Rodrigo Salazar Elena - Instituciones electorales, opinión pública y poderes políticos locales en México

Como se observa en el cuadro 1.3, el grado de partidismo de los OAE locales en México es alto en diecinueve entidades federativas, dada la naturaleza política de los órganos involucrados en el proceso de designación de los miembros del máximo órgano de toma de decisiones —partidos políticos y congresos locales—, así como por la composición de sus órganos de decisión. Según la clasificación de Hartlyn et al. (2009), éstos son fundamentalmente independientes/mixtos partidarizados, pues algunos miembros son designados con base en la representación partidista —representante de los partidos y de los congresos locales— y otros son independientes —consejeros electorales—. A ello se agrega la percepción sobre la relación de los miembros de los OAE con los partidos políticos y el Ejecutivo local (gobernador), un elemento con el que se quiere reconstruir o detectar el posible patrocinio, clientelismo o relación de dependencia entre ellos. La información es resultado de la evaluación cualitativa realizada por los miembros de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México, quienes respondieron a la pregunta expresa sobre el grado de independencia e imparcialidad de los miembros de los consejos generales de los IEE. Destaca que distinguieron claramente entre un partidismo con consenso y sin consenso, y un partidismo con injerencia del gobernador o sin ésta, ya fuera velada o abierta. [12]Por último, se añade como información relevante el número de impugnaciones a la elección de consejeros como un indicador del grado de conflictividad en la conformación de los órganos electorales locales.

El cuadro 1.3 también muestra que en trece estados los OAE locales tienen un grado de partidismo medio, gracias, en alguna medida, a la incorporación de la sociedad civil en el proceso de nominación de los consejeros (resultado de la reforma electoral federal 2007-2008). El problema es que dicha consulta no garantiza la imparcialidad de los designados, ya que los partidos son los que formalmente proponen a los candidatos, después de la consulta a la sociedad, y el Congreso toma la decisión final. Incluso, en muchos casos, ha sido denunciado el mero carácter instrumental de esta consulta. Sin embargo, es importante reconocer que ésta representa un nuevo canal para prestar atención a actores no políticos en los procesos de designación de los consejeros, quienes están a cargo de mantener la confianza en los OAE. Otro elemento importante para medir el grado de partidismo es el número de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de los procesos de nominación de los consejeros electorales por estado. Es relevante mencionar que los tres estados con el mayor número de impugnaciones están altamente partidizados: Aguascalientes, Baja California y Tlaxcala.

El cuadro 1.4 muestra el grado de independencia de los OAE locales en México. Éste se basa en el proceso de nombramiento y en la duración de los periodos que fungirán tanto los que nombran como los que son nombrados (Hartlyn et al., 2009: 23). Como quedó señalado arriba, se asume que los consejeros serán más independientes entre mayor sea el número de órganos involucrados en su designación y la duración en el cargo de los consejeros sea mayor a la duración en el cargo de aquellos que los designan. [13]Según Hartlyn y equipo, “los [OAE] menos autónomos son aquellos que son nombrados sólo por una cámara de la legislatura; la autonomía va en aumento en la medida en que los miembros del organismo son nombrados a través de procesos en los que participan varios poderes, pasando por aquellos que son dirigidos por el poder judicial hasta llegar a procesos dominados por la sociedad civil” (Hartlyn et al., 2009: 23). A estos elementos se agregan las normas de remoción de consejeros como otro indicador formal de procedimientos que aumentan o limitan la independencia de los OAE. Este elemento representa una aportación de la autora de este capítulo al grado de independencia de los órganos electorales. Se parte de la presunción de que las normas que facilitan la remoción de los consejeros limitan su autonomía, mientras que las que dificultan su remoción aumentan la independencia. En esta medida, se valoró como alta independencia las normas que restringen la remoción al acuerdo de las dos terceras partes de los diputados de los congresos locales.