Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile - 1958-1973)

Las necesidades económicas del Poder Judicial y la reforma del Código Orgánico de Tribunales en 1961 se discutieron en el Congreso. Los debates mezclaron temas financieros, alabanzas del gobierno y críticas desde el FRAP y la Democracia Cristiana al Poder Judicial. En esa discusión se hizo mención de una larga lista de puestos vacantes entre jueces y funcionarios, de norte a sur, lo que preocupaba tanto al Colegio de Abogados como a la Asociación de Abogados, por el «enorme peligro en que se hallaba el Poder Judicial» 180.

Esta combinación entre denuncias y alabanzas al Poder Judicial se ilustra en el debate en la Cámara sobre el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en enero de 1961 sobre un proyecto de ley (originado en un mensaje del Ejecutivo, calificado con urgencia), para aumentar las remuneraciones del personal del Poder Judicial y en la discusión y aprobación del proyecto de ley en el Senado a inicios de febrero 181. El ministro de Justicia Enrique Ortúzar señaló que «cuanto hagamos hoy por defender y conservar la solidez y la idoneidad del Poder Judicial será garantía en el mañana de la preservación de un régimen jurídico institucional que es ejemplo en América de la más pura democracia y es la mayor expresión de libertad y respeto de todos los derechos» 182. Los diputados del FRAP, aun cuando apoyaban el reajuste de salarios de los funcionarios y jueces del Poder Judicial, aprovecharon la oportunidad para dejar constancia de sus quejas respecto de los fallos recientes de varios ministros y también del papel de la judicatura en la mantención de un régimen y gobierno injusto 183.

Intervino el diputado Cademártori:

Vemos, con extraña frecuencia, la coincidencia ya reiterada de que, en los últimos fallos recaídos en asuntos de carácter político suscitados durante el actual gobierno, el Poder Judicial ha fallado en contra de los personeros de la oposición que están siendo perseguidos por el Ejecutivo . Podemos empezar por el caso de la primera persecución que se hizo en contra de don Humberto Mewes, que fue candidato a senador por la provincia de Santiago; enseguida están los casos de la dirigente política, doña Julieta Campusano; del actual Secretario General del Partido Socialista, don Salomón Corbalán; del Director del diario El Siglo , señor Villegas; del presidente de la Central Única de Trabajadores, don Clotario Blest, es decir, podemos advertir toda una política sistemática de persecución a los más directos representantes de la oposición popular a este gobierno.

(…) hay en estos [fallos] problemas de carácter político, como todos lo sabemos muy bien, muchas aristas que considerar, e influye mucho la conciencia y la apreciación de los altos funcionarios del Poder Judicial en la calificación de estos asuntos. Por este motivo, nosotros no consideramos que la independencia del Poder Judicial va a quedar a salvo con este proyecto. Por el contrario, creemos que la forma discriminatoria como se hace el mejoramiento ahondará esta situación 184.

Los sectores de izquierda apoyaron el reajuste de salarios y los procedimientos para llenar las vacantes en el sistema de justicia, pero como se ha evidenciado, había poca reverencia con el Poder Judicial. Incluso vendrían tiempos aún más conflictivos, que pondrían a prueba al Poder Judicial entre 1961 y 1964.

Durante los primeros meses de 1961 hubo, de nuevo, una intensa movilización sindical y una ola de huelgas en varios sectores (cobre, ferroviarios, salud, la empresa Compañía de Acero del Pacífico [CAP], magisterio, panificadores, carbón, salitre) tras la exigencia de aumentos salariales que compensaran el incremento de la inflación.En algunos casos fueron detenidos los dirigentes sindicales y gremiales por huelgas ilegales, como ocurrió con los maestros y por la huelga en Huachipato (14 de los 19 dirigentes sindicales estuvieron detenidos en la cárcel de Talcahuano y luego dejados en libertad por falta de méritos por orden del juez militar –los cinco restantes saldrían al día siguiente en libertad bajo fianza) 185.

