Diego Giacomini - La revolución de la libertad

Esta norma absoluta y objetiva del derecho y de la propiedad natural sustenta la defensa irrenunciable de los tres derechos inherentes del ser humano: la libertad, la vida y la propiedad privada. Estos tres derechos son inseparables porque tienen el mismo origen: la esencia del propio hombre. La estricta defensa de la vida, la libertad y la propiedad, como ya dijimos, son de aplicación universal para todo ser humano, en todo espacio físico y temporal. Su aplicación debe ser siempre defendida en todos los tiempos y lugares, y con cualquier nivel de desarrollo social y económico. De hecho, no hay ningún otro sistema social que pueda ser calificado de ley natural.

En este marco, el delincuente es quien viola el derecho natural, atacando a una persona o a la propiedad producida por ella, es decir, aquel que ejerce violencia contra otros individuos o contra sus propiedades. El delincuente es aquel que rompe la paz, que en esencia consiste en poder disfrutar en forma tranquila, sosegada e imperturbable de la propiedad natural y sus resultantes. En este sentido, la violencia ofensiva siempre es delito, o sea, la violencia sin violencia previa —la violencia que no surge como respuesta a una violencia previa— es siempre delito contra el derecho natural.

Por el contrario, la violencia puede no ser delito si es defensiva, es decir, si es utilizada como respuesta a una agresión previa procurando recuperar la propiedad anteriormente violentada o reparar la agresión. Es más, ante una violencia ofensiva, debe ser obligatorio el uso de la violencia defensiva reparadora, ya que, sin derecho a defender la propiedad natural, deja de haber propiedad natural. Hay que tener bien claro que, sin defensa de los derechos, no hay derechos. Sin defensa del derecho natural, se extingue el derecho natural. Y, en este contexto, emerge una pregunta básica: ¿hasta dónde alcanza el derecho del ser humano a defenderse a sí mismo y sus propiedades? Fácil: hasta el punto en el cual sus acciones defensivas comienzan a incidir o a impactar en los derechos de propiedad de terceros. Si se sobrepasa este punto, su defensa pasa a ser delictiva por agredir a terceros; y esos terceros podrían, a su vez, defenderse contra su previo accionar violento.

En pocas palabras, el individuo puede emplear la violencia defensiva contra una agresión previa que invade su propiedad natural y sus producidos. Ahora bien, este tipo de respuesta defensiva no puede utilizarse contra cualquier tipo de daño. La agresión puede ser utilizada solo como defensa frente a una amenaza de invasión, violencia o daño que sean indudablemente palpables, inmediatos y directos. Por el contrario, no se puede apelar a la violencia como respuesta a una (supuesta) agresión por amenazas o daños potenciales imprecisos y futuros, es decir, que no son ni patentes, ni inmediatos. De actuar de esta manera, todas las especies de tiranía encontrarían justificación. La única manera de protegerse frente al despotismo es atenerse al criterio de que la invasión que se percibe ha de ser clara, inmediata y abierta. No obstante, es inevitable que aparezcan situaciones borrosas y confusas. Ante este riesgo, se deberá comprobar si la amenaza de invasión es directa e inmediata y, de serlo, los individuos ciudadanos deberían adoptar las medidas preventivas pertinentes tendientes a evitar dicho acto violento.

En resumen, el derecho natural es el único y verdadero derecho inherente al hombre. En consecuencia, la justicia no es otra cosa que la ciencia que procura la defensa del derecho natural. El derecho natural y la justicia que lo defiende son la única opción universalmente justa. Es la única ley común a todos los hombres y mujeres. Ergo, no puede ser modificada, es inmutable a lo largo del tiempo. Por el contrario, toda (supuesta) justicia que atente o lesione los derechos naturales es una justicia injusta, una justicia que arremete contra la propia esencia del ser humano. Y esto último es justamente lo que hace el derecho positivo en numerosas ocasiones. Las normas o el cuerpo de legislación escrito, sancionados y promulgados por los burócratas de carne y hueso del Estado, suelen avasallar el derecho natural.

