Samuel Abad-Yupanqui - Manual de derecho procesal constitucional

a) No es exacto, (…), que en el seno de los procesos ordinarios no se haga valer el principio de supremacía constitucional. (…) Otra cosa es que los procesos ordinarios no tengan como finalidad exclusiva y excluyente la resolución de una controversia fundada directamente en la vigencia de normas constitucionales, ya sea en su condición de norma suprema (procesos de control normativo), ya en su condición de norma articuladora de las atribuciones y competencias de los órganos creados por ella misma (proceso competencial) o bien en la tutela de los derechos y libertades reconocidos allí (procesos de tutela de los derechos). (…).

b) Tampoco es exacto que en los procesos ordinarios no se persiga la tutela de los derechos fundamentales. Una de las consecuencias del principio de subsidiaridad en el amparo, por ejemplo, es precisamente hacer que los jueces ordinarios actúen como “guardianes naturales” de esos derechos fundamentales. (…).

c) Tampoco es posible diferenciar a los procesos constitucionales de los ordinarios en función de la “actuación del juez”. Tanto en uno como en el otro, estos tienen la obligación se resolver sus causas dentro de un plazo razonable. (…) .

d) Tampoco es correcto que se afirme que los principios procesales (…) sean “fundamentales” e “ineludibles” sólo en los procesos constitucionales. ¿Acaso no lo son también en los procesos ordinarios? (…).

e) Finalmente, tampoco creo que los procesos constitucionales se diferencien de los ordinarios por tener la condición de “procesos de tutela de urgencia”. Procesos de esa connotación existen en otros órdenes procesales, como en el campo civil, (…).” (Fundamento de voto del magistrado Gonzales Ojeda).

161FAVOREU Louis, “Los contenciosos constitucionales: aproximación teórico comparada”, en COLEGIO DE SECRETARIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, A.C., “Derecho Procesal Constitucional”. México, Porrúa, 2002. Tomo I, 2º ed., (Coordinador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor). p. 66.

162FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ José Julio, “La inconstitucionalidad por omisión”, Madrid: Civitas, 1998, p. 253.

163PIRES ROSA André Vicente, “Las omisiones legislativas y su control constitucional”, Río de Janeiro: Renovar, 2006, p. 305.

164FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ José Julio, “La Justicia Constitucional Europea ante el siglo XXI”. 2° ed., Madrid, Tecnos, 2007, p.72.

165MONTERO AROCA Juan, “Derecho Jurisdiccional”, Tomo I, Barcelona: Bosch, 1991, p.490.

166PEYRANO Jorge W., “El proceso civil. Principios y fundamentos”, Buenos Aires: Astrea, 1978, p. 49.

167PEYRANO Jorge W, Ob. Cit., pp. 29-32.

168SORIA LUJÁN Daniel, “Procesos constitucionales y principios procesales”, Proceso & Justicia Revista de Derecho Procesal, Lima: Taller de Derecho PUCP, Nº 5, 2005, p. 10.

169MONTERO AROCA Juan, “Derecho Jurisdiccional”, Tomo I, Barcelona: Bosch, 1991, p.495.

170MONROY GÁLVEZ Juan, Ob. Cit. p. 174.

171MONROY GÁLVEZ Juan, Ob. Cit. pp. 174-175.

172RIVAS Adolfo A., “Teoría General del Derecho Procesal”, Lima: LexisNexis, 2005, p. 325.

173RIVAS Adolfo A., Ob. Cit., p. 326.

174MONROY GÁLVEZ Juan, Ob. Cit. p. 92.

175CAPPELLETTI Mauro, “El proceso civil en el derecho comparado. Las grandes tendencias evolutivas”, Serie: Breviarios de Derecho, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973, p. 60.

176AA.VV, “Código Procesal Constitucional. Comentarios. Exposición de Motivos, Dictámenes e Indice Analítico”, Lima: Palestra, 2004, p.32.

177ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO Niceto, “Cuestiones de Terminología Procesal”, México Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1972, p. 205.

