Luis Daniel Vázquez Valencia - Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos

Se tienen al menos, cinco formas de simulación: 1) la solución en una coyuntura específica; 2) el diseño de un órgano autónomo; 3) la autonomía de un órgano por medio del nombramiento de un incondicional; 4) la aplicación sesgada de procedimientos estatales, y 5) la actividad cotidiana de un órgano gubernamental por medio del desvío de sus objetivos a través de instituciones y mecanismos informales. Estas distintas formas de simulación generan distintas problemáticas y complejidades. Por ejemplo, el ente gubernamental puede estar perfectamente capacitado, pero las formas de simulación 3, 4 y 5 tendrán como consecuencia que dichas capacidades no sean utilizadas adecuadamente. De la misma forma, puede existir el reclutamiento de servidores públicos valiosos, pero esas mismas formas de simulación 3, 4 y 5 tendrán como consecuencia que la posibilidad de acción de dicho servidor público sea limitada o, en el peor de los casos, se acople a la lógica institucional informal, o salga de dicho órgano.

Cuando se está frente a una simulación desde el diseño del órgano, por medio del nombramiento de incondicionales al frente de órganos que debieran ser autónomos, o a través de la aplicación sesgada de procedimientos estatales, también se está frente a una captura estatal que se concreta desde las más altas esferas del gobierno, ya sea por la clase política misma, o por una red de macrocriminalidad en donde la clase política está incluida. De esta forma, frente a procuradores, fiscales, jefes de policía, e incluso frente a gobernadores que ganaron sus elecciones con fondos ilegales (en especial si provienen del narcotráfico) que fueron nombrados para coadyuvar con el crimen organizado (o que forman parte de la administración de la red), lo que se tiene es una captura estatal desde las más altas esferas del gobierno. Esa captura estatal tendrá como consecuencia la simulación en la operación de las instituciones y procedimientos estatales, y colaborará para mantener las violaciones a los derechos humanos en la impunidad.

En cambio, el cuarto tipo de simulación —la actividad cotidiana de un órgano gubernamental por medio del desvío de sus objetivos a través de instituciones y mecanismos informales— supone una captura del Estado por los propios agentes estatales, pero desde abajo, desde los servidores públicos. La consecuencia es la misma, la simulación en la operación de las instituciones y los procedimientos estatales y el mantenimiento de las violaciones a los derechos humanos en la impunidad. Pero las estrategias para descapturar al Estado serían completamente distintas (Vázquez, 2019).

Hay un punto más que permite entender la relevancia de tener siempre en mente los procesos de simulación en la construcción analítica de las respuestas institucionales que se construyen actualmente en México frente a las violaciones a los derechos humanos. Ayuda a evitar la generación de grandes “elefantes blancos” que se presentan como la solución a un problema público, pero en realidad son parte del problema. De hecho, este es el principal hallazgo de Serrano y De Pina, el cual además no solo se presenta en el ámbito de la política sobre desaparición, sino que se encuentra en otras áreas donde se han implementado sistemas integrales de política pública. Cuando la propuesta comience a tomar forma de un gigante enredo burocrático, pensemos: ¡cuidado con la simulación! Probablemente lo más sencillo es simplificar y apuntalar la relevancia de que los dos o tres órganos principales de la política sean efectivos, hagan bien su trabajo, tengan resultados y generen impacto; y verificar que esto suceda antes de pensar en la necesidad de crear nuevos órganos. Por ejemplo, si las comisiones de derechos humanos, las fiscalías y las policías hicieran su trabajo, seguramente no se necesitaría de ninguna otra instancia para apuntalar una política que combata, de forma efectiva, la desaparición de personas. ¿Qué sería mejor?: ¿pensar en cómo hacer que esas tres instituciones funcionen?, ¿o crear nuevas y armar un complejo sistema integral de política pública? Claro, el punto no es, ni de cerca, sencillo: ¿cómo descapturar y hacer efectiva a una fiscalía? Y, antes de eso, ¿qué es la captura estatal?

A lo largo de los capítulos que integran este libro se observa un susurro que se convierte en grito: ¿por qué se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos? Y ¿por qué pareciera que el Estado hace muy poco para evitarlo? Peor aún, después de leer varios de los capítulos, queda la impresión de que sucede mucho en lo institucional: se crean nuevas leyes, nuevas instituciones; pero pasa muy poco en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Esta preocupación se observa, por ejemplo, en los textos de Bobes y de Serrano y De Pina a partir de la idea de brechas: la brecha entre el desarrollo institucional y el ejercicio de derechos. Y mantiene las esperanzas, al menos en materia de justicia laboral. después de leer el texto de Nolan.

En el capítulo de Cecilia Bobes la brecha obedece a una tensión en la política migratoria. Por un lado, se ha logrado la implementación de una política migratoria con perspectiva de derechos humanos que pueda reducir la vulnerabilidad de los migrantes; pero, por el otro, se mantienen las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en buena medida por la política de seguridad que enmarca la política migratoria. Esta distancia entre el marco normativo e institucional y la realidad que viven los migrantes obliga a cuestionar las capacidades del Estado, la eficiencia de sus instituciones, y la persistencia de prácticas que obstruyen el goce efectivo de los derechos. Lo mismo sucede en el texto de Serrano y De Pina quienes observan la brecha que hay entre el compromiso de los Estados con los derechos humanos, y los resultados en el ejercicio efectivo de los derechos.

Algunas de las respuestas que se han dado a esta ausencia de resultados suelen relacionarse con la falta de capacidades estatales. De hecho, este es uno de los principales hallazgos de Ansolabehere, quien concluye que el desarrollo de estas capacidades y la posibilidad de acción de los fiscales son clave para entender por qué hay casos de desaparición que logran llegar hasta obtener una sentencia. Otra respuesta gira en torno a la falta de voluntad política, que se encuentra presente —de forma directa o indirecta— en buena parte de los capítulos. A estas dos se suma una tercera: la captura del Estado. Para llegar a ella hará un pequeño rodeo, simplemente para recuperar la relevancia de los poderes fácticos en los patrones actuales de las violaciones a los derechos humanos.

Con el fin de las dictaduras en América Latina se tenía la expectativa de que disminuyeran las violaciones a los derechos humanos. En la medida que las dictaduras se gestaban en un marco de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial de la oposición, era esperable que, al desaparecer este régimen político, disminuyeran estas violaciones. Más aún, hay un conjunto de derechos humanos que le son inherentes al régimen democrático: los derechos políticos como votar y ser votado, la libertad de expresión, el derecho de manifestación, de reunión, de petición y una serie de controles sobre los gobiernos. Sin embargo, la correlación entre disminución de violaciones y democratización no fue tan directa como se esperaba (Vázquez, 2010).

Si bien este no es el espacio para desarrollar lo que sucedió en la relación entre los procesos de transición, consolidación y calidad democrática, y las violaciones a los derechos humanos,[4] lo que interesa subrayar es que no necesariamente disminuyeron las violaciones a derechos humanos, sino que cambiaron los patrones estructurales de estas violaciones. Por ejemplo, distintos poderes fácticos comenzaron a tener un papel mucho más relevante en las violaciones a los derechos humanos, área que antes solo había sido reservada para el Estado. Así sucede con bandas como las maras en El Salvador, Honduras o Guatemala; la guerrilla y los paramilitares en Colombia; el crimen organizado de forma especialmente acentuada en México, Colombia y Brasil; las empresas que violentan tanto derechos laborales como medioambientales en toda América Latina; o en el marco del neoextractivismo, las empresas mineras, de energía eólica o hidráulica que pasan por encima de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en los procesos de expropiación de tierras.