Karina Ansolabehere - La política desde la justicia

Desarrolladas las principales líneas de reforma judicial orientadas a aumentar la independencia, cabe hacer referencia a un segundo grupo de trabajos relacionados con éstas y su relación con el poder político o la política democrática. Son trabajos que buscan responder a la pregunta de por qué fueron posibles estas reformas que de alguna manera implicaban la pérdida de poder por parte del Poder Ejecutivo, o en otras palabras, por qué los poderes ejecutivos accedieron a perder poder, para cedérselo al Poder Judicial (Buscaglia y Domingo, 1996; Finkel, 2004, 2005, 1998; Negretto y Ungar, 1997). Si bien no se cuenta con estudios que analicen la totalidad de los países de la región, los que analizan algunos casos nacionales intentan dar cuenta de esta pregunta (Finkel, 2005 y 2004; Ruibal, 2006). Esto es, que la viabilidad de este tipo de reformas se asocia con las expectativas del presidente de acceder al poder en el futuro. Una situación de previsible alternancia política facilitará las reformas, en tanto que la probabilidad de permanencia en el poder tendrá el efecto contrario. Las condiciones en que se llevaron a cabo las reformas judiciales desarrolladas en Argentina (Negretto y Ungar, 1997; Finkel, 2004) y México (Finkel, 2005) son interpretadas en esta clave, explicación que también de alguna manera permite explicar por qué, pasada esta coyuntura en México, por ejemplo, no le fue posible promover a la Suprema Corte otras reformas tendientes a aumentar su influencia, como por ejemplo la presentación de iniciativas de ley relacionadas con el Poder Judicial o la obtención de la autonomía presupuestaria a través de la asignación de un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos de la Federación (Staton, 2003).

Una vez aplicadas las reformas, nuevas preguntas han comenzado a surgir buscando analizar los alcances de la independencia, sus ventajas y desventajas.

El denominado tercer momento de los estudios sobre el Poder Judicial y la política democrática en la región se caracteriza por cuestionar los alcances de la independencia. La preocupación ya no es cómo construir un Poder Judicial más independiente respecto del poder político, sino las implicaciones de la independencia, sus ventajas y desventajas. La independencia ha dejado de ser considerada condición necesaria y suficiente para la adecuación de la relación entre Poder Judicial y política democrática.

En este tercer momento de los estudios sobre el Poder Judicial en América Latina, encontramos que la problemática de la relación entre Poder Judicial y política democrática se expande. Aparecen nuevas preguntas que, fundamentalmente, cambian el énfasis del interés en cómo lograr que el poder político deje de incidir sobre el Poder Judicial para comenzar a pensar de qué manera el Poder Judicial está incidiendo sobre el poder político. Entre estas preguntas se destacan: a ) cuáles han sido los resultados de las reformas destinadas a mejorar la independencia, b ) cuán eficaces son los poderes judiciales y por qué lo son, c ) cuáles son las consecuencias de la ampliación de las facultades del Poder Judicial para incidir sobre la política democrática o, en otras palabras, cómo lograr un equilibrio adecuado entre independencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, así como los alcances y límites de la denominada judicialización de la política, y d ) cuán democráticas son las decisiones de los poderes judiciales.

