Karina Ansolabehere - La política desde la justicia

Se asume que, el “buen funcionamiento” [16]del Poder Judicial es garantía, por una parte, de la vigencia del Estado de derecho, condición necesaria (aunque no suficiente) de la democracia (Liz y Stepan, 1997; Diamond et al. , 1997; O’Donnell, 1994, 1997 y 2000; Méndez et al. , 1999) y, por otra parte, de la seguridad jurídica, condición necesaria (pero también no suficiente) para el funcionamiento eficiente de una economía abierta (Jarquin y Carrillo, 1998; Correa Sutil, 1998).

El punto de partida es la identificación de una situación en la que el Poder Judicial es descrito como dependiente del poder político, inaccesible para los sectores de menores recursos, ineficiente para resolver las controversias en forma rápida y oportuna (Prillaman, 2001; Correa Sutil, 1998) y desprestigiado ante la ciudadanía. [17]Desde este diagnóstico, el punto de llegada deseable lo constituye una situación en la que el Poder Judicial supere las fallas anteriores y se consolide como guardián del Estado de derecho.

La reflexión sobre la necesidad de construcción de la independencia del Poder Judicial de cara a la consolidación de las nuevas democracias, tiene como marco de referencia obligada las contribuciones clásicas de la literatura relacionada con el tema, en la que en general se describen los atributos que debería tener un Poder Judicial que contribuya de manera virtuosa a este proceso.

Dentro de los aportes más importantes se identifican dos perspectivas de análisis con énfasis diferenciados. La primera encuentra sus principales referencias en los trabajos de Linz y Stepan (1997a, 1997b) y Diamond et al. (1997) en los que se enfatiza el rol del Poder Judicial como garante del Estado de derecho . La segunda, cuya referencia más importante se encuentra en los trabajos de O’Donnell (1996, 2000a, 2000b, 1999), se centra en la crítica de la capacidad explicativa de la teoría democrática para dar cuenta del desarrollo democrático de la región. Enfatiza el rol del Poder Judicial como contrapeso del Poder Ejecutivo y su capacidad para constituir una instancia facilitadora de la rendición de cuentas horizontal entre los poderes del Estado.

Ambas líneas de reflexión parten de la base de que la relación Poder Judicial-proceso político democrático es insatisfactoria y se propone una construcción en la que a la acción del Poder Judicial se le asigna: a ) un rol de garantía del derecho frente a la política, o b ) una función de equilibrio entre poderes del Estado frente a su asimetría. Ya sea en un caso o en el otro, su desempeño se constituye en un mecanismo que contribuiría a mejorar la calidad del desempeño democrático.

La primera vertiente, cuya contribución típica es la de Linz y Stepan (1997a, 1997b), sostiene que “Para alcanzar una democracia consolidada, el grado necesario de autonomía de la sociedad civil y la política debe estar enraizado en una tercera arena: el estado de derecho” (p. 18). Entienden Estado de derecho en un sentido liberal lockeano (Zuckert, 1994), esto es, como la sujeción del gobierno y el aparato del Estado a la ley, las áreas de poder discrecional restringidas y la posibilidad de los ciudadanos de apelar a las cortes para defender sus derechos ante la interferencia del Estado o sus funcionarios: “La consolidación de la democracia requiere un límite legal que constriña y enraíce al Estado” (Linz y Stepan, 1997a: 19).

Consecuentemente, el Poder Judicial, para poder cumplir dichas funciones, debe operar —actuación que no siempre realiza— como poder que garantice los derechos de las minorías frente a los excesos de la mayoría. Poder que para desempeñarse de acuerdo con las características prescritas, debe estar compuesto por jueces capacitados y aislados e independientes del poder político que tomen decisiones sin presiones. La independencia, respecto de los otros poderes del Estado, se vuelve el principal atributo deseable de este Poder Judicial en un régimen democrático.

La secuencia de desarrollo deseable de la relación entre Poder Judicial y poder político sería entonces:

La segunda vertiente de análisis, dentro de la “familia” de literatura sobre la democratización y calidad de las nuevas democracias, está dada por los trabajos de Guillermo O’Donnell. Éstos, a diferencia de los anteriormente analizados, se enfocan en el análisis de las particularidades de las democracias latinoamericanas. Critican la capacidad explicativa de la teoría democrática para la región (O’Donnell, 2000a), así como la secuencia democracia electoral-democracia liberal presentada por influyentes estudiosos del tema (O’Donnell, 1996).

El argumento crítico principal a las perspectivas similares a las de Linz y Stepan es que las condiciones que se establecen para considerar consolidada una democracia suponen como modelo el de las instituciones de las democracias de los países desarrollados. Se espera la consolidación de instituciones formales e informales consonantes con éstas. En respuesta a estas consideraciones, sostiene que no debe calificarse a las nuevas democracias como no institucionalizadas o no consolidadas, sino como consolidadas e institucionalizadas de manera distinta. Presentan “otra institucionalización” (O’Donnell, 1996). El concepto de democracia delegativa (O’Donnell, 1994) brinda un claro ejemplo de esta perspectiva. Ésta es una democracia diferente y con rasgos no deseables, pero no deja de considerarse como tal. En ésta el derecho de voto y los derechos concomitantes a éste, son los únicos que pueden ejercerse efectivamente. Por definición, en las democracias delegativas, las libertades de expresión y asociación son respetadas y el derecho de voto se ejerce sin mayores constricciones. Son democracias en las que si bien se cumplen los requisitos formales de acceso al poder —las elecciones en general pueden considerarse limpias y competitivas—, las condiciones de representación y de capacidad de la ciudadanía y de los poderes legislativos y judiciales de solicitar rendición de cuentas al Poder Ejecutivo son prácticamente nulas. Pasado el momento de plebiscitación eleccionaria, no existen mecanismos efectivos de control sobre los ganadores, quienes tienen amplia libertad de acción.

A diferencia de la preocupación por el gobierno de leyes, un gobierno limitado y previsible que presentaban Linz y Stepan, el interés de O’Donnell —en un contexto en que el único derecho que parece poder ejercerse efectivamente es el de voto— son las condiciones de representación de la democracia y la posibilidad de la existencia de mecanismos de accountability horizontal (O’Donnell, 1999). El gobierno deseable es el gobierno controlado (antes que sólo limitado) y representativo (antes que sólo previsible). La democracia liberal sigue siendo un punto de llegada, pero en este caso se prioriza el componente republicano del gobierno democrático —la publicidad y visibilidad— antes que el liberal; la representación y la rendición de cuentas dentro de la legalidad, por sobre la supremacía de la ley y la limitación del gobierno, pero también se prioriza y problematizan las características del Estado en estos regímenes políticos (O’Donnell, 2000a).

Este tema es importante porque acabamos de descubrir que, además de las elecciones limpias e institucionalizadas, existe otra característica específica de la democracia política contemporánea: es el único régimen de una apuesta institucionalizada, universalista e incluyente […] Los regímenes democráticos son el resultado permanente y cotidiano de esta apuesta […] la apuesta democrática es una institución legalmente promulgada y sustentada […] esa definición nos lleva más allá del régimen y nos coloca en el plano del Estado, en dos sentidos. Uno es el Estado como entidad territorial que encuadra a los titulares de los derechos y obligaciones correspondientes a la ciudadanía política. El segundo sentido es el del Estado como un sistema legal que promulga y respalda la asignación universalista e incluyente de esos derechos y obligaciones (O’Donnell, 2000a: 539).