Gonzalo Varela Petito - Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo

En cuanto a la política de desarrollo tecnológico, el caso de Japón muestra que la acción del sector privado es decisiva. En I&D, el peso de las compañías es mayor que el del Estado, por comparación con otros países desarrollados. Pero es procedente hacer una distinción entre corto y largo plazo tomando en cuenta un conjunto de políticas —entre las cuales se encuentran la industrial y la comercial. Desde el siglo XIX en adelante, el avance de Japón no pudo lograrse sin la intervención pública. [7]

En México, una política propiamente dicha en ciencia y tecnología no existió antes de la década de 1970 (Casas y Ponce, 1986), y su implementación tuvo limitaciones administrativas y presupuestales al menos hasta los noventa, pero fue retórica y poco eficaz. Similar a otros países en desarrollo, la demanda de tecnología se orienta a proveedores externos, sin impulsar el despegue de interno. Tal situación, se supone, debería cambiar al presente, dados los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otras decisiones de apertura que han modificado el marco competitivo de muchas empresas mexicanas. Pero la investigación en ciencia y tecnología radica todavía en un grupo de universidades públicas y otras instituciones estatales o paraestatales y en experiencias circunscritas de vinculación (Valenti, 2008; Villavicencio, Martínez, y López, 2011). Lo que es indicador de una todavía baja creatividad y transferencia de conocimiento a las actividades productivas.

Más significativa en México fue la política industrial (Moreno-Brid, 2013). Si bien bajo ataque a causa de cambios de las orientaciones oficiales desde inicio de los ochenta, la protección gubernamental del mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones —como en otros países de América Latina— ha tenido defectos pero también resultados en el crecimiento económico, la adopción de nuevas tecnologías y la diversificación de la estructura productiva. Pero si positiva en algunos rubros y en determinados periodos, la política industrial tampoco garantizó desarrollo propio de conocimientos con vasto impacto social. La barrera proteccionista impuesta por la sustitución de importaciones no impidió (e inclusive favoreció) la inversión extranjera directa en empresas orientadas al mercado interno, alentando cierta transferencia de tecnología avanzada, pero mediatizada por la tendencia de otras empresas a importar tecnología obsoleta a bajo precio, capaz de rendir ganancias en una economía cerrada.

En Japón, por contraste, la política industrial y comercial promovió la autosustentación del desarrollo, sin bloquear la importación de know-how foráneo sino combinándola con adaptación e innovación propias. En la segunda posguerra, una nueva gran puesta al día de la economía japonesa coexistió con fuerte injerencia extranjera, pero la política industrial y el desarrollo económico fueron consistentes con una continua generación y adaptación propias de tecnología.

3. Finalmente debemos considerar el rol de la cultura. Este tema requiere una aproximación cautelosa, dada la pluralidad de concepciones teóricas concurrentes y la necesidad de evitar un uso superficial de los términos involucrados. [8]Parte de la culpa puede deberse a la compleja evolución y la cambiante definición del concepto mismo de cultura (Keesing, 1974). A veces se la define como un conjunto de patrones específicos de comportamiento, en otras como un conjunto de valores, un estilo de expresión o un artefacto ideal usable para elecciones y decisiones en circunstancias cambiantes. Tampoco se puede ignorar que dicho concepto tiene un poder ideológico y político que ha sido base para sostener agresivas posturas nacionales en la arena internacional.

En lo tocante a Japón, religión, “grupismo” y verticalismo organizativo son frecuentes causas invocadas para explicar su desempeño, pero no hay forma de precisar empíricamente en qué medida los logros se deben efectivamente a tales causas. Cabe descontar de partida interpretaciones ingenuas que llevarían a suponer que una sociedad funciona tal y como los ideales de sus élites intelectuales, políticas o empresariales le dicen que debe funcionar. Más allá de la vaguedad teórica o del exceso ideológico podemos, sin embargo, sostener el uso del concepto de cultura para completar el marco de comparación de casos nacionales. Sería aceptable una perspectiva de análisis de la cultura y especialmente de la cultura política consistente en un enfoque entre institucional y estructural de interpretación (Elkins y Simeon, 1979). [9]La cultura nutre a la política al proveerle de valores y símbolos que pesan en la toma de decisiones, o sea en la percepción de los riesgos y desafíos que una nación enfrenta y en las formas de determinar metas colectivas, interpretar acciones y legitimar resultados. Se trata de una perspectiva poco explorada en México.

En suma, el enfoque expuesto en las anteriores páginas supone: identificación de las características de un entorno cultural y político; definición de lo que un sistema de innovación es, con sus componentes y actividades (redes de actores e interacciones); y un análisis de los insumos y productos del mismo sistema. La OCDE (1997) enfatiza el estudio de los flujos de conocimiento y ha propuesto tres enfoques analíticos. [10]Pero el análisis de los elementos constitutivos no debe esquivar la observación del sistema de innovación como un todo, en una perspectiva de sistema-entorno. El sistema político provee —o debería proveer— direcciones y restricciones por medio de un ensamble de políticas con dirección estratégica, y de actores e instituciones que aun cuando no estén directamente vinculadas con la operación de la innovación, inciden de algún modo en su desempeño. Se requiere también observar valores, patrones cognoscitivos, y modelos de toma de decisiones en el ámbito de la “triple hélice”. Los vínculos informales entre empresarios, investigadores y funcionarios de gobierno son a su vez parte de iniciativas que pueden preceder a la institucionalización de un sistema de innovación. [11]

Otro aspecto es la selección de variables que permiten reunir información empírica. Se consideran usualmente los insumos y productos del sistema nacional de innovación, tomando como fuente de información los datos sobre investigación y desarrollo. Como insumos del sistema, cuentan los gastos y el número de personal en I&D; como productos, el balance tecnológico de pagos y la solicitud de patentes.

Los países que acceden a un grado avanzado de desarrollo aseguran disponibilidad de capitales, capacidades gerenciales y tecnología. Hay elementos evolutivos internos y asimismo —en un contexto internacional en que existen diferencias entre países y regiones— procesos de transferencia de tecnología. Ilgen y Pempel (1987) definen pasos de esta transferencia: 1) planear y elegir qué tecnologías importar, 2) realizar proyectos de infraestructura, 3) asegurar transferencia de nuevas industrias ligeras y livianas, 4) y de importaciones orientadas a procesos específicos. Todos los países en desarrollo pasan por estas etapas desde el momento en que empiezan a importar tecnología para modernizarse, pero las etapas pueden mezclarse en vez de ser secuenciales, si bien las dos primeras son más factibles de concretarse al principio de la modernización y las dos últimas luego de que la misma se puso en marcha.

Una evolucion así descrita es empero difícil de discernir sin más en una situación como la de México, donde si bien existen desde hace décadas políticas que buscan asegurar el desarrollo, por otro lado contrapesa el estatus altamente integrado que tiene, con sus ventajas y desventajas, la economía nacional en relación con la de Estados Unidos. El patrón de dependencia tecnológica y el desarrollo industrial ya sea con base en los impulsos espontáneos del capital nacional y extranjero, o en la planeación de políticas oficiales explican el aún débil sistema nacional de innovación como conjunto de procesos poco ensamblados, más desenvuelto en las instituciones públicas que en las empresas productivas.