178ARIANO DEHO Eugenia, “Apuntes sobre el Título Preliminar del Código Procesal Civil”, en Cáthedra, Revista de los Estudiantes de Derecho de la UNMSM, Nº 3, 1998, pp. 9-10.

179MONROY GÁLVEZ Juan, Ob. Cit., p. 210.

180Pese a ello, la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ, publicada el 20 de abril del 2018 en “El Peruano”, que aprueba el “Reglamento de Aranceles Judiciales” solo considera que se encuentran exonerados “Los demandantes en los (…) Procesos de Garantías Constitucionales (Amparo, Hábeas Corpus, Habeas Data, Acción Popular y Acción de Cumplimiento),” (artículo 7.d). Ello resulta ilegal pues el Código exonera a ambas partes, es decir, al demandante y al demandado.

181MONROY GÁLVEZ Juan, Ob. Cit., p. 205.

182CARNELUTTI Francesco, “Derecho y proceso”, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971, pp. 179-180.

183ROEL ALVA Luis Andrés, “Principio de elasticidad: concepto, características y límites”, en Gaceta Constitucional, N° 72, Lima: Gaceta Jurídica, 2013, p. 294.

184RODRÍGUEZ-PATRÓN Patricia, “La autonomía procesal del Tribunal Constitucional”, Madrid: Thompson- Civitas, 2003, p. 141.

185RODRÍGUEZ-PATRÓN Patricia, “La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho Procesal”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 62, Madrid: CEPC, 2001, p. 172.

186PIBERNAT Xavier, “La sentencia constitucional como fuente del Derecho”, Revista de Derecho Político, Madrid, Nº 24, 1987, p. 60. Aunque el citado autor no alude a algunos de los ejemplos que hemos mencionado.

187MONTERO AROCA Juan, “Derecho Jurisdiccional”, II. Proceso Civil 1, Barcelona: JM Bosch Editor S.A., 1991, p. 446.

188FAIRÉN GUILLEN Víctor, Ob. Cit. p.355.

189PEYRANO Jorge, “El juicio de procedibilidad”, Anuario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, Universidad Católica Argentina, 1981, Nº III, p.301.

190GÓMEZ MONTORO ÁNGEL J., en REQUEJO PAGES Juan Luis (Coordinador), “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, Madrid: Tribunal Constitucional – Boletín Oficial del Estado, 2001, pp. 581-582.

191KELSEN Hans, Ob. Cit., p. 83.

192GÓMEZ MONTORO ÁNGEL J., Ob. Cit., p. 579.

193Esto ocurrió, por ejemplo, en la sentencia C-37 de 5 de febrero de 1996 cuando la Corte examinó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo capítulo IV regulaba la Jurisdicción Constitucional. En tal ocasión, consideró que “sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias”.

194KELSEN Hans, Ob. Cit. p.56.

195DÍAZ REVORIO F. Javier, “Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional”, Valladolid: Editorial Lex Nova, 2001, pp. 35 y ss.

196AJA Eliseo y Markus González Beilfuss, “Conclusiones generales”, en AJA Eliseo (coordinador) “Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual”, Barcelona: Ariel Derecho, 1998, p.275.

197GARCIA TOMA Víctor, “Las sentencia: conceptualización y desarrollo jurisprudencial en el Tribunal Constitucional peruano”, en FERRER MAC-GREGOR Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Coordinadores), “Aspectos del Derecho Procesal Constitucional”, Lima: IDEMSA, 2009, p. 395.

198La citada sentencia de inconstitucionalidad sobre la legislación de terrorismo, contribuyó, además, a “modular” los alcances del principio de legalidad penal, pues aquel debe tomar en cuenta no solo lo dispuesto por la ley sino, también por el Tribunal Constitucional. Anota César San Martín que esta situación “relativiza o, en todo caso, modula el propio concepto de legalidad penal o de reserva de ley”. SAN MARTIN César, “Jurisdicción constitucional y justicia penal. Problemas y perspectivas”, Derecho PUC, Nº 57, 2004, Revista de la PUCP, p. 422.

199Señaló que “en todo precepto legal se puede distinguir: a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un determinado precepto legal (disposición); y, b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). (STC Exp. Nº 010-2002-I/TC, FJ 34).