Luis Daniel Vázquez Valencia - Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos

Durante los debates iniciales para construir un marco teórico común, uno de los aspectos más complicados fue responder a la pregunta ¿cómo mirar al Estado, a las diferentes expresiones estatales? Ya se ha adelantado que el Estado está atravesado por la tensión unidad-fragmentación, pero esta no es la única. El Estado es también un instrumento de dominación y una expectativa fundada de bienestar o, en términos de derechos humanos, es un violador y un garante de derechos. El Estado también se encuentra conformado por relaciones de coerción y consenso, de violencia y legitimidad, y por procesos de construcción y de dominación. Finalmente acordamos que el Estado se puede mirar, al menos, a partir de estas cinco expresiones:

1 La administración profesional del gobierno por medio de instituciones y procedimientos estatales, lo que habla de la calidad democrática, o de la falta de ella.

2 El derecho y su cumplimiento, en donde puede incluirse el fenómeno de la impunidad.

3 El grado de conformación del interés público en confrontación con los intereses privados en el contenido de las decisiones políticas vincu­lantes, lo que se puede observar por medio de la rendición de cuentas (información, argumentación y sanción).

4 La provisión de bienes públicos.

5 La capacidad efectiva del control territorial.

Vistas estas cinco expresiones de la dimensión estatal, es importante mencionar que no se está analizando cualquier tipo de Estado, sino un Estado democrático. Reconociendo que esta no es la única formación estatal (puesto que en la historia han existido Estados monárquico-absolutistas, monárquico-constitucionales, totalitarios, autoritarios, de partido hegemónico), pero en la medida que se pretende observar lo que sucede en México, el libro se concentra en las dimensiones observables de un Estado democrático a la mexicana.

La democracia a la mexicana se caracteriza por cinco mecanismos: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. El principal objetivo de estos mecanismos es neutralizar las formas de responsabilidad inherentes a la democracia (Vázquez, 2016, 2018a, 2018b, 2019).

El objetivo de esta sección no es desarrollar cada uno de los cinco mecanismos ni las consecuencias de su interacción.[3] Lo que nos interesa es mostrar la simulación y las consecuencias de la captura y de la simulación en un aspecto central: la impunidad. Veamos algunas de las formas de simulación estatal (Vázquez, 2019).

En una coyuntura política se simula la solución: ¿qué hace la clase política para administrar un problema en lugar de resolverlo? Antes creaba una comisión legislativa, hoy se crea una fiscalía especializada, se reforman leyes, firman promesas ante notarios, entre otros. Por ejemplo, Serrano y De Pina identifican que la gran mayoría de las demandas impulsadas y de las recomendaciones de los organismos internacionales se centran en los procesos que deberían de seguir las autoridades mexicanas para buscar a las personas desaparecidas, identificar los cuerpos hallados, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Sin embargo, prácticamente no se pone énfasis ni en los resultados, ni en el origen de la generalización de las desapariciones. Por ende, difícilmente se podrá encontrar (no solo buscar) a las personas desaparecidas y detener la desaparición de personas.

Otro ejemplo de este tipo de simulación se encuentra en el capítulo de Cecilia Bobes. La autora observa la introducción de un nuevo marco normativo para la migración que privilegia una perspectiva de derechos humanos, pero que se encuentra neutralizado por la implementación de una política migratoria sustentada en el aumento de los controles y otras medidas de seguridad que, si bien se presentan como encaminadas a incrementar la protección de los migrantes, en realidad sustentan la criminalización de la migración y tienen como objetivo principal la disminución de los flujos. Esta neutralización se explica por diversas medidas: la falta de armonización legislativa en los diferentes niveles de gobierno; la ausencia de coordinación entre las diversas instituciones y organismos; la ineficacia, ineptitud, corrupción e impunidad de muchos de los funcionarios; la subordinación de la migración a la “preservación de la soberanía y la seguridad nacional” (Ley de Migración, art. 5) y el objetivo de enmarcar la movilidad humana en el orden y la seguridad. Todo esto tiene como consecuencia la posibilidad de criminalizar la migración irregular, así como la intervención de aparatos policiales en asuntos migratorios. Podría pensarse que estas dos políticas se encuentran en tensión, pero la política de seguridad pasa por encima y desplaza cualquier posibilidad de aplicación del marco normativo sustentado en materia de derechos humanos. En ese sentido, no hay tensión, y lo que hay es más bien una decisión política de priorizar el marco de seguridad y una normatividad con perspectiva de derechos para simular esa decisión.

Pero la simulación no solo existe en coyunturas determinadas: es una práctica común. Una forma de simulación distinta se puede observar en el diseño legal de alguna institución o procedimiento estatal (“hecha la ley, hecha la trampa”); en los nombramientos de órganos autónomos a fin de neutralizar dicha autonomía por medio de la designación de incondicionales; y/o en la aplicación sesgada de procedimientos estatales. Por ejemplo, dentro de los hallazgos del capítulo de Ansolabehere, la autora observa que si bien hay casos que logran avanzar el difícil camino de la justicia en México, hasta llegar a una sentencia (lo que se debe, entre otras cosas, al accionar de las procuradurías, a la cooperación técnica y a los recursos que pueden movilizar los fiscales en estos casos), lo cierto es que en los casos en donde hubo sentencias, no se establecen cadenas de responsabilidad, a la par que los condenados son miembros de los niveles más bajos de las fuerzas de seguridad del Estado. En pocas palabras, son casos que no ponen en evidencia, por sí mismos, los mecanismos más complejos y generales de complicidad que convirtieron a la desaparición en un fenómeno generalizado. Puede intuirse que esto no es casual, sino producto de la captura y la simulación.

En sentido semejante, Serrano y De Pina identifican espacios en donde la acción estatal es inoperante. Uno de ellos es cuando el Estado mexicano tiene la suficiente capacidad para crear instituciones y leyes, pero tolera su no aplicación porque es el principal beneficiario de la multiplicidad normativa e institucional en detrimento de los intereses de las víctimas. En este caso se está frente a la captura, ya sea por la propia clase política o por una red de macrocriminalidad; y en ambos se trata de un proceso de simulación que impulsa la impunidad.

Otra forma distinta de simulación se da en los procesos que integran el actuar cotidiano de alguna institución, las conocidas instituciones informales que no solo son distintas, sino abiertamente contrarias a los objetivos de las instituciones. El ejemplo más evidente está en el sistema de justicia, tanto en la forma en que operan las procuradurías como los centros penitenciarios. Las primeras fueron creadas para investigar los crímenes y sancionar a los culpables. Los segundos para generar procesos de reinserción social. Ninguna de los dos cumple dichos objetivos. En ambos casos lo que se observa son una serie de procesos informales, de extorsiones, que movilizan, detienen o entierran las investigaciones en el caso de las procuradurías; y que permiten que el ejercicio de los derechos de las personas privadas legalmente de la libertad (como recibir visitas, tener mejor alimentación o una celda menos hacinada) se encuentre condicionado a pagos ilegales. Así, las instituciones informales generan que el principal objetivo de estas instituciones de justicia sea producir ganancias económicas para los propios operadores del sistema. Esta forma de simulación la encontramos en el texto de Serrano y De Pina. Las autoras distinguen los espacios en donde la acción del Estado es autónoma de aquellos en donde el Estado mexicano no puede hacer cumplir la ley por estar capturado. Entre las razones de esta imposibilidad mencionan precisamente la corrupción, analizada como la captura estatal desde abajo.