Respecto de la primera pregunta se destacan los trabajos que se preocupan tanto por cómo evaluar los resultados de las reformas judiciales (Hammergreen, 2002) como aquellos que intentan evaluar el impacto de las reformas (Prillaman, 2001; Dodson y Jackson, 2001; Inclán e Inclán, 2005; Domingo y Sieder, 2004). El primer tipo de trabajo busca identificar indicadores —así como las dificultades para contar con éstos— y observar cambios (Hammergreen, 2002). En tanto el segundo grupo de trabajos busca mostrar resultados. Algunos se preguntan qué elementos han contribuido a que las reformas fueran exitosas y comparan tipos de reformas —por ejemplo, graduales con no graduales— para observar diferencias en los resultados (Prillaman, 1999). Este tipo de trabajos demuestran que las reformas integrales han presentado mejores resultados que las graduales. Otros, en cambio, se interesan en el tipo de intervención de los organismos internacionales de crédito como variable a considerar en el éxito de las reformas (Carrothers, 2004). Finalmente, otros intentan evaluar cómo han incidido las reformas destinadas a fortalecer la independencia sobre la posición del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo o, más específicamente, respecto de la rendición de cuentas horizontal. Al respecto es interesante observar que los resultados arrojan una correlación positiva entre reformas judiciales destinadas a fortalecer la independencia y rendición de cuentas horizontal por parte del gobierno como muestra el trabajo de Inclán e Inclán (2005). En esta línea de trabajo, cabe destacar un estudio de Jodi Finkel (2003), en el cual la autora demuestra para el caso mexicano que las reformas judiciales de 1994 destinadas a fortalecer el lugar del Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte de Justicia Mexicana respecto del Poder Ejecutivo y el Legislativo, han derivado en un aumento del poder de la Corte, medido a través de las decisiones en materia electoral en las que ha resuelto en contra del partido dominante.

Si bien estos enfoques combinan la preocupación por los cambios con la preocupación por las instituciones y actores en ese proceso, estamos ante iniciativas que poco se han preocupado por analizar si se han modificado las concepciones que sustentan las decisiones judiciales, cómo se han modificado, cómo inciden en lo que garantizan los responsables de la Constitución. Sin embargo, debe destacarse que los mismos constituyen importantes avances en la calidad de los estudios sobre el tema que nos permiten observar cambios en la relación entre los poderes del Estado, y evaluar la posición relativa del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y el Legislativo.

En cuanto al segundo interrogante (cuán poderosos son los poderes judiciales), si bien existen pocos trabajos sobre la cuestión, éstos representan ejemplos rigurosos en términos de conceptualización y metodología, aunque todavía sólo orientados al análisis de casos nacionales. Parten de la pregunta de en qué condiciones los jueces, más específicamente las cortes supremas, deciden contra el Poder Ejecutivo, o en su defecto, contra el partido dominante. Al respecto, las respuestas difieren. La propuesta de Gretchen Helmke (2001), que analiza el caso argentino entre 1976 y 1998, es que la Corte Suprema, definida como actor autointeresado, decide en contra del Poder Ejecutivo a medida en que se percibe que dicho gobierno se debilita y existen altas probabilidades de que no vaya a continuar en el poder. Al respecto es interesante notar que, aun una Corte que por su composición no puede considerarse independiente respecto del poder político —como la argentina durante la última dictadura militar— presenta este patrón de comportamiento el cual permite inferir que, más allá de las condiciones institucionales, no se puede hablar de cortes uniformemente dependientes o independientes, sino de cortes fluctuantes respecto de sus decisiones según su evaluación del contexto político. Una explicación alternativa es la propuesta por Julio Ríos Figueroa (2004) para la Suprema Corte mexicana, entre 1994 y 2001. Este autor, a partir del análisis de las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad resueltas por la Corte mexicana, demuestra de qué manera la pluralización de la representación política parlamentaria está asociada con una mayor cantidad de decisiones contrarias al partido históricamente dominante en el país, el pri. Esto es, que la existencia de gobiernos divididos favorecería decisiones más autónomas por parte de las supremas cortes. En este caso, a diferencia del trabajo de Helmke, el énfasis no está puesto en conocer por qué deciden como deciden los jueces sino qué elementos del contexto político coadyuvarán en decisiones más autónomas. Resultados similares se observan para el caso argentino entre 1935 y 1998, donde Iaryczower, Spiller y Tomassi (2002), en un estudio realizado con la intención de demostrar que en los jueces predomina una conducta estratégica, encuentran que la probabilidad de que un juez de la Corte Suprema de Justicia vote contra el gobierno disminuye cuanto mayor es el control del presidente sobre la legislatura, pero aumenta cuanto menos alineado es el juez.