. Resultaron muertos dos obreros y hubo varios heridos por las balas de Carabineros 159. Blest, recién retornado de Cuba, hizo un discurso incendiario: «El heroico pueblo de Cuba ha sido capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano (...). Nosotros, los chilenos, debemos responder a este llamado y ser capaces de tener nuestra Sierra Maestra. Debemos desde este instante luchar con nuestras armas, con nuestros puños, con nuestro esfuerzo y valentía. Cuando el pueblo se lanza a la calle nadie lo detiene. Estamos convencidos que todos los trabajadores de Chile, todos unidos en un PARO NACIONAL, seremos capaces derrotar a este gobierno. (…)» 160. El 4 de noviembre, La Naci ó n sintetizó el discurso de Blest en el titular: «Derribemos el gobierno y hagamos nuestra propia Sierra Maestra». Culpándolo de la violencia, el gobierno se querelló en su contra por sedición 161. La querella fue interpuesta el 5 de noviembre en la secretaría general de la Corte de Apelaciones por el abogado de la intendencia y con la firma del intendente-alcalde de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack.

A su vez, una querella contra Carabineros quedó presentada ante el magistrado Osvaldo Salas de la primera fiscalía militar. Fue firmada por los presidentes de dos partidos políticos, Humberto Mewes de la Vanguardia Nacional del Pueblo y Jorge Costa del Partido Democrático Nacional, y por dos secretarios generales: Salomón Corbalán del Partido Socialista y Luis Corvalán del Partido Comunista. Los abogados Alejandro Pérez y Jaime Faivovich defendieron la querella 162. En tanto, los querellantes acusaron a Carabineros de homicidio (dos delitos), lesiones graves y lesiones menos graves 163. El abogado Óscar Waiss patrocinó una querella en contra del general Arturo Queirolo Fernández, general director de Carabineros (1958-64), por dar órdenes dedisparar al cuerpo contra los trabajadores. Se denunció que la orden la habría dado por intermedio de las radios de los vehículos de Carabineros (radiopatrullas) 164.

Los tribunales recibieron denuncias derivadas de los conflictos políticos y de la «lucha de masas» desdetodos los sectores, incluyendo a los partidos de izquierda que decían confiar poco en la «justicia de clase». El Consejo Nacional de Federaciones llamó a un paro general para el 7 de noviembre, día del funeral de los obreros caídos. El día 7, Blest declaró: «Los trabajadores cansados de someterse a los dictados de la Intendencia y del Ministerio del Interior, cuando indican las calles que debe usar el pueblo para sus desfiles, no aceptamos esa humillación y avanzamos a pesar de que los carabineros quisieron obstruirnos el paso. Santiago será en este país la Sierra Maestra que aplastará a la reacción y aplastará al señor Alessandri y sus corifeos (...) » 165. Las declaraciones de Blest nutrían las preocupaciones de la derecha y parecían justificar las medidas represivas y judiciales desplegadas por el gobierno. Por decisión del Partido Comunista y algunos socialistas, el paro se levantó, contra la opinión de Blest, evidenciando las diferencias dentro de la CUT.

Alessandri rechazó la demanda salarial y la CUT convocó a la IV Conferencia Nacional para los días 3 y 4 de diciembre de 1960, definiendo su plataforma de lucha para 1961: solicitar sueldos y salarios mínimos vitales para todo tipo de trabajadores, sin distinguir entre los sectores económicos del país; asignación familiar única para todos los trabajadores, incluyendo a los jubilados; pensiones mínimas de jubilación, estabilidad en sus trabajos para empleados y obreros y una asignación en diversas especialidades para los obreros, empleados y campesinos afectados por el sismo del año anterior. La CUT recomendó que este «pliego único»se incorporara a los pliegos de peticiones de sus federaciones y sindicatos.

Blest fue detenido y encarcelado hasta el 5 de diciembre, saliendo en libertad bajo fianza 166. Desde su lugar de confinamiento había declarado: «Este no es un juicio corriente, se trata de un juicio político y, por lo tanto, no he retirado nada de lo que he dicho (...) No he dicho que este gobierno caerá hoy o mañana, pero caerá, porque el proceso revolucionario chileno está en marcha» 167.