Para solucionar el conflicto después de 12 días de huelga, La Nac ión informaba que entre los acuerdos logrados estaba el desistimiento de las peticiones de desafuero de los dirigentes sindicales presentadas ante los tribunales del Trabajo. La empresa se comprometió a reincorporar a los obreros que habían sido expulsados en la huelga, no así a los obreros que fueron detenidos por los incidentes realizados durante la huelga. Sin embargo, los que hubiesen sido puestos en libertad podrían volver a su trabajo. En cambio, los obreros sometidos a proceso a causa de la huelga quedarían fuera de la empresa 186.

A la vez, el gobierno seguía también la modalidad de querellarse contra periodistas que «injuriaran» o «calumniaran» a las autoridades 187. En marzo, el intendente de Santiago, Ramón Álvarez Goldsack, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago dos denuncias, una por injurias contra el diario El Siglo y otra por calumnias contra el diario Las Noticias de Última Hora . El Siglo fue denunciado por un artículo que apareció el 7 de marzo de 1961, donde se comentó la forma de actuar de la autoridad en las elecciones parlamentarias. El intendente se querelló por injurias, porque consideró que ese comentario era lesivo contra su persona y el cargo que investía 188. Se informó que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Israel Bórquez y Eduardo González comenzaron a instruir (simultáneamente y a la vez en forma separada) sumarios para investigar las querellas presentadas contra El Siglo y Las Noticias de Última Hora . En mayo, por orden del ministro sumariante Israel Bórquez fue detenido el director responsable de El Siglo Mario Cerda Gutiérrez. El ministro lo interrogó y lo notificó de la encargatoria de reo, siendo trasladado a la Cárcel Pública 189. Sin embargo, las autoridades desistieron de la querella y el ministro Bórquez sobreseyó a Cerda 190.

En otro caso, el periodista Hernán Millas (diario El Clarín ) fue detenido e ingresó a la Cárcel Pública luego de haber sido notificado de su sentencia. El ministro de la Corte de Apelaciones Eduardo Ortiz lo condenó a la pena de 100 días de relegación en la localidad de Chanco, por el delito de injurias contra el ministro de Justicia Enrique Ortúzar 191.

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1961, los partidos Liberal y Conservador consiguieron menos del 31% de los votos; el Partido Radical 21,4%, los partidos de izquierda el 30% y la Democracia Cristiana un 16% de los votos. El FRAP eligió a 40 diputados y 9 senadores, de los cuales 16 diputados y 4 senadores eran comunistas. Por haber perdido el tercio necesario para sostener los vetos del Ejecutivo, Alessandri invitó a participar en el gobierno al Partido Radical, terminando con el gabinete técnico de «gerentes» y sometiendo sus iniciativas a los criterios necesarios para mantener el apoyo de la nueva mayoría Conservadora-Liberal-Radical. El ingreso de los radicales al gobierno, en agosto de 1961, «significó el retorno de las lógicas político-partidistas a las decisiones públicas y, por tanto, la inevitable salida de los empresarios, los que habían pretendido gobernar sin contar con los partidos políticos» 192. Luis Escobar Cerda (PR) asumió como ministro de Economía.

Sin coartar las demandas del movimiento sindical y de los empleados públicos

–clientela importante para los radicales– además de reformar drásticamente el Código del Trabajo, no había manera de sostener el plan de estabilización. A ello se sumaba la expansión del electorado desde 1949 hasta 1958, las crecientes expectativas populares y la progresiva ideologización y polarización política después de la Revolución Cubana de 1959. Como escribiría Pablo Rodríguez Grez en 1972: «[Alessandri] pudo haber realizado una tarea mucho más positiva, pero el sistema, que siempre quiso transformar, le impidió poner en práctica todas sus ideas y concepciones. Los políticos “minaron” sus proyectos (…)» 193.