AAVV - Valencianos en revolución

La actitud adoptada por la Junta de Valencia ante el asunto de las Cortes se puso en evidencia en la exposición del 5 de agosto de 1809 comunicada al resto de juntas provinciales en la que planteaba serias objeciones a la legitimidad y a la oportunidad de una convocatoria controlada por la Junta Central. La junta valenciana se felicitaba de que, con un amplia consulta a la opinión, la Central daba a entender que «quiere que nada falte [a las Cortes] para ser la expresión de todo el pueblo». El problema para la valenciana estaba en el papel que le correspondía a la Central en la convocatoria y en el desarrollo de la asamblea. Si la Junta Central actuaba como alter ego del rey, una vez reunidas las Cortes, ¿la Central se supeditaría a la asamblea? ¿Se reservaría el derecho de veto? ¿Podría disolver el congreso cuando le conviniese? En estos casos, «la representación nacional legal podía ser subyugada» por lo que la Junta de Valencia no consideraba más que «una representación interina» como era la de la Central. Pero si, como pensaba la Junta de Valencia, la Junta Central en tanto que reunión de las provinciales no representaba al rey sino a la nación, entonces la responsabilidad última recaía en los «pueblos». En este caso, había que preguntarse: «¿estamos en el caso de convocar Cortes?». En las condiciones de ocupación militar, muchas provincias no podían elegir representantes, es decir, la representación nacional sería incompleta «y de consiguiente, los acuerdos no podrán obligarles cuando sean libres». Por todo eso, concluía, no que la reunión de una asamblea y la reforma constitucional no fuesen necesarias, sino que «la época actual no es oportuna para reunir Cortes, debiendo dejarse para cuando la Península quede libre de enemigos». 62

Llama la atención que la Junta de Valencia no solo no se limitaba a ofrecer su opinión (a eso se ciñeron la mayoría de corporaciones que enviaron los informes requeridos) sino que entraba a discutir la decisión misma adoptada por la Junta Central. Asimismo, más allá de los contenidos, es significativo el procedimiento adoptado: ponerse en comunicación con el resto de juntas provinciales sin pasar por la Central. Todo ello pone de manifiesto la profunda desconfianza que la Central inspiraba en la de Valencia. Por lo que nos interesa aquí, vale la pena aclarar que el hecho de que la Junta de Valencia presumiese de «nacional» o «popular» y se opusiese a la convocatoria de cortes solo pude parecer contradictorio desde la perspectiva que parte del significado político que adquirieron las Cortes de Cádiz una vez ya reunidas en septiembre de 1810. Pero en 1809 esta perspectiva solo podía ser una previsión de futuro y no demasiado verosímil. Hay que tener en cuenta que las Cortes no dejaban de ser una institución de la monarquía y los publicistas más reaccionarios precisamente apelaban a las Cortes tradicionales como la única manera de restablecer la legitimidad y a la altura de 1809 no era nada evidente que la minoría liberal que había en el entorno de la Central acabaría determinando los puntos fundamentales de la convocatoria de Cortes como finalmente ocurrió. 63

Lo que es evidente es que la Junta de Valencia se sentía legitimada para adoptar, de manera completamente autónoma, decisiones sobre principios fundamentales para el orden político. Este «espíritu independiente», como fue llamado entonces, se puso de manifiesto con energía en dos representaciones del 15 de septiembre que fueron publicadas por la Junta, en las cuales los principios que ya hemos analizado servían para oponerse a la Real Orden de la Tesorería Mayor de la Central del 20 de agosto que establecía criterios más centralizadores para la recaudación y administración de caudales públicos y para denunciar, en términos muy contundentes, la consulta del Consejo Reunido del 26 de agosto de 1809 a la que hemos aludido. En este documento, la Junta de Valencia daba apoyo de manera inequívoca a la Central contra el desafío del Consejo reafirmándose en que «la confederacion de las Provincias por medio de la Junta Central, (…) es el monumento mas glorioso de nuestra revolución» y recordándole al Consejo que

el Pueblo se ha conquistado á sí mismo, nada debe a las autoridades antiguas, y tiene accion para pedir que se constituyan baxo la forma mas conforme á su misma libertad y á sus derechos. 64

Como vemos, estas declaraciones eran coherentes con los principios defendidos por la de Valencia pero, por eso mismo, no es probable que a la Junta Central le gustase verse retratada públicamente como el resultado de una «confederación» de las provincias.

En efecto, la Junta Central, preocupada por los planteamientos que la Junta de Valencia hacía públicos y por el comportamiento desafiador de esta, adoptó una serie de drásticas medidas que, además de no ser efectivas, provocaron una escalada del enfrentamiento. El 25 de septiembre se nombró al mariscal de campo Ramón de Castro capitán general del Reino de Valencia con instrucciones reservadas para averiguar y eliminar la «insubordinación y desobediencia», y se le dotó de un contingente militar (dos mil infantes) para «sostener la severidad y energía que en algún caso sea necesario desplegar». 65 Pero, no solo eso: paralelamente se autorizó al general Caro a practicar detenciones entre los vocales de la Junta y presionó al regente de la Audiencia y al arzobispo Company, «amenazándole con las temporalidades», para que hiciesen cambiar la actitud de la corporación valenciana. 66 La Junta de Valencia, informada de estas decisiones de manera extraoficial, además de inundar la secretaría de la Central con peticiones de los pueblos pidiendo la permanencia de Caro en la capitanía, se negó categóricamente a aceptar el nombramiento de Ramón de Castro advirtiendo de los efectos funestos que podía tener la presencia en el Reino de Valencia de tropas consideradas hostiles. Igualmente, solicitaba la remoción inmediata del conde de Contamina, vocal de la Suprema por la Junta de Valencia, por su «indiferencia» ante las decisiones adoptadas. 67

Ante la espiral del conflicto abierto –al que hay que añadir la recuperación de las ideas del Consejo por parte del marqués de la Romana– la Junta Central optó, nuevamente, por apelar a la nación. Esta actitud de doblar la apuesta dio un empuje decisivo al programa reformista, lo que, hay que subrayarlo, colocaba al proyecto liberal del grupo de Quintana y del Semanario Patriótico en una posición de ventaja que a la postre se revelaría decisiva. En el «Manifiesto de la Nación» (redactado por Quintana) del 28 de octubre, la Junta Central, además de anunciar la inminente reunión de una «asamblea» representativa de la voluntad nacional, hacía del «pueblo español» el fundamento de la «recomposición del Estado» en 1808 y el que habría hecho posible que el «germen de anarquía» no prosperase en 1809. La Central recordaba, una vez más, la promesa de las Cortes que tenía anunciadas en el decreto de 22 de mayo, pero reconocía que

los sucesos públicos (…) la divergencia de opiniones (…) ha vuelto a llamar sobre estos objetos tan importantes la atención de la Junta, que se ha ocupado profundamente de ellos en estos últimos dias.

Las circunstancias de los meses de septiembre y octubre de 1809, por tanto, habían precipitado las decisiones en el seno de la Junta Central en todas las direcciones. Por un lado, contra aquellos que acusaban a la Central de ser un gobierno débil y exigían la formación de una regencia o directorio militar, esta respondía con la creación en su seno de una sección ejecutiva y, por otro lado, contra el desafío juntista la Central replicaba señalando «la augusta Asamblea que ya os ha anunciado». El planteamiento no podía ser más explícito: «Vais á tener Cortes, y las vais a tener inmediatamente, porque las circunstancias mismas apuradas en que la Nacion se mira, imperiosamente las prescriben». En aquellos momentos graves,