Según todo lo que dijimos, el derecho natural debería regir la vida de los todos seres humanos. Por consiguiente, la justicia debería consistir solamente en la defensa del derecho natural, de manera que cuanto más se circunscriba solo al derecho natural, más justicia habrá. Por el contrario, cuanto más se aleje del derecho natural, la justicia será más injusta. Como explica Rothbard: “En esencia, la ley natural es una ética profundamente ‘radical’, porque marca límites al statu quo actual, que tal vez viole gravemente la ley natural, olvidando la incesante e inflexible luz de la razón. En el ámbito de la política de la acción del Estado, la ley natural se presenta al hombre como un conjunto de normas que pueden suponer una crítica radical a la ley positiva en vigor impuesta por el Estado”.(1)

De acuerdo con nuestra visión, el derecho natural debe ser utilizado como indicador para abolir, suprimir y recortar la mayor cantidad de leyes positivas que puedan derogarse. El derecho natural debe guiar la reducción del frondoso caudal de legislación (en todos los niveles de gobierno) que hay en las democracias universales y representativas modernas. El derecho natural debe ser revolucionario, radical y debe convertirse en el punto de partida para arremeter contra el statu quo de la legislación positiva actual.

El derecho natural debe encender la mecha de los cambios radicales, arremetiendo contra todo el orden institucional actual y jurídico que emana de las constituciones liberales (ver “El fracaso de las constituciones liberales”). A partir del derecho natural hay que desarmar el monopolio estatal de la justicia y la seguridad, y también la mentirosa estafa de la división de poderes y de los frenos y contrapesos, que solo han legitimado y contribuido a la expansión del Estado y al saqueo organizado y sistemático de unos para con otros. El derecho natural debe reducir el derecho positivo hasta hacerlo coincidir con su ley y su justicia. Sin un derecho natural que arremeta y achique la legislación presente, el Estado no solo mantendrá su tamaño actual, sino que seguirá creciendo. Justamente, el derecho natural debe ir contra el derecho positivo para achicar el Estado, desempoderar la política y empoderar a la sociedad. El derecho natural debe ser la plataforma de despegue para hacer desaparecer el Estado, que es el único enemigo del ser humano, de su libertad y de su prosperidad. Pero mientras haya legislación, habrá Estado. Y si no se ataca y reduce el derecho positivo, el instrumento que expande el yugo sobre los individuos, el Estado seguirá creciendo. Más aún bajo los regímenes de democracia universal y representativa y sus dictaduras parlamentarias.

En la democracia universal representativa (ver “Democracia y socialismo”), que es un régimen de gobierno de propiedad pública en el cual todos los esquemas de incentivos están dirigidos a hacer crecer los medios políticos a expensas de los medios económicos, la legislación está condenada a crecer, porque su expansión consolida cada vez más el sistema de anticuerpos tendiente a evitar que el sistema pueda ser cambiado desde arriba y desde adentro; y así se impide que se modifique su trayectoria temporal, que nos condena a cada vez más política, más Estado y menos individuo.

La legislación, hecha por burócratas estatales de carne y hueso y basada en el derecho positivo contrario al derecho natural, es el corazón del avance del Estado por sobre el individuo. Los jueces son el cerebro. Ambos, en forma conjunta, solo producen injusticia. El poder judicial no cumple su rol. Los jueces han decidido dejar de ser el (supuesto) mecanismo para limitar las acciones del Estado. Por el contrario, los jueces han elegido convertirse en el instrumento más eficaz para dotar de legitimidad ideológica el avance del Estado. El poder judicial imprime de legitimidad todo avance inconstitucional de los burócratas del Estado, asegurándole al público que sus crecientes poderes son en realidad y de hecho constitucionales. Este resultado no puede sorprender, ya que es la consecuencia lógica del armado del propio derecho positivo y sus instituciones. El poder judicial nunca pueda ser independiente, ya que sus miembros son propuestos por el poder ejecutivo y nombrados por el poder legislativo, o sea, por los otros dos poderes, a los cuales (supuestamente) debe limitar. Esto es una severa inconsistencia, ya que implica que los burócratas que deben limitar el Estado (y proteger los derechos naturales) son también funcionarios que se benefician de su expansión. Es más, los jueces no solamente suelen tener lazos con el mismo mundo de la política al cual pertenecen los burócratas del poder legislativo y ejecutivo, sino que también viven de los medios políticos, por lo cual tienen el mismo esquema de incentivos que los miembros del poder ejecutivo y el poder legislativo, que no es sino hacer crecer el Estado y los medios políticos.