Luis Castillo-Córdova - Los procesos en el sistema jurídico peruano

78“(…) acceder a las sentencias de acción popular nos llevará, sin mayor opción, a recorrer por tomos y tomos de sentencias publicadas, confundidas entre todo tipo de procesos constitucionales, lo cual puede responder a qué se debe el poco interés de los especialistas a analizarlas. Respecto a ello, pensamos que sería óptimo contar con un sistema similar al del Tribunal Constitucional, de modo que el Poder Judicial nos permita conocer de sus sentencias ─por lo menos las recaídas en los procesos de acción popular dado su carácter vinculante y los efectos generales que posee─ en su portal web”; cfr. Tito Puca, Y. S. (2009). El proceso constitucional de acción popular. Anotaciones conceptuales y pautas para incoar una demanda. Gaceta Constitucional, tomo Nº 13, p. 157.

79Véase, Tito Puca, Y. S. (2010). El proceso constitucional de acción popular. Análisis a propósito de una sentencia (por fin) fundada. Gaceta Constitucional, tomo Nº 30, p. 111.

80Cfr. Exp. N° 00007-2002-AI (fundamento jurídico 3).

81Sobre el principio de jerarquía normativa, véase el Exp. N° 0005-2003-AI/TC (fundamento jurídico 5).

82Cfr. Exp. N° 00003-2004-AI (fundamento jurídico 2).

83En el mismo sentido, Grández Castro nos dice que el Tribunal Constitucional es “[u]na suerte de traductor oficial de las grafías del constituyente, y si se entiende por ‘grafía’ —como lo hace la Real Academia Española—, el ‘modo de escribir los sonidos’, el Tribunal Constitucional bien puede ser representado simbólicamente como la orquesta oficial encargada de interpretar los ‘sonidos constitucionales’ adecuando su ritmo y compás a cada tiempo y época en que se ejecute”; cfr. Grández Castro, P. (2010). Tribunal Constitucional y argumentación jurídica, Colección Derechos y Garantías N° 19. Lima: Palestra Editores, p. 95.

84Véase García Merino, F., & Gómez Sánchez Torrealva, F. A. (2009). Proceso de inconstitucionalidad. Lima: Grijley, p. 82.

85En el mismo sentido, Blume Fortini nos dice que “(…) el objeto del Proceso Directo del Control Concentrado de la Constitucionalidad es una pretensión procesal de constitucionalidad; esto es, la solicitud de verificar la constitucionalidad de una norma de inconstitucionalidad”; cfr. Blume Fortini, E. (2009). El proceso de inconstitucionalidad en el Perú. Lima: Editorial Adrus, Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional N° 41, p. 238.

86Véase Brage Camazano, J. (2005). La acción peruana de inconstitucionalidad. En J. Palomino Manchego (coord.), El Derecho Procesal Constitucional peruano. Estudios en homenaje a Domingo García Belaunde, tomo 2. Lima: Grijley, p. 803.

87La doctrina sostiene que “[e]l método de actuación del Tribunal Constitucional típicamente procesal, de dar una satisfacción a una pretensión sobre la base de razonamientos jurídicamente fundamentados, no se desvirtúa por el hecho de que algunas de estas pretensiones constitucionales, y muy específicamente las que abren los procesos de inconstitucionalidad, recaigan sobre normas y no sobre hechos; la acomodación de unos hechos a Derecho, hilo conductor del razonamiento jurídico, no es la única materia de dicho razonamiento, que puede aplicarse con igual virtualidad a la acomodación de normas jurídicas al ordenamiento constitucional”; cfr. García Martínez, M. A. (2005). El control constitucional de las leyes. Recurso y cuestión de inconstitucionalidad. Lima: Jurista Editores, pp. 72-73.

88Véase el Exp. N° 0054-2004-PI/TC (fundamento jurídico 16).

89Cfr. Exp. N° 00050-2004-AI/TC y acumulados (fundamento jurídico 10).

