Karina Ansolabehere - El Estado y los derechos humanos - México, Ecuador y Uruguay

En el análisis de las posibilidades y límites de la transformación político-social por medio de las instituciones y discursos de los derechos humanos, hay quien pone énfasis en las acciones de los órganos multinacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (Dutrénit, 2015); en la articulación de lo local con lo transnacional (Anaya, 2017; Risse, Risse-Kappen, Ropp y Sikkink, 2013); en instituciones locales como las Cortes (Valderrama y Castagnola, 2015; Pozas-Loyo y Ríos, 2015) o en la organización de la sociedad civil debido a contextos de violencia (Vázquez y López, 2015a, 2015b).

Nuestro punto de partida es que la institucionalización de los derechos humanos sí tiene relevancia para mejorar su ejercicio, pero se debe combinar con condiciones políticas y económicas adecuadas para ello (Ansolabehere, Valdés-Ugalde y Vázquez, 2015). A lo largo del libro profundizaremos en las particularidades de la institucionalización, mediadas por esas condiciones que dan cuenta de lo que denominamos acuerdo estatal.

El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de la última etapa del proyecto de investigación “Institucionalización y disfrute de los derechos humanos en las democracias latinoamericanas 1990-2010” 1realizado en el marco de la línea de investigación de la Flacso México “Estado, democracia y derechos humanos”. Los derechos humanos son un conjunto de disposiciones normativas que devienen de acuerdos políticos, que hacen posible controlar el poder en todas sus manifestaciones y exigir que el Estado desarrolle acciones que permitan mejorar la vida de las personas, en especial de los grupos que se encuentran en una situación de mayor desventaja. En breve, la gran promesa de los derechos humanos es mejorar la vida de las personas.

¿Qué hace que esta promesa se haga realidad o que no se pueda cumplir? El objetivo de este libro es responder a tal pregunta en el contexto latinoamericano. En Entre el pesimismo y la esperanza: Los derechos humanos en América Latina. Metodología para su medición y análisis (2015, Flacso México) examinamos cuál es la relación entre la institucionalización de los derechos humanos y el disfrute de derechos. Entendemos por lo primero la creación del marco normativo, de organizaciones, de procedimientos, de ejercicio de presupuestos, del diseño e implementación de políticas públicas, en fin, de todo el conjunto de acciones estatales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el grado de integración jurídica del derecho local con el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), o la existencia de un ómbudsman , una comisión de derechos humanos o una defensoría del pueblo.

Mientras que la institucionalización coloca el acento en las actividades realizadas por el Estado, el disfrute de los derechos humanos se orienta a la persona ejerciendo sus derechos. Puede suceder que el Estado emprenda muchas acciones en torno a los derechos, pero que ellas no se traduzcan de inmediato en su ejercicio por parte de las personas. Uno de los principales hallazgos de esa investigación fue que, cuando estaban presentes ciertas condiciones políticas y económicas favorables, la institucionalización de derechos humanos tenía un efecto sobre su ejercicio. En cambio, sin esas condiciones, si el Estado no rebasaba esos umbrales, los procesos de institucionalización quedaban neutralizados. En este volumen profundizamos en la interacción entre el proceso de institucionalización de derechos y el acuerdo estatal en el que aquel se inserta.

Las condiciones políticas y económicas que funcionan como suelo fértil para el ejercicio de los derechos humanos no son casualidad. ¿En qué casos existen esas condiciones? ¿Cómo podemos analizarlas? El elemento clave que permite vincular la institucionalización con el disfrute de derechos humanos es el tipo de acuerdo estatal , definido este como los principales acuerdos entre los actores dominantes acerca del papel que deben jugar las instituciones y las prácticas formales e informales que deben predominar (permitir, inhibir, prohibir), las cuales determinan una distribución del poder en una población y territorio específico, a nivel nacional, subnacional y extranacional. En cada uno de estos niveles, el acuerdo estatal puede tener variaciones de conformidad con la naturaleza de sus componentes, que son las alianzas efectivas que conforman una red o sistema que ejerce el poder en un periodo determinado.

El acuerdo estatal media entre la potencial influencia de la institucionalización sobre el ejercicio de los derechos. Esto se debe a que la institucionalización de los derechos humanos se inserta en un determinado arreglo estatal y que dicha estructura responde tanto a acuerdos entre actores poderosos del gobierno, como a las relaciones entre el gobierno, la economía y la sociedad. En otras palabras, la institucionalización de los derechos humanos no se produce en el vacío, sino que se superpone a los acuerdos e inercias organizacionales de diferentes agencias estatales ya existentes, y a políticas de garantía de derechos también existentes. Las distintas combinaciones de estos elementos impactarán en el mayor o menor disfrute de derechos.

Lo anterior no implica suponer que la institucionalización no tiene efectos sobre el ejercicio de derechos, sino asumir que cualquier institucionalización de derechos humanos mantiene una relación que puede o no ser tensa con y dentro del acuerdo estatal, y esto afecta el disfrute de los mismos. Si bien mucho del esfuerzo estatal en materia de derechos humanos está vinculado con el seguimiento de estándares internacionales en la materia, nuestros hallazgos indican que dicha protección es altamente sensible a los acuerdos estatales en los que tienen lugar.

En la entrega que el lector tiene en sus manos, estudiamos en profundidad las condiciones políticas y económicas mencionadas reconstruyendo en el tiempo los procesos políticos de tres casos: México, Ecuador y Uruguay. En tal sentido, este libro complementa el análisis cuantitativo realizado en la primera etapa de la investigación con estudios de caso a fin de identificar particularidades de la relación entre disfrute e institucionalización de derechos humanos.

El punto de partida de Entre el pesimismo y la esperanza (2015) fue que la institucionalización es relevante para el ejercicio de derechos humanos. En esa lógica, en la medida en que un país tuviera más institucionalización, las personas que lo habitan tendrían un mayor ejercicio de derechos humanos. Lo que encontramos es que esta relación no es directa sino mediada.