Gonzalo Varela Petito - Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo

1. Lo primero a considerar al abordar el estudio de un país en contexto globalizado es su posición histórica. Una característica del desarrollo de Japón en el largo plazo es la autosuficiencia, [3]en contraste con la dependencia de México, particularmente en relación con Estados Unidos. No es necesario recurrir a una afiliación teórica en especial para reconocer que una duradera y muy cercana relación entre un país muy poderoso y otro más débil no es del simple tipo de una “interdependencia” y que supone más constricciones y orientaciones que las que determina la vinculación con el resto del mundo (Keohane y Nye, 1997).

Otro aspecto es el de la formación y circulación de capitales. Mientras Japón —variando según la coyuntura— ha sido un exportador de capitales, México es un importador en tanto “mercado emergente”. Si Japón, como potencia económica y financiera se basa en tecnología avanzada propia, lanzamiento de nuevos y sofisticados productos y alto costo de su mano de obra, México reposa en los ingresos de capital externo, la baratura de su mano de obra y un menor desarrollo tecnológico. Ambas economías está expuestas a bruscos cambios coyunturales, pero es clara la diferencia en la recepción y el manejo de los impactos, sean positivos o negativos.

Un tercer factor reside en los efectos durables de hechos dramáticos que afectaron a ambos países en el siglo XX. Para Japón se trató de la Guerra del Pacífico (1937-1945) no solo por sus devastadores resultados sino porque, para el tema que nos interesa, dio pie a un modelo de administración pública y planeación económica que tuvo continuidad en la posguerra, [4]hasta que el estallido de la “burbuja” financiera de la década de 1990 puso dudas sobre su futuro. En lo que concierne a México, está la huella dejada por el proceso revolucionario de principios del mismo siglo y su consecuencia en el establecimiento de un régimen autoritario civil que duró hasta el año 2000, basado en el poder de un partido cuasi único con una política orientada al desarrollo. Sin caer en fáciles comparaciones, es sugerente señalar que en estos países la estructuración de un sistema político estable, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estuvo vinculado a la permanencia de un mismo partido en el poder durante décadas, ya sea por mecanismos de legitimación “populista” (México) o de competencia electoral (Japón). Pero también contó en ambos casos la existencia de una mano de obra disciplinada, ya sea por los sindicatos corporativizados en México o por los sindicatos “verticales” organizados por empresa en Japón. Ha pesado también una muy cercana relación con la principal potencia económica y política del mundo contemporáneo, Estados Unidos y —no menos importante— el hecho de que los dos países devinieran en casos de “Estados desarrollistas” (Developmental States), o sea, de crecimiento guiado por el Estado en contexto de economías de mercado sometidas a globalización.

Ello no quiere decir que aplicaran el mismo modelo económico. Mientras que Japón se apoyaba desde fines del siglo XIX en un desarrollo industrial en gran medida autosostenido, la industrialización mexicana, aunque con antecedentes, creció sobre todo a partir de los años treinta, y más aún luego de 1945. Y en tanto Japón pudo recuperarse de los efectos de la guerra para convertirse en una potencia económica, la economía mexicana, si bien alcanzó un tamaño preponderante —junto con Brasil— en el conjunto latinoamericano, no está suficientemente diversificada y está a expensas de la provisión externa de capital y de tecnología.

2. Esto lleva a considerar factores políticos internos concernientes a la organización del Estado, el sistema político y la planeación gubernamental. Japón y México cuentan con Estados centralizados y burocratizados y con un grado variable, según cada caso, de tecnocratización. Cuerpos de funcionarios manejan el desempeño de asuntos estratégicos. Pero mientras en el país asiático la burocracia sigue en términos generales tendencias similares a las de los países de Europa occidental (Koh, 1989), en México se encuentra más atada a la política partidaria, por lo que no ha alcanzado un nivel comparable de independencia, profesionalización y estabilidad, no obstante los esfuerzos recientes por afianzar un servicio civil de carrera y por mejorar las competencias técnicas y profesionales (Smith, 1981; Camp, 2012).

Se pueden rastrear otras diferencias en cuanto a la legitimación que permite a las burocracias existir, tomar decisiones y conducir actividades dentro de su competencia. Para ello es necesario contemplar el sistema político de cada país, definido como un peculiar entorno del Estado concretado en una conjunto de actores e instituciones civiles y políticos que influyen en las decisiones en forma más o menos activa y autónoma, dependiendo de su posición y poder. Los sistemas políticos de México y Japón sufrieron transformaciones en la segunda mitad del siglo XX, que promovieron una pluralización no completa en la actualidad. [5]En Japón, el formato burocrático de la administración pública, con significativa autonomía en la toma de decisiones, no sobrellevó un cambio decisivo en la posguerra, pero en cambio el sistema político sí lo tuvo, al ser desplazada la hegemonía militar por otra basada en la competencia electoral de partidos. [6]En México, un cambio político de entidad también se produjo con la democratización paulatina de fines del siglo XX: el sistema electoral se volvió más abierto, la competencia entre partidos se incentivó, y proliferaron los grupos de presión y las organizaciones de la sociedad civil.

Debemos preguntarnos también por el efecto de las políticas gubernamentales (industrial, tecnológica y educativa) en la promoción de un conjunto de habilidades colectivas reunidas en un sistema nacional de innovación. Lo que implica dos líneas, una concerniente a las capacidades generadas, y otra resultante de estímulos públicos, privados o sociales. Lo primero se funda en el conocimiento acumulado, si el mismo es impulsado por factores evolutivos internos al sistema tecnológico o de demandas de mercado (Elster, 1983; Cimoli, 1999). Pero también cuenta el estímulo político, hipótesis acorde a la experiencia de “Estados desarrollistas” que buscaron ponerse al día en materia de avance industrial a nivel mundial, asegurando condiciones que van más allá de los requerimientos ortodoxos de una economía de mercado. Las posturas teóricas sesgan a los analistas, pero en términos empíricos no es evidente que un resultado negativo o positivo sea logrado solo por una continua intervención del Estado o por una autónoma y dinámica acción privada (Okimoto, 1989; Moreno-Brid y Puchet Anyul, 2007). Existiendo ambos tipos de intervención, el resultado depende de la interacción entre ambos vectores más que de un esfuerzo absorbente en particular. Junto a la orientación de las políticas oficiales, los aportes de la investigación y el esfuerzo empresarial, el desempeño nacional puede ser igualmente beneficiado por el acceso a mercados y capital, la coyuntura internacional y otros factores no ponderables en una primera evaluación. Por tanto, la actividad de un Estado desarrollista no garantiza éxitos de antemano, pero el entrelazamiento de política industrial, política tecnológica y política educativa ha de tener un obvio influjo en un sistema de innovación.

La inversión en educación, sea en México o en Japón, se ha dado también en direcciones diversas. Sin estar a salvo de críticas, Japón ha logrado una relación bastante funcional entre los niveles básicos y superiores de educación (Reischauer, 1985), gracias a una evolución que empezó incluso antes de la modernización de fines del siglo XIX. La transición educativa en México ha sido más accidentada porque lidia con extendida pobreza, desigual distribución del ingreso y brecha educativa que se profundiza entre clases sociales y etnias, lo que se refleja en la segmentación de su sistema de enseñanza. Entre otras cosas, México no cuenta con un buen balance entre educación básica, media superior y superior, lo que afecta al sistema educativo en conjunto (Guevara Niebla, 1992; Varela Petito, 2005).