90Cfr. Exp. N° 00002-2005-AI/TC (fundamento jurídico 2).

91Cfr. Exp. N° 00002-2005-AI/TC (fundamento jurídico 2).

92“El modelo diseñado por el Código Procesal Constitucional se vincula evidentemente con el sistema norteamericano caracterizado por el principio del ʻstare decisisʼ, es decir, aquel que supone el efecto vinculante vertical, pero también horizontal, de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Siendo las cosas de este modo, no sorprende que el Juez Charles Hughes en 1926 haya afirmado que ‘La Constitución es lo que los jueces dicen que es’”; cfr. Sar, O. (2006). Estudio introductorio al Código Procesal Constitucional. Lima: Nomos & Thesis Editorial, p. 24; véase, además, el Exp. N° 00050-2004-AI/TC y acumulados (fundamento jurídico 17).

93Véase el artículo 77 del Código Procesal Constitucional.

El Tribunal ha establecido que las normas con rango de ley que efectúa Constitución, no tiene el cartácter cerrado sino abieto, como sucede con el caso de las leyes orgánicas, (Exp. N° 00005-1996-AI/TC), los decretos leyes (Exp. N° 00010-2002-AI/TC) o las leyes de reforma constitucional (Exp. N° 00005-2004-AI/TC); interpretando que se trata de normas aprobadas por los poderes constituidos, donde su validez también está condicionada al respecto de la Constitución; véase Exp. N° 00007-2012-PI/TC (fundamento jurídico 11).

94Véase el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional peruano (Ley Nº 28301).

95La Constitución dispone que pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el 25 por ciento de los congresistas, véase el artículo 203, inciso 4.

96La Constitución añade con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, Ley de reforma constitucional N° 30651, publicada el 20 de agosto de 2017.

97La Constitución dispone que pueden interponer una acción de inconstitucionalidad cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda de cinco mil firmas, véase el inciso 5 del artículo 203 de la Constitución.

98La Constitución añade con acuerdo del Consejo Regional, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305, publicada el 10 de marzo de 2015.

99Una expresa alusión al llamado bloque de constitucionalidad; véase el artículo 79 del Código Procesal Constitucional.

100El artículo sexto del título preliminar del código establece que “[c]uando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución”.

101Véase el artículo 65 del Código Procesal Constitucional.

102Cfr. Exp. Nº 2391-2003-AC/TC (fundamentos jurídicos Nº 2 y 3).

103Véase el artículo 70 del Código Procesal Constitucional.

104Véase, Fix Zamudio, H. (1982). La protección jurídica y procesal de los Derechos Humanos ante las jurisdicciones nacionales. Madrid: Civitas, p. 90. Sobre el writ of mandamus, véase Burns, J., Petalson, J., Cronin, Th., & Magleby, D. (1998). Government by the People. New Jersey: Prentice Hall Press, pp. 29-30.

105Al respecto, véase el Exp. Nº 0191-2003-AC/TC.

106Sobre el particular, Carpio Marcos sostiene que esa no era la única solución que tenía el legislador dado que, en el antepenúltimo párrafo del artículo 200 se establece una reserva de ley orgánica para la regulación de las garantías constitucionales contempladas en la Carta de 1993, con lo cual pudo excluirse a la acción de cumplimiento; véase Carpio Marcos, E. El proceso de cumplimiento en el Código Procesal Constitucional. En AA.VV., Introducción a los Procesos (…), p. 192; véase, además, Olano García, H. A. Acción de cumplimiento en Colombia y Perú. En Palomino Manchego (coord.), El Derecho Procesal Constitucional peruano. Estudios en homenaje a Domingo García Belaunde, pp. 685-710.

107Véase otros argumentos en Hakansson Nieto, C. (2019). Curso de Derecho Constitucional (3a ed.). Lima Palestra Editores, pp. 165-167.